El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un acierto porque por fin existe un instrumento concreto para paliar la pobreza severa que afecta a más del 12% de la población española, lo que supone casi el doble de la cifra de la Unión Europea (6,9%). Se cualifica de severa aquella población que percibe unos ingresos que están por debajo del 40% de la renta media.
Aquí ya surge una primera consideración. Si la renda mediana que se utiliza es la española, como así será al ser una medida estatal, aquellas autonomías con rentas de este tipo superiores verán distorsionados los efectos benéficos de la medida. ¿Por qué?, pues porque existe una relación entre renta y coste de la vida y, por consiguiente, un euro en Extremadura posee mayor poder adquisitivo que en Madrid, pongamos por caso. Como la aportación es francamente pequeña, va de 462 euros máximo para un hogar de una sola persona a un máximo con independencia del número de personas de 1015, esta pérdida de poder adquisitivo se nota.
La segunda consideración es mucho más grave porque significa que esta nueva figura social discrimina a las familias numerosas. En efecto, si el máximo es de 1015 euros, y la aportación por persona adicional es de 139 euros, significa que las familias de más de cinco miembros, el sexto no cobra nada. Sin duda serán un numero muy pequeño de hogares los afectados por esta circunstancia, pero revela el poco interés del gobierno, que ya es congénito, por las familias numerosas algo que no sucede con los hogares monoparentales, que por el hecho de serlo perciben una bonificación de 100 euros al mes. ¿Por qué no se ha aplicado un criterio semejante con las familias de más de tres hijos? Una sociedad que vive en el derrumbe demográfico como confirman los datos del INE sobre la natalidad del año pasado, continua sin apoyar a quienes más hijos tienen. De esta manera manda un mensaje claro a la sociedad.
Un escalado de la aportación, que hubiera significado una cantidad mayor en el caso de un segundo adulto y una progresiva mejora de la percepción a medida que aumenta el número de hijos hubiera servido para una mejor paliación de la pobreza y un mayor apoyo a la familia que está comprometida con la descendencia. Este es un grave error de enfoque fruto de la ideología subyacente.
También hubiera sido importante reconocer la maternidad como un valor en sí mismo aportando una mayor prestación a pesar de que fuera el segundo titular. Para este gobierno por lo visto, la defensa de la mujer termina allí donde comienzan las madres. En este sentido y puestos en plan Montero (Ines) podríamos decir que el Ingreso Mínimo Vital es “machista”.
Pero volviendo a la seriedad hay que apuntar una tercera objeción, también importante. En toda Europa este tipo de medidas de mínimos y rentas sociales están enmarcados por un potente acompañamiento de los servicios sociales y carácter pluridisciplinar que vela por la inserción social, la formación, la educación infantil; en definitiva, por las cuestiones que pueden permitir salir del pozo de la pobreza. Pero como esta competencia es exclusiva de las autonomías, el gobierno ha utilizado la vía de la Seguridad Social, que esta centralizada (si bien por intereses políticos ha hecho una excepción con el País Vasco y Navarra). Esto significa que el entorno de inserción social no existirá o será débil porque la percepción del Ingreso Mínimo Vital se habrá organizado al margen de los servicios sociales autonómicos, y entendiéndose directamente con los ayuntamientos, que ya han anunciado que quedaran desbordados. Una vez más somos diferentes, inventamos cosas en lugar de observar lo que funciona y buscar mejorarlo. De esta manera una buena idea quedará malograda por una mala realización. Es un mal típico de la forma de gobernar española, pensar que con una ley y unos decretos, los problemas se resuelven, cuando primero se ha de diseñar la maquina resolutoria, y una vez comprobada su eficacia potencial, traducirla, entonces sí, en normas jurídicas.
EDITORIAL de FORUM LIBERTAS
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