Pedro Sánchez, dispuesto a deslegitimar las instituciones con tal de seguir aferrado al poder, no dudó en lanzar una gravísima acusación contra la Guardia Civil, al insinuar su deslealtad con el Estado por estar trabajando al servicio de intereses espurios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso. AFP
Conocido de antemano el mercadeo de votos de Sánchez con los nacionalistas para aprobar la última prórroga del estado de alarma a cambio de nuevos privilegios forales para el PNV y de la reanudación con ERC de la mesa extraparlamentaria en la que se negocia la independencia de Cataluña, la sesión de control de ayer en el Congreso solo tenía el interés de ver con cuál de las diferentes versiones sobre la destitución de Pérez de los Cobos se quedaba Sánchez para defender a su ministro de Interior. Por eso, supuso una sorpresa comprobar que no utilizó ninguna de las cuatro explicaciones inventadas por Grande-Marlaska para ocultar una purga sobre la que tendrá que responder judicialmente, después de que el coronel de la Guardia Civil haya anunciado que recurrirá su cese por "ilegal" e "injusto". Pedro Sánchez, dispuesto a deslegitimar las instituciones democráticas con tal de seguir aferrado al poder, no dudó en lanzar una gravísima acusación contra la Guardia Civil, al insinuar su deslealtad con el Estado por estar trabajando al servicio de intereses espurios.
En una ofensiva sin precedentes de un presidente del Gobierno al instituto armado, uno de los pilares de las fuerzas de seguridad nacionales, Pedro Sánchez, justificó la destitución de Pérez de los Cobos por formar parte de una operación mayor encaminada a "destapar" a una supuesta "policía patriótica" puesta en marcha por el PP cuando estaba en el poder para "ocultar sus vergüenzas". Se trata de una acusación que supone una inaceptable deshonra para un coronel de una impecable trayectoria y de una extensa hoja de servicios como Pérez de los Cobos y por extensión para un cuerpo que se ha caracterizado siempre por su defensa de la seguridad de todos los españoles desde la más estricta legalidad. Con su ataque, además, Sánchez coloca en una difícil situación a David Blanes, el oficial que sustituirá a Pérez de los Cobos -destinado a tareas burocráticas-, después de que muchos otros se hayan negado a aceptar el ofrecimiento del ministro de Interior.
Finalmente, con este inmerecido agravio, el presidente del Gobierno demuestra su temor a que la autorización de la manifestación del 8-M -desoyendo las alertas sanitarias de la OMS-, se convierta en su talón de Aquiles. La propia directora general de la Guardia Civil reconoció que el fulminante cese de Pérez de los Cobos se produjo por su negativa a violar la ley e informar al ministro sobre la investigación que lleva a cabo la magistrada Rodríguez-Medel, en la que ya está imputado el delegado del Gobierno. De ahí que Sánchez presentase ayer como modélica su gestión de la crisis, pretendiendo, aun a costa del prestigio y del honor de la Guardia Civil, ocultar su negligencia.
EDITORIAL de EL MUNDO
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