ECONOMÍAS
EN CADA ETAPA DE LA SUPRESIÓN DE LAS AUTONOMÍAS
El
Estado de las Autonomías está en una profunda crisis, dado que el modelo
autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras,
que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios
al ciudadano. El mito de las ventajas de las Autonomías para los ciudadanos se
ha venido abajo. Ahora ya se sabe que las Autonomías acercan a los políticos a
los presupuestos y al despilfarro.
El
empobrecedor Estado de las Autonomías se encuentra en situación crítica por la
concurrencia de varios factores, entre los que destacan:
· La voracidad derrochona
de los gobernantes de las comunidades autónomas, a pesar de la crisis económica
de España.
· Las CC.AA. están superendeudadas,
lo que hipoteca la prestación de servicios sociales.
· La generalización del
caciquismo territorial y de sus redes clientelares en una organización
autonómica partidocrática.
Nuestro modelo
autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso
para los partidos políticos dominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas
o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas
oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su
territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de
políticos afines instalados en puestos clave. Las Autonomías son una fuente de
poder y de puestos de trabajo para la clase política, para los afiliados de los partidos políticos y para los
enchufados de los políticos. El Estado autonómico es el Estado del bienestar de
los políticos.
Por
ello, la necesaria regeneración política de España exige la
supresión de unas corruptas e insostenibles autonomías territoriales, aunque
ello exija modificar esencialmente la Constitución en un proceso largo y
complicado, porque la autonomía política regional es un derecho constitucional,
un derecho inventado por los partidos políticos en 1978.
En todo caso, antes de
eliminar constitucionalmente el derecho a la autonomía territorial, y durante un
periodo transitorio que comprenda dos etapas, sí que es posible en una primera
fase eliminar duplicidades y redundancias administrativas y, en una segunda
etapa, devolver al Estado las competencias autonómicas de Sanidad, Educación y
Justicia, así como -llevando a cabo algunas modificaciones legislativas- todas
aquellas que sean de competencia estatal exclusiva.
Además, como no es
obligatoria la autonomía política territorial, y también sin modificar la Constitución,
se puede comenzar ya la demolición del Estado de las Autonomías sí se aplican
medios disuasorios y se ofrecen a las comunidades autónomas suficientes
incentivos para conseguir que voluntariamente den su conformidad a su retorno
al régimen común; como, por ejemplo, la asunción por el Estado de su deuda
pública, de la que quedarían liberadas, e igualmente si se les ofrece el
compromiso de llevar a cabo cuantiosas inversiones en obras públicas en su
territorio durante algunos años. Durante una etapa transitoria, la legislación
estatal deberá favorecer también el regreso de las CC.AA. al régimen común
legislando adecuadamente para que la autonomía territorial se convierta en poco
atractiva e inconveniente. Por supuesto, todas las CC.AA. que no renuncien a su
autonomía política seguirán manteniéndola, pero limitada por unos techos
competenciales que no sean ampliables.
La eliminación de
duplicidades y redundancias en la prestación de servicios sociales por las
administraciones públicas puede hacerse desde hoy mismo; en cambio, en una
segunda etapa habrá que llevar a cabo la devolución de las competencias de las
CC.AA. en Sanidad, Educación y Justicia al Estado, lo que es más complicado,
pues exige importantes cambios legislativos. La devolución al Estado de las
competencias autonómicas en Sanidad, Educación y Justicia es conveniente porque
la prestación de estos servicios públicos por las 17 burocracias autonómicas es
más costosa en un 30-40 % que si los prestase solamente la administración
estatal, por economías de escala; pero, sobre todo porque con esa
recentralización de servicios sociales se conseguirá el restablecimiento de la
igualdad entre todos los españoles al ser similares en cantidad y calidad las
prestaciones de esos servicios en todo el territorio nacional
Finalmente, en una tercera
y última etapa, se procederá a la eliminación del derecho a la autonomía de las
"nacionalidades y regiones" tras el imprescindible cambio
constitucional, por lo que la demolición total de las Autonomías solo puede ser
factible a medio plazo, si bien es preciso llevarla a cabo cuanto antes, dada
la insostenible magnitud que alcanza el gasto de mantenimiento de las
comunidades autónomas: en 2014 ha habido un gasto total de 174.437 millones de
euros, de los que 81.144 millones€ (un 46,51 %), de los que 53.501 en gastos de
personal y 27.643 en gastos corrientes[1].
