Este sábado fue presentado por Ciudadanos su documento de propuestas de regeneración democrática e institucional, sin embargo, no voy a entrar a hacer valoraciones del contenido de dicho documento. Sólo decir, eso sí, que es de agradecer el esfuerzo, habida cuenta del inmovilismo e inconcreción del resto de formaciones políticas. Y señalar el acierto de sus promotores al haber introducido, por fin, garantías presupuestarias para los dichosos derechos sociales. Desgraciadamente, debido a la culminación del desafío secesionista de este lunes, no puedo evitar llamar la atención sobre los errores de fondo que nos están abocando a un fin de ciclo extremadamente accidentado. Errores en los que también incurre Ciudadanos.
Ninguna formación política con aspiraciones de Poder, o de integrarse en una coalición de gobierno, cuestionará el papel del Estado como agente económico preponderante
Derechos sociales frente a derechos individuales
En general, todos los partidos parecen coincidir en que, además de proporcionar determinados servicios –se supone que básicos– la función del Estado es extraer rentas para luego repartirlas; es decir, hay unanimidad en que una de sus funciones fundamentales es la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, ninguna formación política con aspiraciones de Poder, o de integrarse en una coalición de gobierno, cuestionará el papel del Estado como agente económico preponderante. Si acaso, existirá un pequeño desacuerdo a la hora de especificar hasta qué punto pueden sacrificarse los derechos individuales en favor de esos otros derechos llamados sociales y del sostenimiento del propio Estado. Y, llegado el caso, como sucede en Cataluña, pueden llegar a quebrar el marco de convivencia con tal de llevar esta visión utilitarista y liberticida del Estado a sus últimas consecuencias.
Hay quienes justificarán esta deviación arguyendo que la actual crisis es consecuencia de haberse aplicado durante años el sesgo contrario. Pero lo cierto es que, contra toda propaganda, el pensamiento dominante durante las últimas décadas ha sido netamente colectivista. De hecho, el liberalismo fracasó, entre otras razones, porque no pudo reducir las estructuras administrativas y sus representantes políticos terminaron asimilándose en ellas.
En realidad, el concepto de Estado social hace tiempo que terminó desbordando a la Democracia liberal con terribles consecuencias, entre las que destacan la corrupción, el clientelismo, la confusión entre lo público y lo privado y, en última instancia, la ruptura territorial. Las instituciones formales (parlamentos, tribunales, sistema legal…) dejaron de complementarse con restricciones informales (normas de comportamiento, convenciones y códigos de conducta). Es decir, se produjo una dislocación de los sistemas institucionales de las democracias. Y de ahí a que, por ejemplo, terminara mandando el cochino dinero no había ni medio paso. Que en un futuro próximo termine mandando un puñado de maoístas, también entra dentro de lo posible. Cataluña, si nadie lo remedia, será pionera en este campo.
Lo urgente ha primado sobre lo importante; es decir, la perentoria necesidad de una mayor recaudación ha prevalecido sobre la imprescindible generación riqueza
Es verdad que, durante un tiempo, hubo conciencia de la estrecha relación entre el sostenimiento del Estado de bienestar y la generación de riqueza, lo cual mantuvo hasta cierto punto a las instituciones dentro de un equilibrio aparente. Sin embargo, esta conciencia terminó desapareciendo totalmente durante los tiempos del crédito fácil, el dinero barato y la burbuja inmobiliaria. Fue entonces cuando las Administraciones, controladas por los partidos políticos y los grupos de interés, se extralimitaron, convirtiendo los ingresos coyunturales en gastos estructurales hasta que el crac financiero de 2007 provocó un aterrizaje forzoso. Desde entonces, lo urgente ha primado sobre lo importante; es decir, la perentoria necesidad de una mayor recaudación ha prevalecido sobre la imprescindible generación riqueza. Como consecuencia, la sociedad se ha empobrecido mucho más allá de lo estrictamente inevitable.
Hoy, mientras el sector privado se ha visto arrasado por la crisis, las estructuras públicas permanecen inalteradas o, incluso, han aumentado de tamaño. Y lo que es peor, la creencia de que sólo un Estado fuerte puede sacarnos del atolladero se ha exacerbado. Sin embargo, es evidente que esta situación no pude durar eternamente, de ahí que los bancos centrales hayan comprando tiempo para que los gobiernos realicen las reformas oportunas. Pueden esperar sentados.
Lamentablemente, al igual que hay muchos economistas con un entendimiento primitivo sobre la historia del crecimiento económico, que les lleva a pensar que basta con privatizar para que las economías fracasadas se coloquen en el camino del crecimiento, en el lado contrario hay infinidad de “técnicos” que creen que bastará con añadir garantías institucionales adicionales para que los individuos, a pesar de que su libertad está cada vez más constreñida, puedan no obstante generar la riqueza necesaria para sostener el sistema. Error.
El hecho cierto es que, según el Estado social avanza, los incentivos que animaban al individuo a arriesgar para generar riqueza están desapareciendo. Las personas se adaptan a las restricciones que se les imponen y, en todo caso, actúan en base a las expectativas; es decir, se vuelven gregarios. Esta es la realidad. Por lo tanto, no se trata sólo de garantizar la igualdad ante la ley o la neutralidad de las instituciones, tribunales y entidades reguladoras, sino también, y sobre todo, que ningún gobierno presente o futuro, con el BOE en una mano y en la otra una mayoría de votantes, pueda decidir cuánta de la riqueza que generamos le pertenece.
En realidad, el problema de España, y el de otras sociedades, es un problema de libertad práctica y de falta de amparo ante ese ente formidable que es el Estado
Sin libertad no hay futuro
En realidad, el problema de España, y el de otras sociedades, es un problema de libertad práctica (fundamental en los procesos de adaptación ante grandes transformaciones) y de falta de amparo ante ese ente formidable que es el Estado. Hoy por hoy no podemos planificar nuestra vida porque la inconsistencia temporal convierte al Estado en un ente imprevisible y muy peligroso. Vivimos en permanente inseguridad jurídica, en el sentido, por ejemplo, de que no sabemos cuánto podrá detraernos en el futuro la Hacienda Pública, de hecho, la legislación tributaria cambia cada año. Ni siquiera sabemos qué pensión nos corresponderá cuando nos jubilemos dentro de 10, 20 o 30 años, porque lo que percibamos dependerá no de lo que coticemos, sino del número de trabajadores en activo en el momento de nuestro retiro.
Defender los imprescindibles derechos individuales no es liberalismo: es sentido común cuando de lo que se trata es de generar riqueza para salir del atolladero. Es este enorme boquete, en efecto, lo que hay que subsanar. El individuo con aspiraciones, que es capaz de emprender, innovar y generar esa riqueza que necesitamos, no puede seguir en el absoluto desamparo, aterrorizado y siendo todo lo más la víctima propiciatoria de un creciente expolio, del Estado o de un estadito de nueva factura, como al que aspiran los secesionistas. Decía Thomas Jeffersonque cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Pero que cuando la gente teme al gobierno, es que hay tiranía. Pues bien, hasta al más honrado contribuyente le da un vuelco el corazón cuando recibe una carta con el membrete de la Agencia Tributaria. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
JAVIER BENEGAS Vía VOZ POPULI
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