Antes, los "buenos padres de
familia" solo gastaban el dinero que tenían disponible, sin endeudarse, y
los políticos -que eran honrados- solo gastaban lo que la administración
pública tenía disponible en sus presupuestos.
Posteriormente los particulares
descubrieron que los objetos duraderos, como una casa o un automóvil, podían ser
comprados a plazos, pagando inicialmente solo una entrada, de un pequeño porcentaje
del valor total de lo comprado, tras cuyo pago se podía iniciar el uso y
disfrute del bien.
A su vez, los políticos -que suelen
actuar con visión de corto plazo- comprendieron que si, en lugar de gastar
solamente lo disponible presupuestariamente, endeudaban a largo plazo a su
correspondiente administración pública, podrían llevar a cabo grandes e importantes obras públicas que harían
visiblemente positiva su labor.
En consecuencia, nuestro actual modelo
económico se sustenta en la práctica de endeudar crecientemente a los hogares y
a las administraciones públicas, lo que tiene una consecuencia lógica: cada vez dependemos más de quienes nos
prestan dinero pues, cuando no reembolsamos nuestras deudas y pagamos los
intereses debidos, si queremos que nos refinancien nuestras deudas hemos de
cumplir sus condiciones, generalmente onerosas.
En principio, endeudarse no es bueno ni
malo, porque depende del tipo de gasto que se lleve a cabo con el dinero
prestado. Si lo invierte en actividades productivas que generen bienes y
servicios, además de aumentar el empleo obtendrá ingresos suficientes para
pagar intereses y para amortizar lo prestado a su vencimiento. Si el préstamo
se aplica a gastos corrientes innecesarios o redundantes, lo recibido no será
autofinanciable y necesitará ser refinanciado por los acreedores, que impondrán
más severas condiciones para su reembolso.
Nos quejamos de los mercados y de los acreedores
especuladores, pero somos nosotros; o, mejor dicho, nuestros representantes
políticos quienes acuden a ellos para endeudarnos, pero sin consultarnos.
Entonces, habrá que seguir las reglas establecidas por los acreedores
(obviamente no adoptadas democráticamente y, tal vez, injustas al ser
establecidas unilateralmente por la parte contratante dominante), tanto para
endeudarse como para refinanciar, en todo o en parte, las deudas. Finalmente, cuando el deudor es el propio gobierno de
una nación, tendrá que adaptar su política económica, con la consiguiente
pérdida de soberanía, a las condiciones que les impongan sus acreedores. Es
decir, que la política de un Estado será menos autónoma cuando aumente su
volumen de deuda pública.
En la antigua Grecia, hace dos mil años,
los ciudadanos libres que no pagaban sus deudas pasaban a ser esclavos de su
acreedor; pero cuando posteriormente las abonaban entonces volvían a recuperar
su libertad y dejaban de ser esclavos.
Ahora, dos mil años más tarde, sigue existiendo otra
especie de esclavitud personal por deudas. Y una esclavitud peor que la de
hace dos mil años; ya que la actual no depende de la voluntad del ciudadano ni
para contraerla ni para amortizarla, pues son los políticos gobernantes los que
nos endeudan sin consultarnos; pero seremos nosotros, nuestros hijos y, tal
vez, nuestros nietos los que pagaremos con impuestos las deudas que los
políticos despilfarradores e irresponsables contraen hoy. La carga que supone para
las hipotecadas generaciones futuras la excesiva deuda pública es tan injusta
como irresponsable, porque puede llegar a ser una burbuja inmanejable que
explotará antes o después.
Un reciente informe de la OCDE concluía que
algunos de sus Estados miembros tienen un excesivo volumen de deuda pública,
entre los que citaba a Grecia y a España.
En efecto
en el año 2007, antes de que comenzara la crisis, en España la deuda
pública existente (en términos Protocolo de Déficit Excesivo) era de 383.798
millones de euros (el 35,50 % del PIB); pero actualmente su deuda pública se ha
triplicado y se sitúa en el entorno del 100 % del PIB, gracias a los
despilfarradores gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, obstinados en
financiar clientelarmente a unas ruinosas Autonomías insostenibles
económicamente.
