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jueves, 16 de abril de 2015

LAS PENSIONES SON SOSTENIBLES... SI LOS POLÍTICOS NO METEN LA MANO EN LA CAJA (NI EN LA HUCHA)



Desde que en 1978 se instituyó la democracia de partidos, los políticos sienten una atracción irresistible por las Cajas, si estas contienen dinero. Lo mismo se apropian y arruinan a las seculares y benéficas Cajas de Ahorro que a la Caja Única de la Seguridad Social, haciendo insostenibles las pensiones. Los expoliadores políticos transforman el derecho de los trabajadores a sus pensiones contributivas en una prestación benemérita del Gobierno, como si el Fondo de Pensiones fuera suyo y no de los trabajadores cotizantes. Por ello, la gestión gubernamental de las pensiones contributivas es negativa actualmente y los ciudadanos, pensionistas o no, deberían rechazarla.
Pero anteriormente no fue así: el Sistema de Pensiones dejó de ser sostenible cuando un perverso Gobierno promulgó el RD-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, llevando a cabo la tramposa operación de cambio de la naturaleza del hecho pensionista, que dejó de ser un derecho del trabajador cotizante (gestionado por sus Mutualidades) para convertirse en una "graciosa" prestación de la Seguridad Social donde el Gobierno de turno, amparándose en el principio de "Caja Única", se apropiaba del fondo de pensiones, cuyos propietarios eran los jubilados a través del Mutualismo Laboral. El derecho a la pensión se convirtió en algo incierto y, de hecho, dejó de existir para el trabajador, porque las aportaciones del trabajador ya no le conceden ningún derecho hasta que no se jubile, por lo que tampoco tiene derecho de rescate si el trabajador ha de interrumpir sus cotizaciones, aunque sea obligatoriamente.
Eso sí, en el momento de jubilarse, nace su derecho a recibir una pensión porque también comienza la obligación del Estado de pagarla, pero la cuantía de la misma ya no depende de lo cotizado, sino del dinero existente, en el presente y en el futuro, en la Caja Única de la Seguridad Social, gestionada por los políticos, quienes fijan la cuantía de las prestaciones llamadas pensiones para que el Sistema sea "sostenible". Por supuesto, las cotizaciones de los trabajadores servirán tanto para financiar las pensiones contributivas como las no contributivas, o los subsidios de desempleo, o lo que el Gobierno estime necesario. 
Ahora el dinero de la "Caja Única" -y la Caja también- están en manos de los políticos, quienes en 1978 cambiaron el tradicional y sostenible Sistema de Pensiones autogestionado por los trabajadores a través de sus Mutualidades Laborales por un nuevo sistema de reparto en el que los cotizantes de hoy pagan la pensión de los jubilados de hoy. Pero este Sistema tiende a ser inviable hoy por varios motivos: 1) porque los manirrotos políticos gestionan arbitrariamente los fondos de pensiones, 2) porque España tiene una pirámide demográfica invertida y 3) porque, en la crisis económica que todavía nos afecta, la Seguridad Social en conjunto es deficitaria, pues han disminuido sustancialmente el número de cotizantes y los salarios medios de los trabajadores. 
Entre 1978 y 2015 el Sistema de Pensiones se ha ido deteriorando porque se han adoptado medidas contra los jubilados, como los reajustes con topes de cotizaciones, los topes de jubilaciones cada vez menores, las penalizaciones injustas cambiando índices totales por anuales...
            Con el Sistema actual la pensión no se calcula según el valor actuarial de lo cotizado en toda la vida laboral, sino en los últimos años, cosa que es perjudicial para con quienes no pudieron cotizar mucho en los años previos a jubilarse pero sí a lo largo de su vida activa, y que infla de manera insostenible la nómina de las pensiones hasta no hace mucho, en los dos últimos años. Como eso inflaba de manera inviable para las arcas públicas las pensiones a pagar, se pasó a los quince últimos años. Recientemente, a los últimos veinticinco años. 
Además el Sistema de Pensiones actual está aquejado de una gran inseguridad jurídica y falta de transparencia, pues ¿qué trabajador en activo sabe qué pensión le tocará el día de mañana, y quién le garantiza que el Gobierno de turno del futuro no le bajará la pensión que esperaba cobrar?. 
Por lo tanto, hay que promover el cambio a otro Sistema de Pensiones viable y solvente a largo plazo. La reforma debe estar precedida de un profundo análisis actuarial que deje muy claro para los ciudadanos cuales son las soluciones que se adoptan. Pero eso no puede llevarlo a cabo ni la burocracia estatal laboral ni la sindical, pues debe hacerlo una entidad independiente del Estado, con su propio órgano rector -en el que haya un miembro de la Intervención General del Estado-, que gestione las pensiones con criterios solamente económicos, no políticos, de acuerdo con los principios de sostenibilidad y de equidad:
1) La Sostenibilidad del Sistema de Pensiones exige que se adopten previamente las siguientes medidas:
- El Sistema de Pensiones debe tener Autonomía: la primera medida debe ser desvincular a la futura entidad independiente, que podría llamarse Instituto Nacional de Pensiones(o algo similar), de la Seguridad Social y ponerla, como organismo autónomo, bajo la protección de la Presidencia del Gobierno; y debe desvincularse también de los Presupuestos Generales del Estado, salvo en la existencia de cantidades que se asignen como complementarias de las cuotas de los cotizantes.
- Deben realizarse los estudios actuariales necesarias para adecuar las cotizaciones de manera que respondan a los salarios reales que figuren en las nóminas y que recojan toda la vida laboral, o cotizada, del jubilado. Es imperativo suprimir los topes de cotizaciones, y dotarlas de flexibilidad, existiendo diferentes tarifas de cotización.
- La supresión de topes de cotización es urgente: todo cotizante o futuro pensionista tiene que tener confianza en que, al final de su vida laboral, recibirá una pensión que se corresponda con las cotizaciones que ha efectuado. Naturalmente es necesario fijar unas bases mínimas de cotización, pero puede haber cotizaciones superiores si son elegidas voluntariamente por cada cotizante.
Además hacen falta otras medidas para garantizar las pensiones, con reformas técnicas adecuadas. 
2) El principio de equidad en el Sistema de Pensiones se conseguirá determinando la pensión individual en función de la base de cotización, el importe de las primas y el periodo total cotizado.  También ha de tenerse en cuenta la cuantía mínima de la pensión.

