SÁNCHEZ NO TIENE REFORMA

Con la complicidad de Batet y la anuencia de la mayoría parlamentaria, la defección del poder legislativo está suponiendo que éste se degrade en escribanía de gobierno y que sus funciones le sean arrebatadas

Artículo de FRANCISCO ROSELL Vía EL MUNDO En la más grandiosa de sus novelas hasta ocupar un puesto cimero en la Literatura española -Fortunata y Jacinta, ambientada en el Madrid que media entre la caída de la I República y la Restauración borbónica-, Benito Pérez Galdós pone en boca del personaje de Evaristo Feijoo, coronel retirado y alter ego del autor canario, un mirífico consejo destinado a su protegida Fortunata: «Niña, falta a los principios si es menester, pero guarda siempre la santidad de las formas». Lástima que una mujer metida en lecturas como la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, no se atenga, en su alta función como tercera autoridad del Estado, a la admonición de quien, a juicio de Azorín, supo captar «el ambiente espiritual de las cosas» y contribuyó a la conciencia nacional de unos españoles a los que hizo vivir España. Yendo de la literatura a la política hasta obtener acta de diputado, Galdós supo bien el terreno donde se adentraba enterado de que la política, lejos de ser campo para lucir las supremas dotes de la inteligencia, «era un arte de triquiñuelas y de marrullerías». «No sé qué tiene para la gente de este siglo el tal mando -anota su episodio nacional sobre Gerona- que trastorna las cabezas más sólidas, da prestigio a los tontos, arrogancia a los débiles, al modesto audacia y al honrado desvergüenza». Aquel retrato de época parece corresponderse hoy con estos tiempos igualmente «bobos» en los que, abundando desvaríos y destrozos en la arquitectura constitucional, pareciera verificarse la maldición de Narváez: «Las cosas en España no tienen remedio». Tras echar el candado a las Cortes durante el estado de alarma por la Covid-19 -algo que no se produjo ni en la Inglaterra de la II Guerra Mundial, donde Churchill afrontó una moción de censura-, lo que le valió la condena del Tribunal Constitucional, y de ser conminada por el Tribunal Supremo a privar del escaño al diputado condenado e inhabilitado de Podemos, Alberto Rodríguez, bajo amenaza de incurrir en delito de desobediencia, amparándose en un informe de los letrados de la Cámara, lo que sacó de sus casillas al tribunal al reinterpretar el fallo para incumplirlo, la presidenta del Congreso mentía este jueves a la Cámara en el pleno de convalidación del decreto-ley de reforma laboral. Lo hacía de modo flagrante para desatender la petición del PP de que se subsanara el supuesto «error informático» de su diputado Alberto Casero que posibilitó que saliera adelante in extremis y por un voto esta contrarreforma en la que una parte sustancial de la Alianza Frankenstein -PNV, ERC y Bildu- que llevó a Sánchez a La Moncloa y lo sostiene en ella lo dejó en la estacada. En suma, un golpe de doble efecto. De un lado, para remarcar su dependencia; de otro, para poner en su sitio a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hundiendo sin salir de puerto su tentativa de armar una nueva plataforma izquierdista que subsuma a Podemos, Izquierda Unida, Comunes y Compromís junto con Más País. Todo ello después de que uno y otra se comprometieran a reducir a escombros la reforma de Rajoy en 2012 y tener que preservar algunas vigas maestras por imperativo de la Unión Europa para la percepción de fondos postcovid. Al denunciar la portavoz parlamentaria del PP que, con carácter previo a la votación se había comunicado a la Mesa de la Cámara el supuesto fallo informático, Batet cortó a Cuca Gamarra sin dejarla seguir su exposición. «Precisamente -arguyó- porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear (...), no le voy a dar la palabra». Con su refutación, después de dar por derogada la contrarreforma para rectificarse al momento convalidándola, no sólo faltaba a la verdad certificando en falso una sesión de la Mesa del Congreso que no había tenido lugar, sino que admitía implícitamente la pertinencia del requerimiento y que la petición debía haber sido atendido antes de procederse a la votación de los presentes en el hemiciclo. Al darle de este modo por ganada al Gobierno una votación que tenía perdida y que le complicaba la vida, la mendaz maniobra de Batet «fue peor que un crimen: fue un error», atendiendo a lo dicho por Fouché al tener noticia del secuestro y ejecución del duque de Enghien por orden de Napoleón. Después de ser pillado in fraganti en el comité federal de su defenestración como secretario general del PSOE en octubre de 2016 cuando sus afines colocaron unas urnas preñadas de papeletas detrás de una cortina para convocar con urgencia un congreso extraordinario sin control y con el hoy ministro Bolaños al frente de la Comisión Federal de Ética y Garantías mirando para otro lado, Sánchez no está dispuesto a perder otra votación. Ya sea «por lo civil o por lo criminal», como les espetó el ex seleccionador Luis Aragonés, para entonces sabio no sólo de Hortaleza, a sus pupilos del Atlético de Madrid tras echarles en cara que estaban «haciendo el gilipollas». Con la complicidad de la Batet y la anuencia de la mayoría parlamentaria, la defección del poder legislativo está suponiendo que, en la práctica, el Congreso se degrade, acuñando una expresión argentina de los 90, en «escribanía de gobierno». De esta guisa, los culiparlantes refrendan en un abrir y cerrar de ojos los decretos-leyes del Ejecutivo y aceptan que sus funciones le sean arrebatadas por quien, con menos escaños propios que ningún antecesor desde la restauración democrática, se arroga incluso funciones de jefe de Estado transgrediendo el orden