Las previsiones de la OCDE para el conjunto de países industrializados del mundo revela que España será, entre los desarrollados, el país que más sufrirá económicamente los efectos de la pandemia. La previsión para este año es que el PIB caiga un 12,8%. Es un dato histórico. Deberíamos retroceder a finales de la Guerra Civil para encontrar un desastre de proporciones similares; en otras palabras, y sin exagerar, España está viviendo una “guerra” con muertos y destrucción del sistema económico, pero sin el ruido de bombas ni las imágenes de edificios derribados. La recuperación para el año 2021 será importante, pero quedará lejos de compensar la pérdida, dado que el aumento del PIB será del 6,3%, menos de la mitad de lo que se habrá perdido. Con estas previsiones incluso será difícil que en 2022 nos hayamos recuperado del descenso. Un ciclo de crisis tan pronunciado y largo y tan próximo al anterior puede dejar muy diezmada la sociedad española.
Pero a pesar de ser malas estas cifras, aún lo son más cuando se contemplan los indicadores del conjunto del panorama, consecuencia de la gestión del gobierno español, porque prácticamente son únicas por sus pésimos resultados, en el mundo desarrollado, incluso peores que Italia.
El perfil del desastre es este:
- Una mortalidad superior al 1%, una de las más grandes del mundo, considerando que la cifra es la oficial y que ya se sabe que infravalora la real al menos en una tercera parte.
- Junto con el Reino Unido, somos los primeros en número de muertes en proporción a la población, también ateniéndonos a las cifras oficiales. Bélgica, teóricamente el primero, incorpora en la contabilidad de los muertos los casos sospechosos, cosa que España no hace.
- También somos los primeros en número de médicos y sanitarios contagiados.
- Junto con China, el país que ha tenido un periodo más largo de restricciones severas y de excepción a los derechos constitucionales.
- Punto y aparte merece la práctica suspensión de la vida parlamentaria iniciada el 19 de marzo y que duró hasta bien entrado abril por decisión de la Mesa del Congreso, donde tiene mayoría el gobierno. Esta práctica es contraria a las garantías constitucionales, que presumen que cuando se produce una suspensión de derechos por estado de alarma o excepción se acentúa el control del parlamento sobre el ejecutivo para establecer unas mejores garantías. En España ha sucedido todo lo contrario.
- Una de las economías occidentales que dispondrá de menores estímulos gubernamentales dirigidos a la recuperación económica en términos de impulso fiscal, aplazamiento de pagos del estado, créditos y avales.
No hay ningún otro gobierno de un país desarrollado que presente al mismo tiempo todos estos malos resultados. Algo muy grave no funciona y no ha funcionado.
Este terrible balance no aflora con toda su contundencia, primero, porque, como es lógico, el gobierno y los grupos afines intentan disimularlo, pero también por la incapacidad del PP de plantear una oposición racional y enmascarar la contundencia de los hechos bajo la abundancia de descalificaciones improcedentes. Sánchez e Iglesias tienen en este sentido mucho que agradecer a Cayetana Álvarez de Toledo.
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