A todos estos datos hay que sumar la deuda pública que no se ve,
es decir, la que no se contabiliza de forma oficial a través del denominado
procedimiento de déficit excesivo (PDE). España es uno de los países con mayor deuda oculta de toda la zona euro, y el problema es
que ese enorme endeudamiento no deja de crecer.
En efecto, el conjunto del Estado
cerró el pasado año con una deuda
total de 1,52 billones de euros, equivalente al 144% del PIB, según
las últimas cifras publicadas por el Banco de España. Esto implica unos
492.000 millones de euros más que la cifra oficial de deuda pública, pues incluye
también, entre otras cosas, la deuda de las empresas públicas, el banco malo
(Sareb), el Fondo de rescate bancario (Frob), el conjunto de avales y créditos
comerciales del sector público, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la
famosa hucha de las pensiones) o los préstamos entre las distintas
Administraciones -Fondo de rescate autonómico (FLA), mecanismo de pago a proveedores,
etc.-...En definitiva, la deuda oculta
-o extraoficial- del sector público se ha disparado desde los 125.000
millones en 2007 hasta los 492.000 en 2014, un aumento de 367.000
millones de euros, tras casi triplicarse durante la crisis.
Pero si el Estado español no puede pagarlos con
nuestros impuestos, entonces -¡ventajas de ser europeos de la Unión Europea!-
la Troika vendrá y nos rescatará, como ha hecho con Grecia. Eso sí, con un
previo acuerdo del Eurogrupo redactado conforme a unas reglas establecidas según
un guión impuesto por burócratas servidores de intereses no siempre
transparentes.
En el caso concreto de Grecia, nunca podrán pagar su gigantesca deuda, como ha subrayado el Fondo Monetario Internacional, a pesar de
que los griegos de hoy se hayan convertido ya en una especie de esclavos
contribuyentes a los que el Estado les quita la mayor parte de sus
ingresos. Si en España nuestro macroEstado nos arrebata la mitad de lo que
ganamos, en Grecia se expolia a los contribuyentes con casi dos terceras partes
de sus rentas y remuneraciones. ¡Todo ello por y para la Deuda Pública!.
Actualmente, los gobernantes griegos han pedido al
Eurogrupo y a sus acreedores un tercer rescate de unos 86.000 millones de
euros. Para concedérselo sometieron a Alexis Tsipras a una terrible elección:
una humillante capitulación absoluta o, alternativamente, la salida del euro.
Y, ante la ruinosa situación económico-financiera griega, Tsipras tuvo que
olvidarse de sus propias "lineas rojas" y se rindió
incondicionalmente a sus "bienhechores" socios y acreedores,
aceptando que Grecia aportará tambíen como aval un fondo de 50.000 millones de
euros con activos estatales privatizables, que será administrado con la
"supervisión de las instituciones europeas relevantes".
Además Tsipras se comprometió a que el Parlamento
griego aprobará enseguida las reformas más urgentes que le han impuesto, en dos
fases: las más urgentes (aumento del IVA, sostenibilidad a largo plazo del
sistema de pensiones, ...) hasta el miércoles 15 de julio y las restantes antes
del 22 de julio.
Tales condiciones parecen expoliadoras para los
ya empobrecidos y esclavizados contribuyentes griegos, que trabajarán toda su
vida para pagar las deudas que sus políticos derrochones y egoístas, los
últimos presidentes de gobierno de Grecia: Karamanlis, Papandreu, Papademos y
Samarás, contrajeron irresponsablemente.
Los ministros de finanzas que forman el
Eurogrupo saben bien que dichas exigencias son inasumibles, aunque parezcan
aceptables para Tsipras. Fuentes del gobierno heleno ya han manifestado que “si
aprobamos esto, cae el gobierno”. Cada vez parece más obvio que ése es, efectivamente,
el objetivo del sector más duro de los socios europeos, encabezado por Angela
Merkel. “No les basta con una derrota política de Syriza, quieren directamente
la cabeza de Tsipras”, dice un alto cargo del gobierno griego que ha
participado en las últimas negociaciones de Bruselas.
Ahora, Merkel ajusta cuentas y exige a la
avasallada Grecia que, disciplinadamente, acate "las reglas" que les
imponen, como si fuese una colonia. Al fin y al cabo, la superendeudada Grecia
hace años que ha dejado de ser un Estado independiente.
JOAQUÍN JAVALOYS.
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