Christine Lagarde, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Bruselas EFE
En el ajetreo de escándalos al que este Gobierno nos tiene acostumbrados, ha pasado casi desapercibida una noticia de calado aparecida el pasado día 10 referida a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de aumentar en 500.000 millones, hasta los 1,85 billones, las compras de la deuda emitida por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, y de prolongar el esquema al menos hasta marzo de 2022. En esta columna se ha dicho con reiteración que el salvavidas del Gobierno de Pedro Sánchez en tiempos tan turbulentos como los actuales no es su socio de Podemos ni el resto de miembros de “la banda” que le sostiene en el Parlamento, sino la señora Cristine Lagarde, presidenta del BCE, y su programa de compra de deuda pública, algo que pone al Gobierno Sánchez y a Ejecutivos tanto o más manirrotos que el suyo, caso del italiano, al socaire de tener que salir a los mercados a colocarla con el riesgo que ello conlleva para países con niveles de déficit y deuda pública disparados. La decisión de Lagarde prolonga la vida de un Sánchez con suerte dentro de la desgracia de la covid, le asegura un tránsito relativamente cómodo por el 2021 y aplaza hasta 2022 la hora de la verdad de una eventual crisis de deuda.
Para entender el papel de paraguas que las compras de deuda del BCE juegan en favor de gobiernos reñidos con la disciplina fiscal como el que copresiden Pedro & Pablo, baste decir que la institución que preside Lagarde habrá adquirido a final del año en curso entre 120.000 y 140.000 millones de deuda española, una cifra superior a lo que correspondería a tenor de la importancia relativa de nuestro país, circunstancia que volverá a repetirse a lo largo de 2021, lo que va a permitir al Ejecutivo seguir con el populismo de su política “social” al margen de cualquier rigor presupuestario, política ahora mismo centrada en una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ningún economista serio puede apoyar sin ruborizarse. Es verdad que, en su peculiar forma de deslizar mensajes entre líneas, la institución ha enviado un recado a los gobiernos del sur de Europa al advertir que esos 500.000 millones adicionales son un tope máximo pero nunca un objetivo, es decir, que ese medio billón podría no emplearse en su totalidad, ello en el horizonte de un recorte drástico de esas compras en cuanto la vacuna del covid empiece a hacer efecto y la reactivación se haga sentir.
De momento, pues, Sánchez y su Gobierno, letal para los intereses a medio y largo plazo de una economía abierta, competitiva y no subvencionada, se aseguran un 2021 relativamente tranquilo, porque cuando el 1 de enero el Tesoro levante la persiana lo hará con el convencimiento de tener garantizada la colocación de las emisiones de deuda nueva (no los vencimientos) a realizar durante el año, merced a ese primo de Zumosol en que se ha convertido el BCE. Una situación que tiene su inmediato correlato en la política española. Quienes esperaban que las tensiones de deuda, vía prima de riesgo, provocadas por la necesidad de acudir a los mercados de capitales para financiarse terminaran por colocar a Sánchez contra las cuerdas dentro de pocos meses, deberán esperar sentados. Todo se aplaza. Y todo empeora desde la perspectiva de un Gobierno dispuesto no solo a dilapidar los 72.700 millones que espera recibir “gratis total” de Europa, sino a seguir gastando como si no hubiera un mañana.
¿Qué cabe esperar en este 2021 deseado por los españoles como agua de mayo aunque solo sea por decir adiós al aciago 2020? Probablemente unos primeros meses malos o muy malos, donde saldrán a flote las consecuencias de la segunda ola del coronavirus con su correlato de cierres empresariales y paro, para, en algún momento del año, probablemente en torno al verano, experimentar un crecimiento muy notable, un trimestre o dos de euforia explicable por el simple hecho de que partimos de unos niveles de deterioro muy profundos. ¿Será eso suficiente para tapar con la manta del olvido las calamidades acumuladas a lo largo de este “año 20” llamado a ser recordado como epítome de todas las desgracias? Sin duda que no, fundamentalmente porque los excesos que este Gobierno está cometiendo con el gasto público, un gasto que no es coyuntural sino estructural (subida de las pensiones, sueldo de los funcionarios, etc.), se harán presentes de golpe con unos ratios de déficit y deuda sobre PIB insostenibles a medio plazo, a los que este Gobierno, o el que venga detrás, tendrá que hacer frente pasando la minuta a cobro de una ciudadanía que parece no querer darse por enterada de lo que ocurre.
