Estas leyes memoriales, más que reparar el daño del horror de la Guerra Civil, ansían aniquilar al rival, y eso es lo primero que debe vedar la democracia. La libertad o es de todos y para todos o es una quimera
ULISES CULEBRO
Conocida es la anécdota de, cuando en enero de 2015, el entonces jefe de la oposición, Pedro Sánchez, no llegó a tiempo a un encuentro con estudiantes de la Universidad George Mason, al que asistía el embajador en Washington, Ramón Gil-Casares, y obligó a cancelarlo. Su rector, el español Ángel Cabrera, no se cortó un pelo y desfogó su enfado en las redes sociales con una frase de mármol: «Espero que Sánchez sepa dirigir un país mejor que manejar un GPS». Al cabo de un sexenio, en su retorno a EEUU para protagonizar una campaña de imagen personal de exclusivo consumo español guiada por expertos norteamericanos en relaciones públicas, dado el vacío hecho por la Casa Blanca y que ya se exteriorizó en su ridículo simulacro de charla de pasillo con Biden en la última cumbre de la OTAN, Sánchez ha tratado de aparentar en aquellos lares, ya despreocupado del GPS, que sabe dirigir un país que, empero, se le va de las manos a ojos vista.
Incapaces de desentrañar su verdad por su notoria ignorancia de España, sus entrevistadores televisivos se han quedado con su beldad de Narciso ante el espejo de canales de segundo orden. A él le han servido, además, para hacerse el presumido a un precio aún por averiguar en un país en el que lo que no es información pasa por caja. No obstante, un agradecido coro patrio (¿o tal vez matrio?) ha reverberado tales apariciones con bochornosas loas al hot president. Lo afrentan más que lo ensalzan. Desde aquel caliginoso «Felipe, capullo, queremos un hijo tuyo» de los mítines de la libertad recién estrenada, no hay parangón y lleva a aseverar, parafraseando a una de las protagonistas del episodio nacional galdosiano de Los duendes de la camarilla, que, en España, pasan cosas que, si se cuentan, nadie las creería.
No en vano, Sánchez asiste a un momento crítico en el que, salvo para el inasequible Tezanos y a costa de malversar caudales públicos con un CIS que acierta menos que las escopetas de feria, su imagen cae en picado y sus negligencias como gobernante originan requisitorias de los tribunales. Sean éstas tanto por soslayar su independencia como por el gatuperio de esa aerolínea sin casi aviones llamada Plus Ultra, privilegiada con 53 millones de vellón, pese a contravenir el reglamento que regula las ayudas. Con la juez parando los desembolsos por injustificados, el cesado Ábalos y la ratificada María Jesús Montero, adalides de la operación, quedan comprometidos con una resolución judicial que pone en jaque los rescates de empresas en crisis por el coronavirus y acrecienta la desconfianza de la UE sobre el uso de los fondos comunitarios.
A la par, la campaña turística se va al garete por segundo verano, sin atender a los anuncios de quien pregonó el fin de la Covid-19 lanzando al aire tres hurras: «salimos más fuertes», «hemos vencido a la pandemia» y «fuera mascarillas para mostrar la sonrisa». Todos esos alardes siempre coincidiendo -oh casualidad- con bretes como las elecciones de Galicia y el País Vasco en 2020 o los indultos a sus socios golpistas en este 2021. Entre tanto, el recibo de la luz multiplica la factura de los días en que abroncaba a Rajoy acusándole de ser un presidente demasiado oneroso para los españoles, por lo que debía irse. Ahora, al dispararse la electricidad como un cohete sin saberse cuándo bajará, el Gobierno se limita a lamentarse como si fuera cosa de terceros y finge afectación de plañidera. Nada que ver con la «pobreza energética» denunciada en la oposición pancarta en mano y amistosa concurrencia televisiva.
