El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado martes en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. EFE
Por primera vez en mucho tiempo algo se está moviendo en esa silente sociedad civil particularmente cauta a la hora de levantar la voz y hacerse oír. El martes, el gobernador del Banco de España (BdE) compareció ante esa pintoresca “Comisión para la Reconstrucción” montada en el Congreso, obsequiando a sus señorías con una ambiciosa “terapia de choque” sobre lo que sería necesario hacer para sacar al enfermo de la crisis, apoyar la recuperación y facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia, definiendo además, y aquí está lo novedoso del asunto, “una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de nuestra economía”, que la crisis ha hecho más apremiantes por evidentes. Junto a esas reformas, la necesidad de abordar un plan de saneamiento de las cuentas públicas a medio plazo, asumiendo que la pandemia nos va a situar en el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Para el gobernador, estamos ante la necesidad inaplazable de poner en marcha una estrategia “ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal”.
Reformas estructurales y consolidación fiscal es el binomio que, quiéralo o no la izquierda populista, nos va a acompañar durante los próximos años. No hay espacio para abordar en esta pieza los detalles de una propuesta que el lector puede encontrar entrando en la web del BdE. Sí cabe decir que Pablo Hernández de Cos es el primer gobernador en mucho tiempo que parece haber llegado, como caído del cielo, dispuesto a restaurar el honor perdido del BdE, la credibilidad de un banco central que tipos como Fernández Ordoñez, alias MAFO, y otros del mismo porte, arrastraron por el barro al provocar con su criminal laxitud una crisis financiera como la de las Cajas de Ahorro que requirió un rescate de decenas de miles de millones. Hernández de Cos es la representación clara de ese alto funcionariado preparado, eficiente, honesto y dispuesto a cumplir con su deber al margen del Gobierno de turno, parte viva de una sociedad civil que parecía muerta y que esta semana ha asomado la cabeza dispuesta a aportar soluciones a los problemas de España.
Como parte de la “ambiciosa agenda de reformas estructurales” del gobernador figura la necesidad de “acelerar el proceso de digitalización de la economía”. De esto se ha hablado mucho en la cumbre empresarial que bajo el patrocinio de CEOE se clausuró el miércoles y por la que han desfilado los líderes de las grandes empresas españolas. “Digitalizar las pymes no es un lujo, sino una necesidad que podría aumentar exponencialmente el PIB español a medio plazo” aseguró el martes el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, para quien el "el 97% de nuestras pymes no tienen la digitalización como prioridad y menos del 20% tiene un plan digital”. Acercar esos 3,3 millones de empresas, que aglutinan casi el 70% del PIB y el 70% del empleo, a la revolución digital supondría dotarles del tamaño necesario, su hándicap de siempre, y permitirles competir en el exterior generando riqueza y empleo. Cuatro propuestas en la hoja de ruta de Álvarez-Pallete: “Reescribir el marco normativo para adaptarlo a la Nueva Economía; reformular educación y formación para responder a las necesidades del mercado laboral; canalizar los recursos económicos hacia los motores de la reconstrucción, y digitalizar las pequeñas y medianas empresas”.
La cumbre empresarial ha significado la puesta al día de una CEOE anquilosada, dirigida por un Antonio Garamendi en quien muchos creyeron adivinar al tipo encantado de haberse conocido, ansioso de notoriedad y dispuesto a firmar lo que el Gobierno Sánchez le pusiera por delante. Ahora sabemos que la organización no está muerta y que sus gestores representan a los afiliados y responden a sus intereses directos. Gente de tanto pedigrí como Pablo Isla o Juan Roig, cuyas cuentas de resultados no dependen de los precios regulados, han dicho a Pedro & Pablo lo que Pedro & Pablo no quieren oír. Tanto el presidente de Inditex como el capo de Mercadona les advirtieron sobre la importancia de “no desmontar lo que está funcionando”, en clara alusión a la reforma laboral, y “no introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo, cuando lo que la economía necesita es ser más flexible”. Especial importancia tuvo su apelación a la necesidad de “certidumbre y seguridad jurídica como cuestión clave para planificar a largo plazo y generar empleo, porque cuando falta seguridad jurídica la inversión se retrae y huye en desbandada”.
Los impuestos amenazan a las clases medias
Coincidiendo con el gobernador del BdE, la cumbre de CEOE ha instado al Ejecutivo a “volver a la estabilidad fiscal a medio y largo plazo” evitando para ello las subidas de impuestos, porque “las crisis no se financian con impuestos, sino con deuda”. La ministra Montero nos ha obsequiado esta semana con la tradicional receta de todo Gobierno de izquierdas que se precie, centrada en mantener un elevado gasto público financiado con subidas de impuestos. Su argumento descansa sobre los sempiternos seis puntos de PIB que separan la presión fiscal española de la media de la Eurozona. Ni una palabra sobre la distancia que separa la riqueza per cápita española de la renta de la Eurozona. ¿Corolario? Esos seis puntos de PIB equivalen a cerca de 72.000 millones año. Las clases medias españolas ya pueden ir aflojando la faltriquera. Haciendo oídos sordos a toda clase de recomendaciones, el Gobierno no tocará el IVA, responsable en buena medida de esa menor recaudación debido al “alto porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido”, según explicó Hernández de Cos en el Congreso. Presión también sobre el impuesto de sociedades, en contra del mejor documento sobre fiscalidad (“¿Deben bajar o subir los impuestos en España?”, obra del economista José Luis Feito) que probablemente se haya escrito en nuestro país en mucho tiempo.