La
cuantificación del ahorro de gasto público que se obtendrá en cada etapa del
proceso de supresión de las Autonomías es la siguiente:
1) Eliminación de duplicidades y
redundancias administrativas 35.000 millones€
2)Ahorro por la devolución al Estado de
Sanidad,Educación y Justicia 25.000 millones€
3) Reducción de gasto directo en personal+gastos
corrientes de CCAA60.000 millones€
Total 120.000 millones€
A esta cifra mínima de
120.000 millones de euros, habrá que sumar también las correspondientes a
la desaparición de las empresas públicas autonómicas, al ahorro debido al
restablecimiento efectivo del mercado único interior en España, el beneficio
para las empresas y los particulares de la eliminación de las más de 100.000
normas autonómicas existentes, y otros efectos positivos menores; además del benéfico, pero no cuantificable,
del restablecimiento de la igualdad entre todos los españoles en la
prestación de los servicios sociales, que han de ser similares en todo el
territorio nacional.
La enorme magnitud de las economías
expresadas anteriormente tienen su explicación: el ahorro se consigue bien como
efecto directo (los 60.000 millones€
de reducción de gasto en personal y gastos corrientes de funcionamiento de las
CC.AA.) o bien como efecto colateral
(los 35.000 millones€ de eliminación de duplicidades y redundancias más los
25.000 millones€ de ahorro por la devolución al Estado de Sanidad, Educación y
Justicia).
A la cifra de 60.000
millones€ de reducción de gasto en personal más gastos corrientes de
funcionamiento de las CC.AA. se llega así: del gasto de las Autonomías en 2014
de 81.144 millones€, corresponden 27.643 a gastos corrientes de funcionamiento,
que se ahorran totalmente eliminándolas. A su vez, de los 53.501 millones€
gastados en personal, se ahorrarán solamente 32.357 millones€, pues lo
restante, que es de 21.144 millones€, no se ahorrarán porque la mayor parte de
los empleados públicos de las comunidades autónomas suprimidas habrán de
continuar trabajando en otras administraciones públicas a las que serán destinados.
En resumen, el ahorro directo será
de 27.643 millones€ por la totalidad de los gastos corrientes de funcionamiento
más unos 32.357 m€ en personal; o sea, un total de 60.000 millones€.
Antes de la supresión constitucional
de las Autonomías existen también efectos
colaterales de ahorro. Los dos conceptos cuantificables principales son:
- 35.000 millones€ por
eliminación de duplicidades y redundancias administrativas pues, tras la
creación de las Autonomías, otras administraciones locales siguieron prestando
idénticos servicios a los traspasados por el Estado a las CC.AA. (La estimación
del ahorro por este concepto ha sido cuantificado en 40.000 millones € por UPyD
y en 34.000 millones€ por el catedrático de Economía Roberto Centeno).
- 25.000 millones€ por la devolución al Estado
de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia. En efecto, hay que tener
en cuenta las economías de escala, ya que la prestación de esos servicios
públicos por la administración central es un 30-40 % más barata que si la
prestan, como ahora, 17 burocracias autonómicas. Existe un artículo publicado
por ABC el 2 de abril de 2012, cuyos
autores son S. Alcelay y Y. Gómez, titulado "Las Autonomías han doblado el
gasto en Sanidad y Educación en diez años" (2002-2010), tras la
transferencia total de la prestación de servicios en Sanidad y Educación a las
CC.AA. que hizo el gobierno de Aznar, a pesar de tener mayoría absoluta de
diputados en el Congreso, en el año 2002. De la lectura de dicho artículo se
deduce que esa duplicación del gasto en Sanidad y Educación no se corresponde,
ni mucho menos, con que se hayan duplicado los servicios prestados.
La desaparición del
Estado de las Autonomías llegará a ser inevitable tanto por regeneración
política como por una cuestión de supervivencia económica. Ella será la consecuencia
de que los políticos, con el enorme endeudamiento suicida de sus CC.AA., se
están comiendo vorazmente su “gallina de los huevos de oro”: el Estado autonómico.
En todo caso, ya estamos en el principio del fin de las Autonomías, pues ha
comenzado el Ocaso de las Autonomías.
JOAQUÍN JAVALOYS.
¡Ay, que estoy haciendo otro asunto a la vez y ya no sé si he publicado o no el comentario! Decía que la entrada me parece sencilla y clara, que no "simple" y que le agradecía su exposición pues lo vale. Un saludo.
ResponderEliminarMuchas gracias por su amable comentario. He intentado que sea un texto claro, porque es importante que los políticos vean que se puede -y se debe- reducir los gastos públicos administrativos en lugar de aumentar los impuestos. Saludos cordiales.
