Colón, una vacuna de doble dosis

Si la primera concentración en Colón hace dos años obligó a congelar el oprobioso pacto con Torra, la reedición de la protesta este domingo debería servir para imposibilitar el asalto al Estado de derecho

 

ULISES CULEBRO

A veces, para no perderle la cara a la gravedad del momento sometido al imperio de la mentira, hay que recurrir a la farmacopea del humor. Por eso, parafraseando al escéptico personaje de una vieja viñeta de Chumy Chúmez, muchos convendrán igualmente: "Yo ya no creo ni en lo que NO dicen los gobernantes". No es para menos al asistir a la mascarada de Pedro Sánchez para presentar como muestra de magnanimidad su "autoindulto" -ha precisado el Tribunal Supremo, al beneficiar a quienes le sostienen en La Moncloa- a los golpistas del 1-O de 2017 y que, en realidad, entraña magnanimidad consigo mismo. Si la caridad bien entendida empieza por uno mismo, otro tanto cabe argüir cuando se obra, de modo tan impúdico, en provecho propio.

Sánchez ejemplifica que, cuando se quebrantan las leyes pretextando un supuesto interés público, se anticipa su violación en interés privado. Como ya materializó con el uso inconstitucional del estado de alarma, a la luz de lo que defiende el ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional, no para luchar contra el Covid-19, sino para atribuirse poderes cesaristas. En este sentido, importándole un comino desdecirse de la palabra que comprometió con los votantes, Sánchez desdora el Estado de derecho con un presumible acto de desviación de poder que deja impunes los delitos de sedición y malversación de quienes no sólo presumen de que volverán a hacerlo, sino que urden reemprender la tarea de la forma tan minuciosa que describe la documentación incautada por la Guardia Civil a Xavier Vendrell -ex miembro de la banda terrorista Terra Lliure y ex conseller de ERC en el tripartito presidido por el socialista Maragall- en una investigación judicial sobre la apropiación de caudales del erario para la actividad ilegal del prófugo Puigdemont en Waterloo.

Con pruebas tales como esta hoja de ruta de la secesión en marcha, Sánchez contrae, como cooperante necesario que no puede alegar ignorancia, una responsabilidad tipificada en el Código Penal. Ante ello, lanza una cortina de humo para velar "la evidencia de nuestros ojos y oídos", según proclamaba el Gran Hermano orwelliano, vociferando su beneplácito con la carta-trampa del preso Junqueras divulgada en conexión con La Moncloa en la que, contrariamente a lo subrayado por algunos exégetas empeñados en leer lo que no dice su signatario, el líder de ERC no renuncia a la amnistía y a la autodeterminación, como figura negro sobre blanco en el pacto de investidura de Aragonès con JxCat y la CUP. Dispuestos a transigir, como los cortesanos del rey desnudo se empecinaban en ver los hilos invisibles del intangible traje de su monarca tejido por unos charlatanes que se decían a sí mismos sastres, estos corifeos aplauden que un condenado haga la merced de aceptar un indulto que derivará luego en amnistía de facto mediante la rebaja del delito de sedición que Sánchez prometió agravar, permitiendo el retorno de un Puigdemont del que dijo que lo pondría a buen recaudo de la Justicia.

Al deberle parecer cosa cicatera tal gentileza, Sánchez se presta a sentar en la mesa de la negociación a Junqueras para pactar una consulta que, tras una fase de apaciguamiento y al no poder acordar la autodeterminación, desatará la reanudación de las hostilidades con la bomba del agravio bien cebada para un secesionismo que, en este mundo del revés, es maestro en el arte de colocar sobre su rostro la máscara del humillado. Como diagnostica el filósofo francés Pascal Bruckner en La tentación de la inocencia, la victimización es la versión fraudulenta de un privilegio que, para más inri, gratifica, con el inesperado regalo de eludir las consecuencias de sus fechorías, a quienes el ensayista galo pone rostro de un viejo bebé gruñón flanqueado por un abogado y en el que muchos verán a Junqueras.

Por fas o por nefas, Sánchez y Junqueras conforman una sociedad de socorro mutuo. De un lado, al inquilino de La Moncloa le asiste el golpista para completar la legislatura y alcanzar el semestre de presidencia española de la Unión Europea para, alzado sobre esa peana, concurrir a las elecciones con mejores perspectivas, como proyectó Zapatero sin que su propósito rindiera el fruto apetecido. De otro, Junqueras, consciente de que no hallará mejor compañero de ruta que un presidente sin escrúpulos, piensa que hay que sostenerlo como sea, al igual que opinan los soberanistas vascos de PNV y Bildu, para socavar del Estado y lanzar una nueva tentativa con sus instituciones sin capacidad de reacción. A este fin, la mesa de negociación serviría de ariete contra el régimen constitucional en pro de un referéndum de autodeterminación pactado o impuesto, sin descartar la declaración unilateral de independencia. Por esa senda, se encamina el PNV, como pregona su presidente, Andoni Ortúzar, con un nuevo estatuto que será una variante de la cepa del fallido plan Ibarretxe, pero con las mismas secuelas para España.

De momento, Sánchez facilita el tránsito: legitimó primero el golpe del 1-O y ahora lo legaliza con su indulto que, en paralelo, dispensa la cédula de "presos políticos", no de políticos presos por sus delitos, a sus autores. Al tiempo, buscando que la condena del Tribunal Supremo sea ya papel mojado antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revise los recursos de los alzados, La Moncloa allana la tramitación, en el Consejo de Europa, del informe sobre los sucesos de 2017 del relator letón, Boris Cilevics, socialista del partido prorruso Harmony, cuya parcialidad empieza desde el título -"¿Deben los políticos ser procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?"- y ya no para en barras.

