En el primer día
de julio, el todavía presidente del Gobierno Sr. Rajoy ha invitado a una cena
privada en un restaurante del antiguo Madrid al rey emérito don Juan Carlos y a
los presidentes antecesores suyos en el cargo: Sres. González, Aznar y
Rodríguez Zapatero. ¡Una reunión singular!, la de estos mayorales de los
políticos que han pastoreado a los españoles desde 1978.
Y ¡una reunión
excepcional!, que no ha pasado desapercibida. Este ¡prietas las filas! de la
vieja guardia del partidocrático Régimen del 78 debe haber tenido una
importante finalidad que desconocemos. Ahora, tras las elecciones autonómicas y
municipales del 24 de mayo pasado, la fortaleza del bipartidismo ha quedado
seriamente dañada ante la juvenil agresividad de los nuevos partidos, que
prometen regeneración democrática y erradicar la corrupción.
La reunión de
los cuatro presidentes o ex presidentes del Gobierno, pertenecientes a los dos
grandes partidos que han gobernado España en los últimos 33 años, ha de tener
una importante motivación, tal vez sus pésimos resultados electorales, que abren
un interrogante sobre el futuro político de España y de sus viejos partidos:
¿vamos hacia un tiempo nuevo sin corrupción sistémica en los partidos?. En cualquier
caso, lo más verosímil es que los asistentes a la cena hayan comentado su
preocupación ante sus desfavorables expectativas políticas, a pesar de que
habían dejado todo "atado y bien atado".
Otra posibilidad
es que esa excepcional junta de rabadanes, con apariencia de despedida en el
presente ocaso de la partidocracia tradicional ¿no será más bien todo lo
contrario?; es decir, un encuentro de mayorales de los poderes fácticos o
"coalición dominante" para apuntalar la declinante partidocracia
mediante acuerdos de modificaciones parciales en el sistema, para que todo siga
como hasta ahora: con unos viejos partidos cupulocráticos, autoritarios,
endogámicos que tratan a los españoles como menores de edad política, por lo
que les suministran listas cerradas y bloqueadas de candidatos a representarlos
políticamente; y consiguientemente los políticos finalmente elegidos solo están al servicio de su partido y no se consideran mandatarios de los
ciudadanos.
Por nuestra
parte los ciudadanos, cuando vemos las fotografías de esta reunión de mayorales
políticos nos quedamos un momento desconcertados; pero, enseguida pasamos a
recordar los comportamientos de los asistentes a la cena a lo largo de los
últimos años y, dejando aparte al rey emérito de nuestra democracia
parlamentaria por su secundario papel constitucional, nos dedicamos a rememorar
severamente las actuaciones de los sucesivos presidentes de Gobierno que España
ha tenido que soportar, por sus prácticas como gobernantes.
Iniciamos nuestro
repaso subrayando el dato de que la partidocracia oligárquica y despilfarradora
gobernante de España se generó en la Transición democrática, consolidándose en
el último cuarto del siglo XX. Efectivamente, tras las medidas democratizadoras
introducidas por el presidente Suárez, que fueron frenadas por el intento de
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en las elecciones generales del 28
de octubre de ese año el PSOE se impuso como vencedor con una mayoría absoluta
amplia, obteniendo 202 diputados mientras que UCD se hundió y sacó solo 12
escaños, pues una gran parte de sus votantes recalaron en Alianza Popular, que
obtuvo 102 escaños.
Algunos creyeron que
los socialistas, que gobernaban con mayoría absoluta, refundarían la
democracia; pero el partido de Felipe González no solo mantuvo invariable el
sistema político acordado en la Transición sino que politizó el poder judicial
e intervino en la sociedad civil para desarmarla. Si los socialistas hubieran
preferido la ruptura total con el régimen franquista anterior, hubieran podido llevarla
a cabo, democráticamente, con su mayoría absoluta en el Congreso de los
Diputados.
