A LOS DIPUTADOS DE TODOS LOS PARTIDOS

La dirección de UPN pretende expulsar a Sayas y Adanero. Sin embargo, su gesto, un acto de responsabilidad ante la nación, no será en vano

El jueves, en un valle del debate sobre la reforma laboral, subí a la cantina del diputado, detrás de la última fila del hemiciclo. Es un lugar agradable y tranquilo. Sin periodistas, se entiende. Santiago sirve café o cervezas en la barra, según la hora, y siempre hay algún rostro amable con el que comentar el penúltimo capítulo de la imparable degradación nacional. Allí, sentados en un rincón, estaban Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Ya era público que el líder de UPN, Javier Esparza, había pactado con el aliado y blanqueador de Bildu su apoyo a la reforma laboral, y me acerqué a darles ánimos. Conversamos un rato. Les hice alguna broma sobre los males de la disciplina de partido, pero no quise preguntarles qué iban a votar. Habría sido una vulgaridad. La conciencia no necesita instigadores y ellos tienen principios. Son dos parlamentarios de calidad, militantes de la democracia, a los que nuestro a menudo cochambroso hemiciclo distingue con un silencio pulcro cada vez que toman la palabra. Lo comenté en mi Políticamente indeseable: si en España las listas electorales fueran abiertas y no el cortijo de las cúpulas de los partidos, Sayas y Adanero saldrían elegidos a hombros de felices mayorías. Llegó la hora de votar. Imaginé el agujero en sus estómagos y, movida por una intuición esperanzada, calculé el lugar exacto de sus escaños para poder cotejar su voto en la pantalla. ¡Rojo! Salté como un resorte. «¡Bravo, bravo!». Lo que vino después es demasiado grotesco para merecer glosa. La dirección de UPN pretende expulsar a Sayas y Adanero. Sin embargo, su gesto, un acto de responsabilidad ante la nación -y es lógico que esto no lo entiendan Sánchez, Zapatero y Lastra, tres tránsfugas morales-, no será en vano. Todo el esperpento que ha rodeado la aprobación de la reforma laboral, culminando en el harakiri del gran partido de la derecha navarra, ha servido para dejar en evidencia no sólo el grado de envilecimiento de la política española, sino también una de sus principales causas: la partitocracia. No todo tiempo pasado fue peor. Para comprobarlo no hace falta remontarse a la muchas veces idealizada Transición: esos reformistas adultos, esos discursos cuajados de belleza y de verdad, ese patriotismo inteligente e integrador. Basta recordar cómo lucía el Congreso a mediados de los 2000, cuando, joven periodista, lo pisé por primera vez, y examinar su presente postración. Retrocedamos al inicio de esta legislatura de zafarrancho: el 3 de diciembre de 2019, otra sesión memorable. Entonces, empoderada y enfática, le pedí desde mi escaño a Meritxell Batet que garantizara la legalidad de los juramentos de los diputados. Me contestó un puntito irritada: «Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo, por velar por el buen hacer de esta presidenta. (...) La Presidencia hará una aplicación flexible de la normativa, como indica el Constitucional. Creo que se puede usted quedar tranquila». Un minuto después se desataba la juerga. Un proetarra: «¡Por la república vasca!». Una comunista: «¡Contra el franquismo y el fascismo!». Un defensor del golpismo: «¡Con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre!». Y otro: «¡Por la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados». Y un tercero: «¡Hasta la constitución de la república catalana!». Muy tranquila, sí. En aquel edificante episodio antinacional asomaba ya el flagelo: una partitocracia convertida en cesarismo, hasta el punto de socavar la democracia. Sólo desde una sumisión ciega no ya a la siglas sino a la encarnación coyuntural de esas siglas puede entenderse la trayectoria de Batet como presidenta del Congreso: la impunidad de los socios de Sánchez en sus insultos al Rey y a las instituciones del Estado. El cierre ilegal del Congreso. El sectarismo a la hora de dar y quitar la palabra: las injurias de la derecha son la libertad de expresión de la izquierda. Hasta el estrambote final. Una presidenta del Congreso habría dado al desarbolado diputado Casero -y a sí misma- la oportunidad de no pasar a la Historia. Pero Batet no preside el Congreso, sólo su mitad. Como Sánchez no gobierna para la nación sino para su facción. Su visión mutilada del cuerpo político lo explica todo: el partidista reparto