Se ha aprobado la toma en consideración de una ley de largo título, escueto contenido y malévola intención: Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Han votado en contra PP, VOX, Navarra Suma…. Ahora debe tramitarse, lo harán de forma rápida, porque a ACAI les urge para su negocio, pero todavía no está claro que se apruebe, dado que, al tratarse de una ley orgánica, se requiere de una mayoría cualificada, mientras que para la toma en consideración basta con la simple.
Pero el hecho de por si es suficientemente grave para denunciarlo y llamar a la actuación necesaria para frenar la degradación del estado de derecho que estamos sufriendo.
Esta ley pretende penalizar a quienes “promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos”, porque consideran que vulneran su “intimidad” (sic), será “castigado con la pena de prisión de tres meses a un año… Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años”. La indeterminación de los conceptos es total y los absurdos también ¿Cómo se vulnera la intimidad de una persona que va por la calle? ¿Desde cuándo es coacción facilitar a nadie una información, un folleto, rezar en grupo?
Todo esto sucede cuando meses atrás han suprimido de toda sanción penal a los piquetes de huelga que pudieran excederse en su misión informativa, practicando la coacción de empresas y trabajadores, alegando que la legislación general ya es suficiente. Si vas con un piquete obligando a cerrar las tiendas no pasa nada, y si impides la entrada de otros trabajadores tampoco, pero si das un folleto provida te puede caer un año de cárcel. Pero ¿qué democracia es esta?
Los derechos de las personas a no ser coaccionadas se encuentran garantizados en la legislación general y no hay que acudir a “leyes especiales” como la que ahora se proponen aprobar, porque tales leyes dañan el ejercicio de nuestros derechos.
En lo que les interesa convierten un insulto -que no debe darse, pero que es lo que es- en un delito de odio gravemente penado, y en una agresión a la libertad de culto, a un acto a favor de la libertad de expresión. Esta inversión malévola aplicada con carácter sistemático ha degradado el estado de derecho hasta que lo destruirá, cabalgando sobre el poder del ejecutivo, de la fiscalía en manos del gobierno, y aprovechando la endeblez de los contrapesos
En una sucesión acelerada, que empezó con la ley Celaà contra la enseñanza concertada, el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, y siguió con la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido en pleno estado de alarma, han continuado una serie de leyes de ruptura antropológica y de menoscabo de los derechos y libertades de los ciudadanos, de manera que nuestro estado de derecho se está convirtiendo en un estado de leyes, en el que los derechos son aplicados, condicionados, restringidos o ampliados sin más razón que los intereses del poder político y sus afinidades ideológicas. Es lo que sucede con la desaparición de la presunción de inocencia y la aplicación de la inversión de la carga de la prueba si el denunciante dice pertenecer al grupo LGBTIT.
Estas leyes, además, acostumbran a tramitarse eludiendo el debate parlamentario pleno, sin consultas a expertos y grupos concernidos, ni a instancia de consulta necesaria como el Consejo de Estado, mediante la treta de no ser presentados como proyectos de ley, sino como proposición de ley por parte de uno de los dos partidos del poder, generalmente el PSOE, como ahora se ha vuelto a hacer con la ley que modifica el Código Penal. España se está convirtiendo en un “estado policial rosa con características liberales”. No vamos a aceptarlo.
Ahora, dando un paso más se quiere perseguir a los grupos de oración que se instalan en las inmediaciones de los negocios abortistas o a quienes reparten folletos informativos a quien quiera cogerlo, como si dar a conocer la naturaleza del feto humano fueran un delito. Y eso lo hacen quienes han hecho del aborto y la eugenesia un lucrativo negocio.
El gobierno del estado policial rosa pretende perseguir la libertad de expresión, información y de reunión de quienes defienden la vida. Por esta razón hay que decir y explicar a todo el mundo bien claro, que esta ley viola los derechos de los ciudadanos de este país, y los partidos que la apoyan son cómplices de ello.
Es necesario que nos sintamos llamados a defender los derechos de todos a la libertad de expresión y de manifestación. Específicamente hay que apoyar y ser solidarios con todas las asociaciones que tan benéficamente vienen defendiendo el derecho a la vida de los niños concebidos, y también debemos comenzar una denuncia internacional de la deriva de este estado, así como presentar a todas las asociaciones de la sociedad civil y, en particular, las vinculadas al ámbito del derecho, que manifiesten su opinión sobre esta ley.
La institución eclesial no puede permanecer inactiva ante esta continuada vulneración de los derechos y libertades, que afectan a todos y de una manera especial a los católicos. Necesitamos sentir su solidaridad y acción efectiva.
EDITORIAL de FORUM LIBERTAS
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