En cuanto al desarrollo
de las Autonomías, del “café para todos” de Suárez se pasó, con el "federalismo"
del PSOE a la “barra libre”, concediéndose a las comunidades autónomas todas
las transferencias de competencias que demandaban en unas reformas estatutarias
cada vez más reivindicativas, porque nacionalistas y no nacionalistas creían
que a mayores competencias transferidas tendrían más poder territorial.
Desde 1982 la
supremacía del PSOE sobre la derecha se mantuvo durante varias legislaturas. En
todos esos años el sistema político español permaneció invariable y se
consolidó como una partidocracia corrupta. Además, cuando en alguna elección
general el PSOE no obtuvo mayoría absoluta de diputados se vio obligada a
gobernar negociando compensaciones a los partidos nacionalistas para conseguir
su apoyo; pero éstos, insaciables, reclamaron continuamente más y más
competencias y recursos. Por supuesto, la
Ley Electoral favorecedora de los nacionalistas y perjudicial para los partidos
estatales no mayoritarios solo se modificó levemente en 1985, por lo que entonces
se formalizó la consolidación de las desigualdades que tenía la
preconstitucional ley de 1977 sobre normas electorales y se mantuvo el sistema
de listas cerradas y bloqueadas que han permitido a los partidos dominantes
secuestrar y tutelar nuestra democracia, convirtiéndola en una partidocracia
oligárquica y avasalladora.
A la sociedad civil se
la marginó del poder y de la toma de decisiones, pues miembros de los partidos
políticos invadieron las asociaciones y las politizaron, poniéndolas a su
servicio.
El PSOE, a pesar de
tener mayorías absolutas de diputados en varias legislaturas, no supo hacer de
España un Estado democrático y modélico, ni siquiera tras la integración de
España en la Comunidad Económica Europea en 1986. ¡Se perdió entonces una gran
ocasión histórica!. Finalmente, con el felipismo triunfante se consolidó una
partidocracia caciquil avasalladora y corrupta. A continuación repasamos
brevemente algunos de sus principales hitos:
1) Politización
del Poder Judicial.
La salud de un país
democrático está directamente relacionada con la garantía de la separación de
poderes. No hace falta teorizarlo: es de primero de EGB de democracia. La
separación de poderes es tan consustancial al sistema democrático como el
sufragio universal, o más si cabe, porque el sufragio universal solo será el
instrumento de una verdadera democracia en la medida en la que la separación de
poderes esté garantizada.
Por ello, el mayor
atentado contra la democracia española no tuvo lugar el 23-F, porque fue otro
que se llevó a cabo ¿democráticamente?, cuando el Parlamento aprobó la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Al tratarse de una ley
orgánica tuvo que ser aprobada por mayoría cualificada, lo que hacía necesario
que, como mínimo, también el mayor partido de la oposición votara
favorablemente el proyecto de ley aprobado previamente por el Gobierno. La Ley
del Poder Judicial salió adelante con el voto favorable de los principales
partidos, pues a la partidocracia española le interesaba politizar la Justicia,
aunque se resintiera la división de poderes en nuestro Estado de Derecho. En
ella se estableció que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el
órgano de gobierno de los jueces, serían elegidos por el Congreso y por el
Senado; lo que exige un consenso entre los partidos mayoritarios.
Si se tiene en cuenta,
además, que en el artículo 159.1 de la Constitución de 1978 se establece que
“el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de
ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus
miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial”, resulta que los miembros del
Tribunal Constitucional, lo mismo que los miembros del Consejo General del
Poder Judicial son elegidos por los diputados y senadores, es decir, por el
Poder Legislativo; o sea, en último término por los partidos mayoritarios que,
de esta forma, han invadido los órganos supremos de la Justicia en España,
politizando el Poder Judicial. El Poder
Judicial en España depende del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo tanto en
su estructura como en su funcionamiento; o sea, en último término depende de
los partidos políticos, que han intervenido y politizado la Justicia en su
propio beneficio, degradando la democracia. Los tres Poderes integrantes del
Estado dependen de la partidocracia avasalladora, no solamente del partido
gobernante.
