En nueve meses de pandemia no se ha llevado a cabo ni una medida de calado para poner orden en el sector de las residencias
Una mujer con mascarilla en una residencia de Madrid Jesús Hellín/Europa Press
Que los abuelos no votan lo saben desde Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, de Isabel Díaz Ayuso hasta por Pere Aragonés. Si lo hicieran, en especial los que están en residencias,quizás no quedaría títere con cabeza en el actual Gobierno, a causa de lo que llevan sufriendo en este 2020. Por eso, pocos de esos políticos se han dejado ver en esos escenarios, porque no dan rédito electoral.
Los ancianos y quienes los atienden han pasado por un calvario evitable y hacerlo evitable depende de que en el Congreso se alcancen los acuerdos necesarios para legislar. No va de izquierdas o de derechas, de independentistas o constitucionalistas, va del valor que le damos al final de la vida y no parece que esta sociedad le dé mucho. La obviedad es aplastante. Ni abuelos ni niños votan y además no generan riqueza, sino gasto, ecuación perfecta para no dedicarles ni un minuto, salvopara hacer negocio puro y duro y salvo que el Gobierno lo permita, como ocurre en las residencias que deberían tener el carácter de servicio público con mayúsculas y, por lo tanto, regularse por ley para que no estén al servicio del empresario que básicamente, en muchos casos, busca no tener la cuenta en negativo. Con la vida y, en especial, con los más vulnerables, no se juega.
Fotos con Otegi
Pero en este país estamos demasiado liados con los Presupuestos o las leyes de Educación que se cambian con el gobierno de turno y con hacer caja. Con la educación que adoctrina en lugar de la educación de calidad, con perdernos en una o dos lenguas en lugar de hacer primar la excelencia y el conocimiento en la escuela pública igualándola a la privada; con las fotos inaugurando hospitales o reuniéndonos con Arnaldo Otegi para conseguir su apoyo a las cuentas públicas, por poner algún ejemplo.
Jubilarse y poderse ir a Benidorm o donde plazca no está al alcance de todos y, por desgracia, muchos tienen que acabar sus días en residencias con laxos controles para cumplir la tan necesitada asistencia a personas que si se pudieran valer por sí mismas estarían en su casa. De cajón. Cierto es que el contexto es complicado pero de nada sirve que Amnistía Internacional haya publicado un informe en el que se alerta, y se documenta, la vulneración de derechos fundamentales en residencias tanto de la comunidad de Madrid como de Cataluña durante la pandemia.
Solos y olvidados
Ancianos que murieron solos, encerrados en sus habitaciones sin ser atendidos porque era inviable, sin llevarles al hospital porque no merecía la pena salvar sus vidas. Ellos no importan porque tras todos los dramas vividos, y aún algunos recientes como los últimos 40 muertos en una residencia de Tremp, en Lérida, o tras los testimonios de muchos trabajadores de estos centros que han alertado de cuanto allí ocurría, nadie en las instancias políticas correspondientes, en la Administración central, pone el foco en trabajar en una ley estatal que permita regular el sector, tal y como ha solicitado esta ONG.
El último hotel que se pisa en vida, en el que muchos ciudadanos tienen que dejar a sus seres queridos porque no les pueden atender, o tienes la cartera llena o mueres de pena. No son lo mismo las residencias de ancianos que hay en el lujoso barrio de Pedralbes de Barcelona que en cualquier zona obrera de la ciudad. Igual que las escuelas, es fácil ver los idiomas que se enseñan en la escuela Aula, sita en ese lujoso barrio, o en cualquier escuela pública de otra barriada. Residencias y escuelas, la misma necesidad de recibir un servicio público de calidad, porque independientemente de si pueden votar o no, tan importantes deberían ser para una sociedad los niños como los ancianos de una u otra zona.
Seguridad en los centros
Ese negocio que se hace reiteradamente con la vida, en una sociedad con pocos escrúpulos, debe estar regulado con rigor, con exigencia, con las mejores intenciones. En nueve meses de pandemia no se ha tomado ninguna medida de nivel que acabe con las irregularidades que en muchas de estas dependencias se registraron. De nada sirven las comisiones de investigación como la que se ha llevado a cabo en el Parlament de Cataluña, sobre el control de las residencias, si además del pim pam pum de siempre no se adoptan medidas de nivel para que estos centros sean seguros y se sepa preservar el bien más preciado que tenemos todos: la vida. Cuídense, con mascarilla siempre.
IMMA LUCAS Vía VOZ PÓPULI
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