Contarle a los españoles la verdad
¿Cuándo ocurrirá eso? Desde luego no antes de que la pandemia esté controlada gracias a las vacunas anti covid, lo que dará paso a una recuperación de la actividad económica que será tanto más saludable y duradera en aquellos países que han abordado la lucha contra la pandemia desde un cierto rigor presupuestario, países como Holanda, como Alemania, o el resto de los llamados “frugales”. Llegará un momento, posiblemente en la segunda mitad de 2021, en que frente a un déficit público alemán del 3% y una deuda sobre PIB del 60%, España aparecerá lastrada por un déficit del 8% y una deuda sobre PIB del 120% (además de unas cifras de paro escandalosas, particularmente en el juvenil), porcentajes igualmente malos en Francia y aún peores en Italia. Y en ese momento sonarán las alarmas en las instituciones europeas, porque esos ratios no son sostenibles dentro de una Unión Monetaria y porque de nuevo el euro estará en peligro, momento en el cual –posiblemente a finales de año, tal vez incluso a comienzos de 2022- la Comisión se pondrá las pilas y exigirá al Gobierno Sánchez un plan de ajuste ineludible, situación que colocará al elegante mozo de mulas instalado en Moncloa en la tesitura de contarle a los españoles la verdad.
Y entonces estallará la guerra dentro de la coalición de izquierda radical que nos gobierna. Pero como Sánchez tiene bien aprendida la lección de cómo Rodríguez Zapatero perdió las generales de noviembre de 2011, cuando Bruselas y el FMI le obligaron a recortar pensiones y sueldo de funcionarios en 2010, se liará la manta de sus promesas a la cabeza, disolverá el Parlamento y convocará elecciones, dispuesto a confesar a la ciudadanía que lleva unos años durmiendo muy malamente por culpa de un socio tan impresentable como Pablo Iglesias, un tipo que no me ha dejado cumplir mi programa, que me ha obligado a escorarme a la izquierda y con el que no se puede ir ni a cobrar una herencia. Razón por la cual, aducirá, llamo a los españoles a las urnas en busca de confianza suficiente para poder gobernar en solitario, sin las cortapisas de gente tan poco fiable.
Él es capaz de esto y de mucho más. Normalmente esa llamada a las urnas debería tener lugar en la primavera del 2022, pero, en un escenario tan volátil como el español, las cosas podrían precipitarse si tenemos en cuenta que las presiones de la Comisión Europea sobre Madrid van a empezar a dejarse sentir desde el mismo momento en que la economía empiece a mostrar signos de recuperación. Hay otro acontecimiento a tener en cuenta, llamado también a tener mucha influencia sobre la política europea y, naturalmente, sobre España. Se trata de las legislativas alemanas a celebrar en septiembre del 2021. El triunfo de cualquiera de los candidatos a suceder a frauMerkel, convertida en una especie de hada madrina de los gobiernos del sur de la UE, al frente del Ejecutivo alemán, sea Fiedrich Merz (democristiano conservador, partidario de una estricta disciplina fiscal) o Jens Spahn (“lo contrario de Merkel dentro de la CDU”), supondrá un quebradero de cabeza para Sánchez y su socio.
¿Cómo es posible que este sujeto siga teniendo el respaldo del 28% del electorado, a tenor de lo que dicen las encuestas? Porque las familias aún no han empezado a notar en su renta la descomunal caída del PIB o, en el peor de los casos, esas rentas familiares no han caído en la misma proporción que el PIB, entre otras cosas porque el sector público ha entrado en juego (ayudas, ERTEs, etc.) como estabilizador de rentas. El gasto público desbocado y su efecto dopante, además de un BCE dispuesto a seguir sosteniendo nuestro Estado del bienestar. Todo, sin embargo, tiene fecha de caducidad. La desaparición de la pandemia marcará un antes y un después, señalando el inicio de las presiones de Bruselas sobre Madrid. Una circunstancia que seguramente explica los apremios de “cabezón” Iglesias sobre su socio, dispuesto a dislocar del todo las cuentas públicas con medidas de todo tipo (“Vamos a seguir trabajando para garantizar que a ningún hogar vulnerable se le pueda cortar el agua, la luz o el gas; para dejar atrás la reforma laboral; la mejora de los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores”), cuando la más elemental reflexión debería inducir a la prudencia con el gasto. ¿Pretende Iglesias llevar a España a tal punto de ebullición que lo nuestro no tenga arreglo, con o sin Comisión Europea de por medio?.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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