Los políticos gobernantes de las entidades políticas
territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos, han procurado obtener la
mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba
o no a los ciudadanos, y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus
recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces
miniEstados que han intentado dotarse de una administración cuasiestatal,
desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.
La concurrencia de administraciones
superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de
numerosas duplicidades y redundancias.El sistema autonómico existente sufre de
falta de coordinación efectiva que produce duplicidades en la actuación y en su
coste; pues han multiplicado por 17 los
órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos
autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de cuentas, 17 Agencias de
Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de
Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin 17
de todo, como un verdadero semiEstado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas
públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las
relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en
el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras
capitales españolas.En 1999 el Gobierno vasco contaba con una única
oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho
embajadas. En los últimos nueve años el País Vasco ha destinado 27,6 millones
de euros a esta política. Lo mismo
ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania,
Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en 2009, 25,9
millones de euros.
Actualmente el grado de descentralización
del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier
Estado federal. UPyD estima en 40.000 millones de euros el despilfarro
existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y
redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación debe reducirse a unos
35.000. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que
en 2014 las CCAA costaron 81.144 millones de euros, solo en personal y gastos
corrientes.
Además, hay que tener en
cuenta que en marzo de 2011 los empleados públicos en las CCAA eran 1.748.160,
y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica por el
traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el empleo
público en las Autonomías -que ha favorecido principalmente a militantes de los
partidos y a otros enchufados-, ha aumentado en 415.316 personas; ya que en
enero de 2009 los empleados públicos solo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a
que las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder
ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.
Ante estas cifras un observador
extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías,
deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados
públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por
duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso!. Lo que ocurre es que, los
gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto
importante para ellos, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente,
la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las
Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista
Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima
de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien!…pero
¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran
inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie,
ni siquiera de los contribuyentes.
El
problema es de base…Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que
gastan en la Sanidad –entre un 15 a 20% menos, según los expertos- y esa
diferencia continúa acumulándose. La infrafinanciación es el principal problema
que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo
que no dicen es que esa infrafinanciación se debe a que la prestación de
servicios sanitarios es, por economías de escala un 30-40 % más caro si lo gestionan
17 CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado.
Por ello,
como demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de
abril de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en
diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios
sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación si
la prestan 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades
y redundancias.
En definitiva, lo que resulta
indudable es que nuestro modelo autonómico esmuy ruinoso para los ciudadanos,
que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestosque
son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CC.AA., que ellas
mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo
endeudamiento.
Pero ¿existe alguna manera de
eliminar las duplicidades Estado-CCAA?. Por supuesto que sí: hay varias formas
de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías,
aunque ello tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía
territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para
eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque los
partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA
en vez de refundar el Estado ya que las Autonomías son una fuente de poder y de
puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos
políticos. Las CC.AA. mantienen a legiones de políticos y de enchufados.
Para eliminar las
costosas duplicidades Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es
revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, porque
aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 CE es asumible, la
aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2 CE, referente a la
posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia
exclusivadel Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente
realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración
residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que
le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y
redundancias existentes;pues todos los españoles, independientemente del lugar
en que habiten deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad
similar; pero ya sabemos que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña,
aplican prioritariamente los recortes presupuestarios a la Sanidad y a otros
servicios sociales en lugar de hacerlo en asuntos identitarios y en “adelgazar”
administración y empresas públicas.
Además, es
indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías
territoriales en un nivel semejante para todos los territorios autónomos y
establezcan techos competenciales.
Antes o después
deberemos entrar en razón, y sea para lograr el bien común o por imposición de
Europa ante la insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que
conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con el café para ninguna
comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no
atractivo. Y la amargura del café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable;
es decir, solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo,
en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles,
como ahora. ¡Ah!, y cuando digo autofinanciación de la autonomía, quiero decir
que sea suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la
deuda pública de cada comunidad autónoma. Y la amargura del “café” se
conseguirá asimismocuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no
ampliables con transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el
“café” autonómico será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para
los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por
supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre
podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen
común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los
partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no
modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y
ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y
PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar
profundamente las Autonomías?. Pues sencillamente luchar democráticamente
contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige
llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:
-
Influir en la opinión
pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desapareceresas
costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.
-
Exigir la devolución al
Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras
que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.
-
Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas
duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías, la devolución al
Estado de las competencias de Sanidad, Eduación y Justicia; o, incluso, la
eliminación de las ruinosas comunidades autónomas, tras la necesaria reforma de
la Constitución.
JOAQUÍN JAVALOYS
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