Se está expandiendo una consigna: la izquierda tiene el Gobierno pero no el poder. En realidad Sánchez y su Consejo de Ministros forman parte del más tradicional y poderoso 'establishment'
Reunión del Consejo de Ministros en Moncloa. (EFE)
La consigna que corre en los circuitos afectos a la coalición del PSOE y Unidas Podemos es tan descarada como peligrosa: "La izquierda tiene el Gobierno pero no el poder". La realidad es que el Ejecutivo dispone, en plenitud, de las facultades que le corresponden de acuerdo con la Constitución y las leyes, pero ni tiene ni debe ostentar otros poderes que son sociales, profesionales, económicos o culturales. Solo en las dictaduras el Gobierno es sinónimo de poder completo y absoluto.
Esta especie de queja jeremíaca forma parte de la narrativa según la cual este Ejecutivo de Sánchez se enfrenta a oscuras conspiraciones del llamado "Estado profundo" que aunarían intereses extremadamente conservadores —y que bordean de continuo los afanes "golpistas"— residenciados en amplios sectores de la magistratura, de la policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la jerarquía eclesiástica y el empresariado, todas estas instancias apoyadas por medios de comunicación cuyo objetivo esencial es "derrocar" al Gobierno.
Se trataría, en definitiva, de un 'establishment' que se resiste a aceptar la legitimidad del Ejecutivo como si sus miembros formasen parte de la membresía de la "gente" y no perteneciesen a la "casta". Un repaso al Consejo de Ministros y a la acción del Gobierno ofrece un panorama bien distinto. Vayamos por partes.
El actual Gabinete —y el anterior que se formó tras la moción de censura— ha sido el que en menor tiempo ha dictado más decretos leyes en detrimento de las facultades legislativas del Congreso. En sus primeros 10 meses en la presidencia, Sánchez facturó 19 normas de urgencia, batiendo todo los récords de cualquiera de sus antecesores en tan corto espacio de tiempo. En lo que llevamos de legislatura, apenas seis meses, las normas gubernamentales "urgentes" son ya 21.
El Ejecutivo, además, ha desprofesionalizado por real decreto nada menos que 27 Direcciones Generales para así poder evitar su titularidad por funcionarios de carrera y colocar a personas próximas a ministros y secretarios del Estado. Ningún Gobierno anterior había llegado a semejante número. Ni a nombrar embajadores políticos en tantos organismos internacionales: en la Organización de Estados Americanos, en la Unesco y en la OCDE. A todo ello, debe añadirse que el Gobierno actual es el que reúne más ministerios, 22, con lo que conlleva de asignación de cargos de libre designación. Nunca antes se crearon en la Moncloa unos servicios más amplios ni mejor dotados que los actuales de la presidencia del Gobierno.
Tanto Sánchez como Iglesias han dispuesto con tanta soltura y rapidez su influencia para intervenir en las empresas en las que el Estado a través de la SEPI dispone de participación. Para empezar, la radio y la televisión públicas dependen de una administradora única exenta de responsabilidad ante cualquier consejo de administración. El presidente de la agencia EFE —también en la SEPI— fue destituido sin explicación, lo mismo que el presidente de Red Eléctrica y, como los gobiernos anteriores ha colocado en el Consejo de Administración de Enagás —también participada por el Estado— a dos exministros socialistas y a un asesor de Podemos. Consulten el poder empresarial del Estado (o sea, del Gobierno) en www.sepi.es Sin olvidar su capacidad reguladora de sectores como el financiero y el energético, entre otros.
Más: la Fiscalía General del Estado ha recaído en Dolores Delgado, hasta su nombramiento, diputada del PSOE y ministra de Justicia. Inédito. Y para la presidencia de la estratégica Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, se ha promovido a la abogada Cani Fernández "examinada" por el Congreso a tal fin el pasado jueves. Se da la circunstancia de que la elegida desempeñaba hasta ahora una asesoría en la Moncloa, después de una brillante trayectoria como letrada. ¿Independiente?
Por otra parte, en el Consejo de Ministros se sientan funcionarias de altos cuerpos de la Administración Pública cono Nadia Calviño (técnica comercial y economista del Estado) y Teresa Ribera (administradora civil del Estado), tres magistrados que han sido también vocales del Consejo General del Poder Judicial: los titulares de Interior, Defensa y Justicia (Grande Marlaska, Robles y Campo, respectivamente). También lo hace un catedrático por partida doble, en España y en Estados Unidos: Manuel Castells, responsable de Universidades. Por su parte, la trayectoria de José Luis Escrivá —ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— es apabullante porque ha prestado servicios en el Banco de España, en el Banco Central Europeo, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea y en el BBVA, y llegó a su departamento tras presidir la Autoridad Única de Responsabilidad Fiscal, cargo para el que fue nombrado por Mariano Rajoy en 2014. Arancha González Laya, titular de Exteriores y Cooperación, ha desarrollado su vida profesional en las grandes organizaciones internacionales del comercio (ITC, OMC).
Otros ministros, ya lo fueron en anteriores Gabinetes como Carmen Calvo (de Cultura) que ostentó también la vicepresidencia del Congreso, y alguno, como Luis Planas (Agricultura), ha tenido una intensa experiencia diplomática: embajador en Marruecos y en la UE. No faltan ministras que ya han desempeñado carteras en autonomías como la andaluza (María Jesús Montero) o la vasca (Isabel Celaá). Para rematar: nada menos que un anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa (el general Julio Rodríguez) es el director del Gabinete del vicepresidente segundo del Ejecutivo.
Se trata de un Consejo de Ministros en el que está bien representado el 'establishment' del país, o sea, "la casta" en versión de Podemos. No es precisamente un Gabinete de "descaminados" desconectados de las empresas, de las finanzas, de los organismos internacionales, de la magistratura, de los altos cuerpos funcionariales o de los ejecutivos del PSOE que han gobernado España en Gabinetes monocolores durante más de 20 años desde las elecciones democráticas en 1979.
La cuestión es otra: este Gobierno dispone de una mayoría parlamentaria que no le permite unilateralmente renovar el Consejo General del Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni reformar la Constitución porque todo eso y algunas cosas más requieren de mayorías cualificadas. Tiene los escaños que les corresponden al PSOE y a UP y a sus socios conforme a la Ley Electoral.
Pero, como explicó Daniel Goleman, sicólogo, periodista y escritor norteamericano, autor de la muy conocida 'Inteligencia Emocional', existe un "síndrome de Washington" que consiste en la sed de poder, una afección que detectaron siquiatras en la capital de los Estados Unidos de América y que definió como "una enfermiza necesidad de mandar o influir". Es lo que le ocurre a la izquierda, que no se conforma con gobernar y quiere también todo el poder y urde para ello imaginarias conspiraciones, alimenta relatos alarmistas y crea un ambiente de excepcionalidad. En el fondo, el ambiente que se respira es el de la pelea de una "casta" contra otra de distinto signo. La vieja zurra entre la izquierda y la derecha pero más cerril y navajera que las anteriores.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Vía EL CONFIDENCIAL
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