El espontáneo corrobora las sospechas que desató cuando, en su gira española en 2020, admitió a los fiscales del procés que no se había leído la sentencia. Ni falta que le hacía a un postulante al relator internacional que Sánchez consistió en su claudicación de Pedralbes y que paralizó a raíz de la concentración constitucionalista de febrero de 2019 en la madrileña Plaza de Colón. Un éxito que sus promotores disiparon entre complejos y desavenencias. Como también las marchas de Sociedad Civil en Cataluña a raíz del golpe de Estado. Otro tanto con las victorias constitucionalistas en las urnas catalanas, bien por falta de audacia (Arrimadas), bien por falta de convencimiento (Illa).

Frente a esa realidad incontrovertible, los socialistas diseñan una estrategia de control de daños que aporte aire de normalidad a ese viaje sin retorno con embelecos tales como la ocurrencia del ex ministro Illa de auspiciar un referéndum sobre el "marco de convivencia, no sobre la autodeterminación". Desde el tripartito con ERC que aupó a la Generalitat a Lorenzaccio Maragall, -evocando al primo de Lorenzo el Magnífico que se situó al lado del tirano Alejandro de Médicis para asesinarlo e iniciar un nuevo tiempo en Florencia que no sería tal al conservar incólume el crimen y la corrupción-, el PSC ha sido, más que freno, acelerador del separatismo. De hecho, ha coadyuvado a hacer del pequeño partido independentista que era la ERC de Carod-Rovira una fuerza preponderante y promotora de la independencia al empujar a Puigdemont cuando éste se inclinaba a convocar elecciones para evitar la intervención de la autonomía.

Como desgranó el ex diputado Joan Tardà en 2016 en Jot Down, ERC propició en 2003 los tripartitos con el PSC para normalizar el independentismo y fue un éxito; en 2004, invistió a Zapatero en base a que, "como los independentistas sólo somos el 12% y hemos de sacrificar una generación, vamos a hacer con la izquierda española una parte del viaje hasta la estación federal para que no sean dos las generaciones perdidas". "Cuando lleguemos al estado federal -concluía- «la izquierda española bajará del tren y nosotros continuaremos hasta la estación final que es la República de Cataluña". Más claro, agua.

En ese ínterin, Sánchez y Junqueras juegan a la ruleta rusa sobre la sien de España con la anuencia del establishment catalán que hace un negocio del independentismo. Bajo la amenaza de la independencia y viviendo como si hubiera sido declarada, saca réditos mediante un arancel permanente que provee de financiación privilegiada a una Cataluña expoliada por una clase gobernante que hace caja al grito del España nos roba u otros sucedáneos. No cabe mejor fenotipo que el consejero de Economía, Jaume Giró. En una muestra de corrupción circular, llega al cargo apadrinado por un reo del 1-O, Jordi Sánchez, dirigente de JxCat, tras sufragarle un sueldo en el fulgor del procés como ejecutivo de La Caixa a la que esa revuelta obligó a deslocalizar su sede. Como en la trama chestertoniana de Un hombre llamado Jueves, en Cataluña, nada es lo que parece.

Para blindar ese asimétrico statu quo, La Moncloa favorece la extensión de la prensa del procés, con la publicación en noviembre de 2009 del editorial único para presionar al TC sobre el Estatut recurrido por el PP y avaladora luego de toda la deriva independentista bajo la mano pródiga de la subvención, al resto de España para forjar un clima de opinión propicio. Fue lo que tramó Bismarck para ganar la guerra prusiana-austriaca en 1866 a través de un fondo secreto destinado a actividades propagandísticas dentro y fuera de las fronteras alemanas.

Como comenta un escolar a otro camino de la escuela en otra tira de Chumy Chúmez: "Si no fuera porque piden fechas, la Historia de España sería facilísima porque siempre es lo mismo". Para Chumy, donde confluyen el marxismo ideológico (de Carlos Marx) y el marxismo humorístico (de Groucho Marx), la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, como sintetizó el primero en El 18 brumario de Luis Bonaparte, pero sin desechar una inversión de su orden. De esta guisa, farsas como la de 2017 contra la legalidad constitucional y la integridad territorial pueden desencadenar tragedias pretéritas al dilapidarse la lección de una historia a la que se afrenta olvidándola o distorsionándola.

Por eso, si la primera concentración en la Plaza de Colón de 2019 obligó a congelar el oprobioso pacto de Pedralbes con Torra y que ahora retoma Sánchez con Aragonès, la reedición de la protesta este domingo, a instancias de Unión 78, al modo de vacuna de doble dosis, debiera servir para imposibilitar el asalto al Estado de derecho y la colonización de sus instituciones por un secesionismo que, teniendo a Sánchez como rehén, pretende extender el procés a toda España bajo la artificiosidad de un Estado plurinacional con las facilidades de quienes pasan por constitucionalistas y festejan el caballo de Troya que les dona un separatismo sitiador. Ojalá que, como dijo la madre de los Pagaza con el recuerdo vivo del hijo asesinado por ETA, no haya que exclamar con dolor herido de desencantada socialista: "¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!".

 

                                                                            FRANCISCO ROSELL  Vía EL MUNDO