2) El Gal:
Terrorismo de Estado.
Entre 1983 y 1987 los
Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) cometieron 27 asesinatos. Los GAL
fueron agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado
mediante “guerra sucia” contra ETA y su entorno. Los GAL fueron financiadas por
altos cargos del Ministerio del Interior. Sus crímenes tuvieron como víctimas a
dirigentes y miembros de ETA, a gente del entorno de esa banda terrorista y
también a varias personas que no tenían ninguna relación con esa banda y su
entorno. Entre estos últimos destaca el secuestro del ciudadano francés Segundo
Marey.
3) Financiación
irregular de los partidos políticos.
Los partidos políticos
se financian en España por un sistema mixto; o sea, tanto con recursos públicos
como privados. La primera regulación de la financiación de los partidos se hizo
por la Ley Orgánica 3/87. Por el sistema mixto de financiación, los partidos
políticos obtienen recursos por una parte de las aportaciones de la ciudadanía,
y por otra de la Hacienda pública en proporción a su representatividad (escaños
obtenidos) como medio de garantía del sistema, pero también de su suficiencia.
Las aportaciones privadas han de proceder de personas físicas o jurídicas que
no contraten con las administraciones públicas, ser públicas y no exceder de
límites razonables y realistas. En la financiación privada puede hacerse uso de
medios ilegales e inmorales (extorsión). Según Antonio Argandoña[1]
“son ejemplos de actuaciones de este tipo la exigencia de “comisiones” por la adjudicación
de contratos, obras, servicios y suministros públicos, o por la recalificación
de terrenos, etc., o la simple promesa de un trato de favor para los donantes
(o la amenaza de un trato contrario para los que se nieguen a colaborar en la
financiación del partido o candidato)”.
Por su parte, Carlos
Abella[2] se
ha referido al “escándalo de las denuncias de soborno del concejal del
Ayuntamiento de Madrid Alonso Puerta, que acusaba a varios cargos municipales
socialistas de cobro de comisiones. Casi en silencio se produjo la suspensión
de militancia en el PSOE de Alonso Puerta, acaecida el 26 de septiembre de
1981, y la posterior dimisión de tres concejales socialistas por solidaridad
con el denunciante, producidas el 8 de octubre. En vano pidió UCD en el
Ayuntamiento de Madrid la dimisión del alcalde Enrique Tierno Galván.
Los ciudadanos no
atisbaron que junto a un PSOE moderado y un Felipe González hombre de Estado,
con el socialismo se incubaba la corrupción como fórmula de adulteración de las
relaciones entre los administrados y los administradores y de enriquecimiento
personal de muchos cuadros del PSOE”.
En efecto, hace unos
años EXPANSIÓN celebró su vigésimo aniversario elaborando veinte artículos
sobre los veinte días que conmovieron España. Uno de esos artículos se refería
a la financiación irregular del PSOE, especialmente al caso Filesa. Su autor
fue L. Ramírez. A continuación voy a reproducir, literalmente, una parte
de ese artículo que se titula Estalla el “caso Filesa”. Dice así:
“A finales de mayo de
1991 reventó uno de los mayores escándalos de la historia política española.
Varios bancos y empresas pagaron ciento de millones de pesetas a pequeñas
sociedades, relacionadas con la financiación del PSOE, a cuenta de unos
estudios que jamás se realizaron.
El PSOE se vio afectado
por uno de los escándalos financieros más sonados de la historia política
nacional: el “caso Filesa”. La noticia saltó el 29 de mayo de 1991, cuando
varios medios de comunicación acusaron al PSOE de financiación irregular a
través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export.