ResponderEliminarEn la duplicación del gasto en sanidad,que conozco muy bién, ha contribuido mucho la excesiva burocracia y altos cargos políticos junto a los grandes "pelotazos" de los directivos, camuflados en conceptos como "productividad" y otros asuntos, mientras un médico o ATS en 1ª linea de combate perciben 3000 o 2000 Eur, un Director de distrito, o jefa de las distintas areas del partido o sindicato en el distrito, o delegación, o consejería, "trincan 30.000 Eur" como mínimo de una "tacada productiva, y claro, al final no queda para sustituciones de vacaciones ni para gasas
ResponderEliminarCoincido totalmente con sus conclusiones, amigo Emiliano, sobre los motivos por los que se ha duplicado el gasto en Sanidad: excesiva burocracia y altos cargos políticos junto a los grandes "pelotazos" de los directivos.
ResponderEliminarPor ello, la burocracia sanitaria debe ser única para toda España, recentralizando la competencia de Sanidad, pues la existencia de 17 burocracias autonómicas hace que la prestación de los servicios sanitarios por las CC.AA. sea un 30-40 % más cara que si la prestase una sola burocracia sanitaria(con economías de escala). Saludos cordiales.
Totalmente de acuerdo con las cuentas incluso es posible que sea mayor al ahorrarnos cortes regionales con todo lo que conlleva eso. Todo muy acertado pero ...que hacemos con los puestos de trabajo que entre personal funcionario y laboral de todas las autonomías suman unos 3 millones y medio?. Estos no son números son personas que hacemos?
ResponderEliminarHola Susana, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los empleados públicos (funcionarios, personal laboral y otros) en julio de 2014 eran 2.522.631 personas en el conjunto de las AA.PP. De ellas, aproximadamente la mitad -50,6 %-; o sea 1.277.212 trabajan en las Comunidades Autónomas.
ResponderEliminarLa supresión de las CC.AA. no significará que dejen de prestarse los servicios sociales transferidos (Sanidad, Educación, Justicia,...) pues estos servicios serían prestados entonces por otras Administraciones públicas (Estado, diputaciones, ayuntamientos,..) a las que se destinaría la mayoría de los empleados públicos que ahora tienen las CC.AA. Los restantes, una minoría, sería personal laboral que, si no se pudieran recolocar en otras AA.PP. tendrían que ir al paro, cobrando los correspondientes subsidios por desempleo, como ocurre ahora con los ERES que hacen las empresas en crisis. Pero hay que tener en cuenta que, precisamente en el personal laboral es donde se hallan la mayor parte de los enchufados de los partidos políticos. Los empleados públicos que no han entrado en las Administraciones por oposición no tienen derecho a permanecer en ellas toda su vida laboral, pues son como los demás empleados que hay en las empresas. Por supuesto, todos los funcionarios de carrera sí que serían transferidos a las otras administraciones encargadas de prestar los servicios sociales que ahora hacen las CC.AA. Saludos cordiales.
Hola Joaquín mi humilde opinión no coincide con la de usted, verá antes de nada quiero dejar claro que el personal laboral es un colectivo que en el conjunto de las AA.PP trabaja según estable la Constitución, a saber: La Constitución establece un estatuto ineludible para todos los empleados públicos que prestan servicios profesionales para la Administración Pública, cualquiera que sea la naturaleza de su vínculo, y que se deduce de lo establecido en sus artículos 103 (apartados 1 y 3) y 23.2, y cuyas notas principales son el acceso de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y la garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, que están directamente relacionadas con los fundamentos de objetividad e imparcialidad que debe presidir la actuación de la Administración Pública (Art. 103.1 de la CE), o sea abreviando, que ha hecho una oposición como el resto de personal de la función pública, por tanto existen en todas y cada una de las administraciones de las que ha mencionado usted, incluida claro está las CC.AA.