El incremento del gasto en pensiones es otra de las urgencias que atenazan al Gobierno Sánchez. El viernes, el Instituto BBVA de Pensiones vino a contarnos un secreto a voces: que “las pensiones, tal y como están pensadas hoy, no se van a poder pagar”. Respalda el aserto gente tan solvente como los economistas José Antonio Herce y Rafael Domenech. Es una consecuencia de haber hecho tabla rasa de los mecanismos compensatorios incluidos en la reforma efectuada en 2013 por el Gobierno del PP, lo que lleva al gobernador del BdE a incluir en su agenda de cambios estructurales la necesidad de “afrontar la reforma del sistema de pensiones” de manera urgente. ¿Cuántas veces hemos oído algo parecido en la última década?
Mucha gente parece estar despertando del aturdimiento producido por la vergonzante claudicación de Mariano Rajoy y su equipo hace ahora dos años. Mucha gente saliendo del letargo, dispuesta a aportar un punto de luz al final del túnel que representa un Gobierno social comunista cuyas prioridades políticas se hallan en las antípodas de una democracia liberal. Cada vez son más las voces, individuales o colectivas, que reclaman soluciones a los problemas de España, soluciones que no pasan por aceptar con resignación las recetas de ese estatismo atroz tan querido por la izquierda radical. Hasta el rey Felipe VI ha salido de su mutismo y ha recuperado su agenda dispuesto a extender un mensaje de esperanza. Lo hizo en la clausura de la cumbre de la CEOE, resaltando el papel de la iniciativa privada y subrayando la importancia de dar nueva forma a “la arquitectura de nuestra economía, en una coyuntura tan preocupante como la actual”.
Hay pues sociedad civil. En realidad, hay una sociedad civil muy potente, formada por miles y miles de profesionales brillantes en todos los campos y disciplinas, académicamente preparada y técnicamente cualificada para afrontar cualquier tipo de retos. Una sociedad civil cuya nota media rebasa con mucho la de una clase política muy depauperada, y naturalmente la de un Gobierno en manos de un aventurero sin escrúpulos, tan acostumbrado a mentir como a respirar. Una sociedad civil que rechaza la crispación y pide consenso de forma responsable y consciente, aspiración que Hernández de Cos resumió en “la necesidad de un acuerdo político que abarque varias legislaturas” para poder afrontar su agenda de reformas estructurales.
Una oportunidad histórica
El momento no puede ser más delicado, tanto desde el punto de vista político como económico, como esta semana se ha encargado de poner de relieve el FMI (el PIB se desplomará un 12,8% este año) y el propio BdE (el paro registrado creció un 23,2% en el promedio de abril y mayo, de modo que la tasa de desempleo para el segundo semestre podría acercarse al 20%). Pero también emerge una excelente oportunidad para hacer algo grande, para cambiar la faz de este viejo y extraordinario país: a la espera de lo que se decida en la decisiva reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE de mediados de julio, España podría recibir una estratosférica cifra en forma de ayudas, pendientes de confirmar en cuanto a tamaño, plazos y formas de acceso. He aquí, desglosadas en porcentaje de PIB, esas potenciales ayudas:
Programa de préstamos y garantías del BEI: 3,2% del PIB
Programa MEDE (ESM) para paliar la pandemia: 3,8% del PIB
Programa SURE (ayudas al desempleo) de la CE para ERTEs: 1,6% del PIB
Movilización extraordinaria de Presupuesto comunitario: 1,1% del PIB
Fondo de Recuperación NextGen: 6,6% del PIB
Compra de activos del BCE bajo programa ordinario: 0,9% del PIB
Compra de activos del BCE bajo programa PEPP extra: 10,5% del PIB
La suma total representa el 27,7% del PIB, un porcentaje equivalente a 345.000 millones, para un PIB que en 2019 se situó en 1.244.757 millones. En cualquier caso, entre el 25% y el 30% de nuestro PIB para emplear en modernizar el país y prepararlo para el futuro. Para invertir en innovación tecnológica, sobre la base de contar ya con la mejor red de fibra de Europa y con una de las más modernas redes de comunicaciones. Para hacer de la ajada piel de toro algo distinto. Es como si España S.A. hubiera efectuado una macro ampliación de capital cubierta casi en su totalidad por la UE. Una oportunidad histórica que nos obliga a no volver a las andadas y a utilizar correctamente ese dinero para ganar el futuro, de modo que las nuevas generaciones no nos puedan acusar de haber dilapidado tan ingente fortuna.
¿Con este Gobierno…? Difícil, cierto, pero no imposible. Nada está perdido, porque todo se va a jugar en el segundo semestre, cuando se conozcan las dimensiones reales de la catástrofe económica y Pedro Sánchez se vea impelido, como titular de la coalición social comunista, a la elección de su vida: seguir por la senda de miseria y pobreza que el comunismo de siempre y el peronismo de ahora han dejado por herencia desde 1917 a esta parte, o virar en redondo, cambiar de socios y llegar a pactos capaces de consolidar la monarquía parlamentaria y el sistema de libre mercado propio de toda democracia liberal. Conociendo al personaje, no podemos descartar en absoluto tan espectacular cambio de bando. Todo se saldará en unos meses.
JESÚS CACHO Vía EL CONFIDENCIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario