Las investigaciones de la jueza Rodríguez-Medel están desmontado piedra a piedra el relato gubernamental sobre lo que sí que sabían, pero eligieron ignorar y ocultar
8-M: una verdad incómoda para el Gobierno Europa Press
Vaya por delante que, desde el punto de vista profesional, tengo serias dudas sobre el recorrido penal de las denuncias y querellas contra el Gobierno por los hechos acaecidos el 8-M. Las exigencias del principio de tipicidad, que determinan que el acto cometido por acción u omisión encuentre encaje estricto en el tipo penal (estando lógicamente vedada la aplicación analógica) me llevan a concluir que, salvo que la investigación arroje sorpresas de última hora, difícilmente la inacción informada de algunos integrantes del Gobierno durante las semanas previas al 8-M para dar cobertura a la manifestación feminista integra los requisitos de los delitos de homicidio imprudente o prevaricación por omisión. Otra cosa son las responsabilidades de índole patrimonial que se puedan dilucidad a nivel judicial.
Pero al igual que creo que la imputación no va a dar lugar a una acusación o que, incluso de llegar a haberla, ésta acabaría con una absolución, también comparto el criterio de la magistrada Rodríguez Medel: no puede descartarse a priori la atipicidad de los hechos. Un país en el que la celebración de eventos multitudinarios se ha saldado con casi 50.000 muertos por un virus altamente contagioso, merece como mínimo que se abran unas diligencias de investigación.
Lo que de verdad preocupa al Ejecutivo de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid no son las responsabilidades penales del investigado, sino que con ella se está desmontado piedra a piedra el relato gubernamental sobre lo que sí que sabían, pero eligieron conscientemente ignorar y ocultar. Porque ante la tesitura de escoger entre la prevención por motivos de salud pública, suspendiendo eventos multitudinarios, y la justificación de sus políticas feministas identitarias, lo apostaron todo a lo segundo basándose en un análisis coste-beneficio y jugaron con nuestras vidas en la ruleta de la suerte. Las diligencias de investigación ordenadas por Rodríguez Medel están evidenciando cómo se movieron las fichas en el tablero político, desvelando así la catadura moral de una clase dirigente que, tras alcanzar el poder afirmando que venían a mejorar la vida de la gente, no dudó en apostar la de miles de ciudadanos en un peligroso juego para justificar sus ministerios y chiringuitos varios.
Buena muestra de todo esto es el informe definitivo que el médico forense ha incorporado a los autos de esta investigación. Al margen de otras consideraciones, se erige como un auténtico relato alternativo a la pandemia que desmonta al oficial. Hace un repaso cronológico de los hechos y declaraciones relevantes de las autoridades implicadas, así como de los informes que, ya desde el mes de febrero, aconsejaban al gobierno proceder con prudencia. Destacan del informe los documentos emitidos por el Ministerio de Sanidad el 25 de febrero, en los que se alerta sobre la posibilidad de un colapso hospitalario y se tratan medidas no farmacológicas cuyo objetivo era contribuir a la contención de la transmisión en las etapas iniciales de la epidemia. Éstas se agrupan en medidas de higiene personal (el lavado de manos, la higiene respiratoria y las mascarillas) y las de distanciamiento social, entre las que se incluyen el cierre de centros escolares, de centros de trabajo o "la cancelación de eventos que pueden provocar costes masivos y una disrupción económica y social significativa (...) Estas medidas necesitan ser implementadas de forma temprana y consistente para tener algún impacto".
Resulta también significativo lo que refleja el forense sobre cómo la Delegación de Gobierno, de manera anónima y a través de teléfonos ocultos, contactó con algunos organizadores de eventos para instar a que se anulasen.
El día 3 de marzo, como ya apunté en una columna escrita el día 17 de ese mismo mes, el Gobierno había comunicado la cancelación de todos los congresos, seminarios o cursos de personal sanitario, pues éstos debían estar “en perfectas condiciones y disponibles en los próximos días y semanas”.
El día 6 de marzo, la Directora General de Salud Pública emite un “comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19”, en el que se hizo constar que los eventos multitudinarios de cualquier tipo se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno.
El nexo casual
Con todos estos antecedentes, resultan incomprensibles e irresponsables los llamamientos explícitos que algunos miembros del Gobierno realizaron a la población para alentar su asistencia a la manifestación del 8-M: “nos va la vida en ello”, dijo la vicepresidenta Carmen Calvo. No olvidemos tampoco las declaraciones de Fernando Simón afirmando que “si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera”.
Entenderán después de esto que, al margen del encaje penal de los hechos, no pueda más que compartir las conclusiones del médico forense en el informe: aunque es imposible establecer el nexo causal entre el contagio de una persona o personas y las manifestaciones celebradas ese día, lo que sí que es cierto y seguro es que, de haberse evitado éstas, la difusión y evolución de la epidemia en nuestro país hubiese sido muy distinta.
También entenderán después de este resumen por qué el Ejecutivo ha puesto en marcha toda la maquinaria institucional para intentar interferir en la investigación judicial y desacreditar a todos y cada uno de los involucrados, ya sea la Guardia Civil, la juez o el forense. Ha de recaer sobre ellos, y no sobre el Gobierno, la sombra de la parcialidad y el descrédito. Y para señalarlos, no basta con tirar de los mamporreros mediáticos habituales, sino que se instrumentaliza a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, cuyo prestigio ha ido socavando el Gobierno mediante purgas (Rosa MaríaSeoane fue la sustituta de Edmundo Bal tras negarse éste a aceptar el cambio de calificación de rebelión a sedición en el juicio del procés) y nombramientos partidistas. Ya me dirán si no qué calificativo merece que la Fiscal General del Estado haya sido ministra y diputada de este mismo gobierno.
Todo esto que ellos sí que podían saber, los ciudadanos no debemos saberlo, no sea que nos dé por cuestionar la bondad intrínseca que se presupone a las decisiones de este Gobierno de progreso y exigir responsabilidades políticas. De algo tienen que vivir, y agitar la pancarta y el eslogan feminista para soslayar los problemas reales a los que nos enfrentamos es de lo poco que de verdad saben hacer bien.
GUADALUPE SÁNCHEZ Vía VOZ PÓPULI
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