institucional. Así, en este labrantío de anomalías, Sánchez ha batido todas las marcas en promulgar decretos-leyes -71 hasta finales del 2021 y subiendo- hasta mutar en uso común lo que la Carta Magna circunscribe a casos de «extraordinaria y urgente necesidad», cuando no se meten de matute asuntos que nada tienen que ver con el objeto de las disposiciones. En un suma y sigue sin punto final, mezcla medidas anticovid con designaciones para la comisión de control del CNI, la revalorización de las pensiones con la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior o subidas impositivas encubiertas, como ya ha sentenciado el Tribunal Constitucional, sin que ello ponga freno al desafuero de quien restringe el Parlamento a validar los decretos como el de la reforma laboral. ¡Como si España fuera un régimen corporativo en el que la delegación de la soberanía nacional se constriñe a respaldar sin debate lo que sindicatos y empresarios aparejen extramuros! Este precedente puede ser la falsilla para otros tejemanejes -tipo mesa de la autodeterminación para Cataluña- que, abundando en las concesiones que ya viene haciendo, Sáncheztein prohijará para reconciliarse con sus separatistas socios Frankenstein. Una postiza porfía la del enredo de la reforma laboral tras la cual todos ellos volverán allí donde nunca se fueron dejando a Arrimadas compuesta y sin el noviazgo pasajero de quien no tiene enmienda ni propósito de ella. Es incorregible al estar en su naturaleza. Como el escorpión que clava su aguijón mortal a esa buena samaritana rana tras ayudarle a vadear el río. Ni siquiera finge jugar a la «geometría variable» como Zapatero. Por eso, los diputados navarros Sayas y Adanero, estando al tanto del percal, han hecho bien en sostenerse firmes en sus principios. Acceder al chantaje de Sánchez con la amenaza de reprobación al alcalde de Pamplona era la muerte en vida de UPN en pleno proceso de absorción foral por el soberanismo vasco. Junto a su gusto por el decreto-ley, Sánchez se ausenta del Parlamento cuando le conviene como sucede desde el 22 de diciembre. Sin someterse al control de la oposición y sin que ni siquiera la crisis de Ucrania, con el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, le mueva de su absentismo hasta el 16 de febrero. De esta manera, se vive una ilusión de control del Gobierno que no es tal por parte de un Parlamento que consiente que el Consejo de Ministros haga un sayo con las leyes que aprueba la Cámara. Como es perceptible con los Presupuestos Generales del Estado. Con claro desprecio de la Constitución que prometió guardar y hacer guardar, pero que ahora guarda y hace guardar en un cajón para preservar a unos socios que abjuran de ella, Sánchez encarna una deriva autoritaria que procura municionar con fondos europeos que maneja como si fueran de libre representación. Con esa discrecionalidad, propiciará los agios y el clientelismo que hoy se depuran a trancas y barrancas en Andalucía y que, tras la condena a los ex presidentes Chaves y Griñán, alcanzan a la parentela de su sucesora, Susana Díaz, y a la del aspirante autonómico y ex alcalde de Sevilla Juan Espadas. El fondo de reptiles -instruido por la juez Alaya, a raíz de las pesquisas de EL MUNDO- cimentó 40 años de hegemonía socialista concertada con sindicatos y empresarios con los caudales consignados para unos parados que no aminoraban como tampoco los agraciados de ERES en empresas que jamás pisaron. En la España del reparto libérrimo de los peculios europeos, con los ERE podridos de referencia, se manifiesta esta apreciación del gran politólogo Giovanni Sartori a raíz de la macrooperación judicial Mani Pulite: «Antes, en Italia se decía que el que no robaba era un tonto. Después comenzó a actuar la justicia y hoy se dice que el que no roba es un tonto, pero el que roba y es descubierto es más tonto todavía». Ni que decir tiene que este deterioro institucional origina la agonía de democracias fiada a gobernantes que subvierten las reglas de juego al arribar al poder y que presentan como suerte providencial -«baraka»- lo que no encierra otra cosa que valerse de cualquier medio para no perder ese mismo poder como fin último y único de su política. A este respecto, quien presenta una carta protocolaria de la presidenta de la Comisión Europea como un aval a su gestión de los fondos europeos debiendo ser corregido desde Bruselas y que no conoce límites hasta rebajar a la categoría de aprendiz a su maestro Zapatero, «el Maquiavelo de León», es capaz de extremar las cosas al límite y luego erigirse en el mal menor al revés de un jefe de la oposición como Pablo Casado que hace justo lo contrario con gran perjuicio a la hora de desalojar a Sánchez de La Moncloa. Como su estúpida guerra con la presidenta madrileña Díaz Ayuso, en vez de valerse de ella como palanca, y su demonización, venga o no a cuento, de una formación como Vox, con la que deberá pactar y a la que fortalece con sus torpezas, en vez de debilitarla sagazmente como Ayuso. Todo ello a costa de su propio interés y al de los candidatos hoy en Castilla-León y mañana en Andalucía, cuyas citas electorales marcarán el designio de los comicios generales que Sánchez pregona tras su presidencia de turno europeo en el último semestre de 2023. Por esa vía, más extraviada que el disputado voto del congresista Casero, Casado no obrará, evocando la Alocución al pueblo español de Galdós para ser diputado, que «los sordos oigan, que los distraídos atiendan y que los mudos hablen» contra los excesos y atropellos de Sánchez. Aprendiendo la lección de mayo en Madrid, éste se reserva para Andalucía. No se elige el tiempo que se vive ni la coyuntura que toca afrontar, pero sí la respuesta que se da. Ésa es la responsabilidad de Casado.