del dinero europeo; la decisión de jugar con la salud pública, poniendo y quitando mascarillas en función de su propia salud política; y también la agria paradoja de su mandato: el PSOE mengua, pero el poder de su líder sigue intacto e incluso se refuerza gracias al aplauso servil de su bancada y sus barones. También en esto el PSOE es el marco. Partidos dirigidos por oligarquías cada vez más cerradas e impermeables a la deliberación interna. Partidos que priman la obediencia al mérito en el diseño de sus órganos ejecutivos y listas electorales. Que ni siquiera informan de antemano a sus grupos del sentido de su voto en debates trascendentales. Que tratan a sus diputados como ganado al que arrear en la dirección que en cada momento decrete su pastor. Partidos, en definitiva, que por proteger a sus cúpulas acaban desprotegiendo a sus bases y perjudicando a la nación. Cada vez menos mandan cada vez más sobre partidos más pequeños. Le ocurrió a Ciudadanos en épocas de Albert Rivera. Y le ha ocurrido también al PP. La fragmentación de su espacio electoral en, como mínimo, dos pedazos (y ya veremos el reparto) es una consecuencia de esa deriva. Y la dificultad de reagrupar el constitucionalismo en Cataluña, también. Miré a mi grupo. Me alegró ver que muchos compañeros, incluida la dirección, aplaudían la decisión de Sayas y Adanero de romper la disciplina de voto en defensa de sus convicciones y del interés de España. Significa que hay esperanzas. Lo apunté en el recurso contra la multa que me han impuesto por no apoyar el reparto con Sánchez de los magistrados del TC: la Constitución prohíbe expresamente el mandato imperativo y afirma que el voto de los diputados «es personal e indelegable». Además, la sentencia del TC 10/1983 deja claro que los diputados no somos meros cojines de nuestros escaños, en afilada expresión de Sayas, ni muñecos de un ventrílocuo: «Las listas de candidatos son simples propuestas y la representación, en el sentido jurídico político del término, surge sólo con la elección y es siempre representación del cuerpo electoral y nunca del autor de la propuesta». También lo señalé en mi recurso: la disciplina de voto tenía como loable objetivo fortalecer a los partidos surgidos tras la dictadura y simplificar el proceso de formación de voluntad del Parlamento; pero como toda expresión de autoridad requería contrapesos y esos contrapesos han volado. Cuando sólo queda la disciplina, la deliberación se evapora. Cuando la autonomía del parlamentario se castiga, la sumisión y la mediocridad proliferan. Con un agravante: si la cúpula lo decide y dicta todo, si las posiciones de la dirección son las únicas no ya relevantes sino conocidas, el diputado deja de tener cualquier responsabilidad. Se convierte, a ojos de muchos ciudadanos, en un perfecto irresponsable. Es decir, en perfectamente prescindible. De los 350, 330 para casa y el resto ya veremos. A la afirmación de la autonomía constitucional del parlamentario se une otra consideración obvia. La defensa del ideario del propio partido, recogido en los programas electorales y, como en el caso de los diputados de UPN, en infinidad de vibrantes intervenciones parlamentarias, no puede ser nunca objeto de sanción. Si lo fuera, el castigo tendría el absurdo cariz de la autolesión. Esparza, por ejemplo, estaría firmando su ruptura con el electorado navarro. La degradación nacional no será fácil de parar, no. Es una misión colectiva, que entre otros improbables exige que los medios de comunicación dejen de vender basura y los ciudadanos de consumirla. Pero ese es, precisamente, el sentido de la política: la promoción del interés general, incluso contra la corriente, que a unos arrulla y a otros amedrenta. Los diputados -de todos los partidos- estamos llamados a una urgente tarea de regeneración democrática. ¿Para qué y a quién servimos? Somos la voz y el voto de los ciudadanos, la primera fila. Nuestra es la representación de la nación y nuestra es, por tanto, también la obligación de proteger al Parlamento frente a la arbitrariedad, la chabacanería, el desprecio a las formas, que es el desprecio a las normas, y el abuso de poder. Esa responsabilidad requiere de cada uno de nosotros un grave examen de conciencia. Y sobre todo una masa crítica de conciencias dispuestas a defender su libertad. Artículo de CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO que es diputada del PP por Barcelona. Vía EL MUNDO