En esa encrucijada, sus socios y aliados no dejan de apretarle las clavijas. Así, después de buscar tranquilizar a los inversores norteamericanos por la falta de certezas y de seguridad jurídica de su gabinete de cohabitación con Unidas Podemos, su vicepresidenta segunda y cabeza gubernamental de esta formación, Yolanda Díaz, desautoriza al presidente. En paralelo, sus aliados parlamentarios se las hacen pasar canutas bloqueando decretos-leyes hasta forzar al Gobierno amigo a transigir con la decisión nada constitucional de hacer funcionarios a los interinos sin oposición y sin atenerse a los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos.
Esta vuelta de tuerca a la Memoria Histórica de Zapatero de 2007
Ante este alud de circunstancias, y aunque no haya manta suficiente que cubra todo ello de pies a cabeza, se puede entender que concurran opiniones que interpreten como mera cortina de humo que el último Consejo de Ministros haya dado la venia al proyecto de Ley de Memoria Democrática, pero conviene no errar en la apreciación. Esta vuelta de tuerca a la Memoria Histórica de Zapatero de 2007 -ya ensayada en Andalucía en el periodo de gobierno socialcomunista de Susana Díaz- no sólo desarrolla la estrategia de Sánchez desde que accediera a La Moncloa con la moción de censura Frankenstein contra Rajoy y que lo sostiene en ella con el menor número de escaños propios que jamás lo hiciera antecesor alguno desde la restauración democrática, sino que se reafirma en ella para toda la legislatura. No se sabe si persuadido de que es lo que más le beneficia o de que ya le es imposible dar marcha atrás sin caerse del caballo.
Pese a todo, socialistas con fe de carboneros albergan la esperanza de que, llegada la ocasión, engañará a sus socios Frankenstein como les mintió a ellos. Si persistir en esa política le lleva a hundir su suelo electoral y no suma con escaños tan menguantes para renovar su alianza Frankenstein, Sánchez tendría que dar un volantazo que lo devolviera a la carretera en una posición central. El problema es si, para entonces, podría convencer de ello al electorado al que ha dado gato por liebre todo este tiempo.
Lo cierto es que, de la misma manera que el presidente al que nadie cree, tras llegar a La Moncloa haciendo todo lo que negó, se ha definido en su periplo americano -«¡Átense los machos!»- de «político que cumple», el proyecto de Ley de Memoria Democrática se ajusta como anillo al dedo a su devenir político. Así, haciendo bueno el adagio latino de excusatio non petita, accusatio manifesta, esta norma orwelliana declara que nace para «evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia», cuando aviva el enfrentamiento y encizaña la reconciliación nacional que propició el mayor y mejor periodo de libertad y de bienestar de la Historia de España.
No es ya que se busque que el pasado nunca muera, sino que se pretende que sea el futuro que aguarde, como se persigue desde el destartale de Zapatero con la Memoria Histórica -un oxímoron- y ahora con su prolongación -como recuelo- de la Memoria Democrática. Merced al nuevo proyecto, el Gobierno que quiere imponer su verdad sobre lo acontecido hace casi un siglo, trata de hacer olvidar la auténtica índole de sus socios. Llega al punto obsceno de condenar con cárcel la humillación a las víctimas de uno de los bandos de la Guerra Civil, mientras deja que sus socios exalten a los criminales de ETA a los que, en pago del tributo parlamentario, han acercado a cárceles vascas sin arrepentir y con menoscabo de la memoria de los inocentes a los que mandaron al otro mundo. Como le reveló Goethe a su confidente Eckermann, «la memoria llega hasta donde alcanza el verdadero interés».
