Países, presidentes de Gobierno, virólogos, empresas e incluso médicos y personal sanitario están expuestos a una andanada de demandas y pleitos en la urgencia global por encontrar culpables
Una protesta contra la gestión del coronavirus cerca de la casa del primer ministro de Nepal. (Reuters)
Esta semana, la autoproclamada Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 presentaba ante la Corte Penal Internacional de la Haya una denuncia contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “por el genocidio de 50.000 personas”. Aunque la noticia fue difundida por algunos medios haciendo entender que el CPI admitió a trámite la querella, en realidad se trata de un mero acuse de recibo. Un sello en ventanilla. La denuncia, aseguran los expertos, no tiene ni pies ni cabeza. Pero es síntoma de un inédito fenómeno global: la judicialización de la ira (personal, económica o política) causada por la pandemia.
Países, presidentes de Gobierno, ministros de Salud, expertos virólogos, empresas e incluso médicos y personal sanitario están ahora expuestos a una andanada de demandas y pleitos en la urgencia global por encontrar culpables a la catástrofe —ya sea en Francia, Italia, Estados Unidos o Austria—. Espoleadas por el dolor de perder a un ser querido, la amenaza de la ruina o por convicción ideológica, estas heterogéneas causas judiciales amenazan con agregar una nueva capa de incertidumbre al enrarecido panorama social.
Bulo al poder. Me han salido varios tuits y titulares que dicen que "El Tribunal de La Haya admite a tramite una denuncia contra #España por #Genocidio de 50.000 personas". No voy a reproducir los link porque paso, pero os voy a explicar por qué esto es un sinsentido
En España, con más de 40 denuncias contra políticos haciendo cola en el Supremo, las demandas se dirigen ahora contra médicos y sanitarios —especialmente por los casos de las residencias—, como publicó recientemente El Confidencial. Pero nuestro país no es la excepción.
En Italia, el confinamiento propició unas semanas de tranquilidad y unión nacional atípica en un país tan polarizado. Pero con la desescalada, las serenatas en los balcones, los aplausos de ánimo y el idilio ante la adversidad quedaron atrás. Y con más de 34.000 muertos —todavía el cuarto país con más fallecidos, según las cifras oficiales—, hay muchas culpas para repartir.
Queremos que la Justicia nos confirme si existe alguna responsabilidad (y de quién sería) por todos los miles de muertos
En Bérgamo, uno de los epicentros de la epidemia, la plataforma Nosotros Denunciaremos (Noi Denunceremo) quiere llevar la investigación del covid-19 hasta sus últimas consecuencias. Buscan respuestas. Consuelo Locati, abogada de la asociación, perdió a su padre durante la pandemia. Ella, junto a Luca Fusco y otros seis abogados, se está encargando de que las denuncias se vayan tramitando en los juzgados. Esta semana se presentaron 42, pero Locati dice que a finales de junio podría haber muchas más.
"Queremos que la Justicia nos confirme si existe alguna responsabilidad (y de quién sería) por todos los miles de muertos que ha habido en Bérgamo, en Lombardía, y también en el resto de Italia", afirma Locati en una entrevista con El Confidencial. "Será un trabajo muy largo", reconoce la abogada, quien ve "discutible" la gestión del sistema sanitario italiano durante la emergencia sanitaria.
"Queremos saber la verdad"
¿Por qué no se cerró antes Bérgamo? ¿Por qué Lombardía impidió a los médicos ir a los domicilios a diagnosticar casos sospechosos? ¿Por qué el Gobierno de Italia no tenía material sanitario? "Nosotros solo queremos saber la verdad. No nos interesan ni el dinero, ni las compensaciones ni que alguien vaya a la cárcel; eso no nos va a devolver a nuestros seres queridos", apunta Luigi Fusco, otro de los impulsores de la iniciativa y cuyo padre también murió por covid-19. La plataforma, insisten sus fundadores, busca identificar los responsables últimos en la toma de decisiones, no demandar a médicos o sanitarios.
Pero, llegados a este punto, la frontera entre lo sanitario y lo político comienza a distorsionarse. “Hay una descarga de responsabilidad entre el presidente Giuseppe Conte y el presidente de la región de Lombardía [de la ultraderechista Liga] sobre quién tenía que tomar la decisión de cerrar el área y evitar así la propagación de la infección”, explica Cristiano Cupelli, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Roma Tor Vergata.
Sin embargo, Cupelli, quien impulsa una iniciativa para ‘blindar’ a los sanitarios italianos en tiempo de pandemia como han intentado otros países, como Reino Unido, advierte de que es poco probable que estas causas avancen en su país. “Encausar al Gobierno puede suponer una injerencia del poder judicial en la política y su actividad administrativa, algo que solo se podría hacer en investigaciones y casos especialmente grandes [macrocasos] de violación de la legislación vigente, lo cual no parece ser el caso”.
No todos los expertos coinciden. Philip Stolkin, abogado de derechos humanos afincado en Suiza, advierte de que, en algunos casos, las acciones legales podrían llegar a tener consecuencias. “Si se puede probar que los políticos implicados estaban en condiciones de reaccionar antes y no lo hicieron, por los motivos que sean, tendrán que asumir las responsabilidades legales. Ellos tienen la obligación en condición de garante de proteger la salud pública del país”, asegura Stolkin en una entrevista con El Confidencial. Y en Francia lo saben bien.
El fiscal público de París, Rémy Heitz, ha declarado a medios franceses haber recibido "docenas" de denuncias dirigidas a políticos y funcionarios de la Administración pública, además de ministros (como el primer ministro y el ex ministro de Sanidad). Todas estas quejas se presentaron por "poner en peligro la vida de otros", "no ayudar a una persona en peligro", "homicidio involuntario" o incluso en virtud del artículo 223-7 del Código Penal francés, que indica que "quien se abstenga voluntariamente de tomar o provocar las medidas que hacen posible (...) luchar contra un desastre que pueda crear un peligro para la seguridad de las personas es castigado con dos años de prisión y 30.000 euros de multa".
Al calor del dinero, abogados galos con pocos escrúpulos se han lanzado a la búsqueda de víctimas con las que poder demandar al Estado, según explicaba 'Le Monde' este jueves. El periódico francés contaba el caso de Olivia Mokiejewski, cuya abuela había fallecido por coronavirus tras haber sido contagiada en una residencia de ancianos. “Al principio de abril, alerté a mis amigos y familiares en Facebook de la propagación de la epidemia y la falta de información en las residencias de ancianos. ¿Resultado? He sido contactada por media docena de abogados que insistían en quedar conmigo, ayudarme y representarme”.
A. ALAMILLOS C. BARRAGÁN E. ANDRÉS PRETEL y P. BRUNI
Vía EL CONFIDENCIAL
A. ALAMILLOS C. BARRAGÁN E. ANDRÉS PRETEL y P. BRUNI
Vía EL CONFIDENCIAL
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