Entre 1988 y 1990,
estas sociedades cobraron cientos de millones de pesetas, en concepto de
estudios de asesoramiento, a destacados bancos y empresas, informes que nunca
llegaron a realizarse. Estos fondos fueron empleados, supuestamente, para
financiar el coste del referéndum de la OTAN en 1996, y en la campaña electoral
del PSOE en 1989.
Entre las personas
implicadas en estas operaciones ilegales de obtención de fondos se encontraban
el senador socialista y diputado autonómico, Josep María Sala, el diputado del
PSOE por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del partido,
Guillermo Galeote.
Además, fueron
procesados los gestores de Filesa, Luís Oliveró y Alberto Flores, los
empresarios Eugenio Marín y Francisco Molina, así como la secretaria de
Finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su marido, Miguel Molledo.
Los principales
partidos políticos no pusieron el grito en el cielo por la oscuridad que
siempre ha caracterizado a la búsqueda de fondos para financiar campañas
electorales...
...El caso llegó al
Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre de 1997. Ocho personas
fueron condenadas por esta trama, que servía como una tapadera para ingresar
dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las cuentas del PSOE".
La corrupta actuación
del PSOE creó escuela y fue copiada por otros partidos políticos. Por ello es preciso
subrayar cómo se ayudan unos partidos a otros, sobre todo los mayoritarios,
cuando se trata de tapar sus propias corrupciones, llegando incluso a indultar
a los actores de esas corrupciones, como hizo el presidente Aznar con los
corruptos del PSOE por el "caso Filesa” en el año 2000. ¡Resulta
enternecedor comprobar cómo el gobierno del PP fue comprensivo con las
corrupciones del adversario PSOE por financiación irregular, e indultó
generosamente a los corruptos!. ¿Será
tal vez que “favor con favor se paga” en la partidocracia española?.
Posteriormente,
durante los gobiernos de Aznar que comenzaron en 1996 y 2000 se intensificó la
partidocracia, que ya estaba asentada firmemente en España, y se consolidaron
las Autonomías como reparto caciquil del poder a nivel territorial. Efectivamente,
entonces se ampliaron las competencias de las comunidades autónomas, sobre todo
en el cuatrienio 1996-2000, pues al no disponer el PP de la mayoría absoluta de
diputados en el Parlamento tuvo que negociar con los nacionalistas catalanes o
vascos, y en el año 2002, a pesar de contar ya el PP con mayoría absoluta de
diputados en el Congreso de los Diputados, acabó transfiriendo completamente
las competencias de Sanidad y de Educación a las comunidades autónomas, con el
perverso resultado disgregador de España que era previsible, que se concretó en
hacer desiguales a los españoles en la recepción de servicios sociales en
función de su lugar de residencia.
Ese proceso siguió debilitando al
Estado central y robusteciendo a las comunidades autónomas; sobre todo a
aquellas en las que gobernaban unos nacionalistas que, en los últimos años,
habían mostrado ya unas pretensiones secesionistas que se concretaron
posteriormente en el Plan Ibarreche en Euskadi o en el vigente Estatuto de
Cataluña cuyo texto aprobado en el Parlamento catalán tuvo que ser corregido
sustancialmente por el Tribunal Constitucional.
Más
tarde, con los gobiernos de Rodríguez Zapatero se puso a España “patas arriba”
porque el concepto de nación, según Zapatero, es “discutido y discutible”, algo
que tal vez no sabían los padres de la Constitución de 1978. Zapatero, con su
visión confederal del Estado, permitió que se pusiera en cuestión el sistema
político español aceptando el proyecto de Estatuto de autonomía que el parlamento
de Cataluña elaboró y aprobó. Menos mal que, tras cuatro años de inactiva
actividad, el Tribunal constitucional sentenció la inconstitucionalidad de
algunos preceptos del Estatuto catalán. De la partidocracia avasalladora, tan
querida por el PSOE y el PP, no se puede esperar demasiado respecto a su
actitud hacia los nacionalistas, dado su comportamiento en los años que llevamos de
democracia; pero sí que hemos de tener en cuenta sus acciones antidemocráticas
y caciquiles que les han llevado a bordear la ley en algunas ocasiones, pues
son inolvidables sus actuaciones corporativas con manifiesto desprecio de la
voluntad popular.