Sánchez persiste en el radicalismo del PSOE de los años 30 que desató la Guerra Civil
Bajo el marchamo de la «memoria histórica», Sánchez persiste en polarizar la política y confirma, a las primeras de cambio, que la descabalgadura de Calvo, Ábalos o Redondo es un mero refresco de la caballería para seguir a galope tendido por igual ruta. Si González, tras sus derrotas en el referéndum de la Reforma Política de 1976, luego de optar por la ruptura democrática, y en las citas con las urnas de 1977 y 1979, siendo particularmente dolorosa esta última cuando ya descontaba su triunfo sobre un maltrecho Suárez, optó por la moderación renunciando al marxismo y a otras premisas maximalistas, lo que le permitió alcanzar tres años después el hito de los 202 escaños, Sánchez persiste en el radicalismo destructivo del PSOE de los años 30 que desató la Guerra Civil y que hubiera imposibilitado la exitosa democratización registrada al morir el dictador Franco.
Visto con perspectiva, se colegiría que el socialdemócrata González es una excepción en la historia de un PSOE que media entre el largocaballerismo previo a la Guerra Civil y el zapaterismo que, mandando al desván de la historia al refundador del partido en Suresnes y a la misma Transición en la que éste jugó un papel clave, quiso erigirse, como ahora Sánchez, en prolongación de la fallida II República mediante artefactos como el de la «Memoria Democrática» que cuajen aquel delirio confeso de José Bergamín a Fernando Savater: «Desengáñate, la única solución es otra guerra civil y que esta vez ganen los buenos».
Leyendo su contenido, esta nueva ley memorialista evoca hasta en la prosa la pesadilla distópica de 1984 y cobra visos aquel mundo de ficción en el que impera el adoctrinamiento y el control político bajo la autoridad del Gran Hermano con el aparato omnipresente del Partido que, a través de telepantallas, proyecta la imagen del «enemigo del pueblo», Emmanuel Goldstein, del que nadie sabe si existía, había existido o llegaría a existir, para que la masa desfogue contra él su ira y su miedo en el oficio diario de los Dos Minutos de Odio. El afán de estos aspirantes a ingenieros de almas, según la acuñación de Stalin, es dominar el futuro mediante el pasado -el eslogan del partido único en 1984 rezaba «quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado»- haciendo que la historia se elabore desde la perspectiva de lo que debía haber acaecido.
Con los políticos administrando la memoria, solo cabe tergiversación y sectarismo. Ningún gobierno puede decidir sobre la verdad histórica. Como si la libertad no tuviera quien la defendiera, secundando la sentencia de Chaves Nogales sobre la agónica II República, tratan de expropiar la memoria con esa lógica perversa por la que todo fanatismo persigue supeditar la historia a la memoria impuesta. En la España del fracaso escolar, unos políticos onagros quieren imponer su memoria particular como asignatura de obligado estudio y de visión constante por las telepantallas de una TVE tras el convenio suscrito con el nuevo director general. Como instrumentos de adoctrinamiento y propaganda con los que modelar a conveniencia el hombre nuevo Frankenstein que preserve la actual hegemonía política hacia un cambio de régimen político. No cabe mayor esclavitud que, como indica Eurípides en Las fenicias, no poder decir lo que se piensa.
Estas leyes memoriales, más que reparar el daño causado por el horror de la Guerra Civil, ansían aniquilar al rival, y eso es lo primero que debe vedar la democracia. La libertad o es de todos y para todos o es una quimera que usa en falso el nombre de la libertad para prostituirla. Estos aprendices de brujo sin escrúpulos desatienden la advertencia de Dante: «No te quemará el fuego que no encendiste». Estos antifranquistas a deshora demuestran que lo más vivo hoy del franquismo es el antifranquismo sobrevenido para echar tierra a los problemas de los vivos, mientras España adquiere esa «sensación de cementerio» descrita por Canetti sobre Cuba.
Por eso, en la desmemoria democrática del turista Sánchez, la cuestión no es ya si ha aprendido a manejar el GPS, ni siquiera a dónde va, sino a dónde arrastra España quien sólo mira por sí mismo y a sí mismo. Nunca nadie dispuso de tanta suerte como tan mala estrella ha tenido un país fiado a quien se presenta con aires hollywoodienses con los que embelesar a necios e incautos.
FRANCISCO ROSELL Vía EL MUNDO
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