Lo que es indudable es que no se obtiene la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, incluso aunque se haya aumentado la edad de jubilación a 67 años, con tímidas reformas en las que prevalece la consecución de unos objetivos presupuestarios reduciendo los pagos debidos a los pensionistas, como ha sucedido con la vigente Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Con ella, se apuntala un Sistema injusto perjudicando a los pensionistas y se consigue ir tirando unos años más, concretamente hasta 2025 cuando comiencen a notarse los efectos del baby boom de los años sesenta del pasado siglo, pero no se evita la previsible quiebra del Sistema que entonces puede producirse.
Para evitarla es preciso que se establezca antes de 2025, un nuevo Sistema de Pensiones viable a largo plazo basado en el principio de la capitalización, pero dentro de un sistema mixto de capitalización y de reparto -profesional y general, también contributivo- de un Fondo Nacional de Pensiones que habría que dotar contando con un fondo de reserva. El cambio hacia el nuevo Sistema se efectuará así:
·       Las pensiones del Sistema actual, garantizando en ellas una cuantía mínima en todos los casos para subsistencia, deben adecuarse al valor actuarial de lo realmente cotizado por el trabajador en toda su vida laboral, capitalizado a un tipo de interés razonable y moderado, y a la evolución de la esperanza de vida.
·       Paso del sistema de pensiones públicas de reparto a uno mixto en el que se integre el ahorro privado que se pueda capitalizar. Hay que proyectar un esquema de transición –que podría precisar de un largo periodo de años, para no dejar sin pensión a los actuales jubilados ni hacer que se dispare el déficit público- al sistema privado, en el cual la gente podrá cotizar para su pensión, en dinero que quedará en una cuenta que el cotizante podrá invertir en diversas opciones (renta fija, renta variable), y del que se dispondrá cuando el trabajador se jubile.
·       Es necesario que haya un proceso de transición a un sistema mixto de capitalización basado en distintos elementos de apoyo. En cualquier caso, debe existir siempre un pilar de reparto a cargo de los presupuestos del Estado, que garantice a todo el mundo una pensión mínima. Naturalmente,  para evitar riesgos (hay personas, sobre todo los jóvenes, que ven tan lejana la jubilación que no estarían dispuestos a ahorrar una parte de su nómina) el pilar de capitalización debe ser obligatorio. El tercer pilar del esquema serían las aportaciones voluntarias, es decir, aquellas que se encuentren por encima del porcentaje obligatorio (pilar de capitalización antes mencionado), que las personas decidan materializar y que estarían exentas de impuestos.
En cualquier caso, hay que tener siempre presente que la intromisión de los políticos, con su irresponsabilidad individual en la arbitraria gestión del Sistema de Pensiones, es la principal causa de su insostenibilidad económica. Los políticos cuanto menos metan la mano en las Cajas con dinero ajeno será mejor para los pensionistas actuales y futuros. Lo verdaderamente insostenible es que los políticos se entrometan en la gestión de las pensiones para conseguir únicamente su propio beneficio haciendo insostenible el Sistema, como ocurre actualmente.


                                                           JOAQUÍN  JAVALOYS.

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