La representatividad popular del
sistema político español no se ha modificado sustancialmente ni mejorado en las
etapas de gobierno de Zapatero, aunque la partidocracia gobernante se ha hecho
más autoritaria y corrupta.
En
cuanto al actual Gobierno de Rajoy ya son conocidas sus actuaciones: 1) no
aplicación de la mayor parte de sus promesas electorales, especialmente
subiendo los impuestos en lugar de reducirlos, con el consiguiente desencanto
de su electorado, que en gran parte le ha abandonado en las recientes
elecciones celebradas el 24 de mayo pasado; 2) pasividad ante el proceso
soberanista catalán promovido por CDC y ERC; 3) Ley Gallardón para que los
miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos totalmente por
los partidos políticos; 4) Gigantesco crecimiento de la Deuda Pública, pues el
Estado financia, con el Fondo de Liquidez Autonómico, a las comunidades
autónomas despilfarradoras; 5) Ley Mordaza;..........
En fin, a todos nos suenan ya los
nombres de Flick, Filesa, Naseiro, Malaya, Pretoria, Gürtel, Palma Arena, Palau, Púnica, Bárcenas y las
acusaciones recíprocas entre CiU y PSC en el Parlamento de Cataluña, acerca de
su financiación irregular a costa de los contratistas de obras y servicios
públicos, es decir, de los contribuyentes, en última instancia. No hace falta
insistir aquí, por conocidas y recientes, en las acusaciones existentes sobre
la financiación irregular del PP (y de otros partidos) que, según ha dicho
Bárcenas, existe desde 1982. Sobre esta acusación, los jueces tendrán que
emitir sentencia en su momento.
Hasta aquí se ha
hecho un breve resumen recordatorio de las hazañas que han protagonizado los
presidentes del gobierno de España en las últimas décadas, como paladines de
una partidocracia que tanto ha perjudicado a los españoles.
Por
ello, actualmente como los ciudadanos nos consideramos ya mayores de
edad política, cada vez nos distanciamos más de los partidos viejos comandados
por los rabadanes comensales reunidos para cenar en Casa Lucio el pasado 1 de
julio, y les exigimos regeneración democrática, comportamientos éticos y
sometimiento de las cúpulas de los partidos a la voluntad de sus afiliados,
especialmente en cuanto a la elección de los candidatos a puestos electivos,
pues quieren que sean elegidos en primarias por todos los afiliados. Por ello,
en los últimos años van creándose partidos nuevos que afirman su compromiso de cumplir
estas exigencias populares.
Ahora los
Ciudadanos Podemos y queremos devolver la soberanía popular a los españoles,
para que sean estos los que elijan directamente a sus representantes políticos,
sin necesidad de que los partidos nos tutelen proponiendo a los candidatos en
listas cerradas y bloqueadas.
Estas exigencias
ciudadanas chocan con el comportamiento pasado y presente del PP y del PSOE,
por lo que cada vez tienen menos votantes, lo que ha abierto una enorme brecha en
el declinante bipartidismo, e incluso ha dado lugar a que se cuestione la conveniencia del
mantenimiento del Estado de partidos o Partidocracia dominante hasta ahora. Por
ello, las fotografías de los asistentes a la mencionada junta de rabadanes han
sorprendido desagradablemente a la mayoría de españoles que hemos estado siendo expoliados
por los partidos políticos y por otros colectivos extractivos en las últimas
décadas.
Menos mal que en
esa anacrónica junta no participó el rey Felipe VI; pues ello abre la esperanza
de que el jefe del Estado, ajeno a las lamentables actuaciones partidistas que
hemos recordado, acoja favorablemente el nuevo tiempo político que la sociedad
española necesita y demanda.
JOAQUÍN
JAVALOYS
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