ResponderEliminarDejando claro esto ¿Qué criterios nos llevarían a discernir quien se quedaría y quien iría al paro? Me parece poco solidario y poco fiable cualquier criterio que se propusiera y claro se tendría que hacer extensivo a todas las administraciones no sólo a las CCAA, sería lo justo ¿o no?. Por lo tanto el ERE me parece que tampoco es comparable en este caso, ni se puede aplicar después de ver como se regula el acceso a la administración de dicho personal laboral y no es una empresa privada donde trabajan, pertenece a todos y cada uno de los españoles y vela por el interés general de los mismos. Tampoco comparto esto de que la mayoría de los enchufados pertenecen a este colectivo es una pena que piense usted así. Mire en realidad usted sabe con toda exactitud como funcionario que ha sido, donde podríamos economizar en gastos de personal y cuál es el personal que tendría que desaparecer no sólo en las CC.AA sino en todas y cada una de las administraciones y no lo he visto dentro de sus recortes, me refiero a nuestro “queridísimo” personal eventual. Maravilloso colectivo que podemos definir como : aquella persona que mediante un nombramiento libre se incorpora a la Administración Pública en una relación de naturaleza administrativa, ocupando puestos de trabajo no reservados a funcionarios de carrera, desempeñando con carácter temporal y en favor de determinados órganos o autoridades, funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, pudiendo en la Administración desempeñar también determinados puestos de trabajo de carácter directivo, siendo cesada libremente por la autoridad que le nombró y en todo caso de forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su funciones. Este colectivo que cobra lo que el político de turno decide, pero que pagamos todos los ciudadanos. Vamos a hacer una nueva partida para su recorte ¿Qué le parece? (en sentido figurado claro, porque no tenemos datos según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) imaginemos que son unos 1500 puestos de trabajo eventuales, fíjese bien porque es por cada CCAA (17 en total) no voy a meter resto de administraciones, así pues, 1500 x 17 =25.500 personas y les voy a colocar un sueldo de unos 5000 € por cada mes, por lo que al año serían 5000 x 14 (incluyo pagas extras que estos si las tienen siempre) = 70.000 € cada uno.
Así pues, la cuantificación del ahorro de gasto público que se obtendrá en cada etapa del proceso de supresión de las Autonomías para el colectivo del personal eventual es la siguiente:
(Por cese o no nombramiento) 25.500 personal eventual de las CCAA x 70.000 € anuales cada uno = 1.785.000.000 de euros
El efecto colateral no lo voy a calcular porque la calculadora no tiene más dígitos y mi cabeza no da para tanto...en fin Joaquín si se pone usted a hacer recortes, recorte a lo grande no use usted a la ligera sus dotes de economista.
Firma una funcionaria de carrera de la Administración General del Estado.
Hola Susana, creo que tienes razón: el mayor recorte de empleo al suprimir las comunidades autónomas debe hacerse en el personal eventual, pues ahí está la mayor bolsa de afiliados políticos y enchufados. Y más aún: los recortes de personal no solo han de afectar a las administraciones autonómicas; también han de llegar a los entes autonómicos y a las empresas públicas autonómicas: observatorios diversos, agencias de protección de datos, institututos, TVs. públicas,....
EliminarEn definitiva, al suprimir las comunidades autónomas, a los empleados públicos de las Autonomías habrá que aplicarles la legislación laboral vigente, de acuerdo con su clase: funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual, etc.
Antes de existir las Autonomías, en 1976 había 700.000 empleados públicos en toda España. Ahora hay más de dos millones y medio. ¿Son necesarios todos ellos?. Esta es la cuestión de fondo, pues lo indudable es que las Autonomías son ruinosas, y que para mantenerlas debemos pagar altísimos impuestos todos los españoles, por lo que puede concluirse que sus inconvenientes son mayores que sus ventajas.
Hola Joaquín quizá este en lo cierto en cuanto a la supresión de las CCAA pero tenemos que hacer una remodelación profunda de la Constitución Española y no es fácil. Si no solucionamos el gasto de la clase política a través de las administraciones públicas mediante una Ley seria( a ser posible Orgánica) no habremos conseguido nada. La verdadera insostenibilidad de este país no son las CC.AA son las clases políticas, uno sólo tiene que fijarse un poco para darse cuenta, Los números cantan. Un saludo.
EliminarPor cierto ¿son necesarios tantos políticos para gobernarnos? si nos vamos a reestructurar vamos a hacerlo de forma seria ,podríamos plantearnos el porque en España hay tantas autoridades políticas, senadores,diputados, etc cobrando sueldos vitalíceos por sus antiguos cargos desempeñados en el gobierno y a su vez "trabajando" como asesores en las compañías eléctricas cobrando sueldos desorbitados.Creo que nuestros problemas económicos los generan ellos y los impuestos desorbitados para mantener esta farsa también, no los funcionarios públicos..
EliminarTotalmente de acuerdo. Las CCAA son solo uno de los medios que utilizan los políticos para expoliar a los españoles. Lo insostenible es la enorme y desmesurada magnitud de la clase política, que España no puede mantener. Ahora la lucha de clases existe entre una Clase Extractiva (políticos+enchufados) y una Clase Productiva (los restantes ciudadanos, a los que se los expolia con altos impuestos y con recortes de servicios sociales). Para solucionar la situación es indispensable cambiar la Constitución Española, a ser posible mediante un Proceso Constituyente. Saludos cordiales.
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