Sánchez impone un plazo inasumible en vez de pactarlo con el PP
/ EFE
Es fácil de entender por cualquier demócrata: ningún virus justifica una excepcionalidad constitucional prolongada en el tiempo, sin control parlamentario ni vigilancia judicial. Cuando se trata de restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquier dirigente con sensibilidad democrática se preocuparía en primer lugar de reunir el máximo consenso y en segundo lugar de acotar la excepcionalidad al menor espacio de tiempo. Sánchez ha hecho justo lo contrario. Ha dejado que creciera la segunda ola hasta que las autonomías, presas del pánico, le suplicaran el estado de alarma, eximiéndole a él de la responsabilidad de tomar una costosa decisión; y una vez generado -por calculada inhibición- el caldo de cultivo favorable a la alarma, Sánchez elige una formulación extrema de seis meses que le ahorre el desgaste quincenal de tener que rendir cuentas y recabar apoyos en la sede de la soberanía nacional.
Pero eso que Sánchez entiende como desgaste es la esencia misma de la separación de poderes. Prestigiosos juristas consultados hoy por este diario certifican la premisa constitucional de convalidar quincenalmente la alarma. Con ella, Sánchez persigue un blindaje ante varapalos como el del tribunal madrileño, pues no le preocupa tanto gestionar con éxito la pandemia como transferir el desgaste político a otros mientras aquella dure.
Consciente de la gravedad de la situación sanitaria, Pablo Casado ha evitado la frontalidad para proponer una alternativa constructiva: el PP respaldaría ocho semanas de alarma a cambio de que el Gobierno se siente a negociar una nueva legislación sanitaria que permita a las autonomías adoptar medidas restrictivas sin necesidad de abusar de la excepción constitucional. Y sobre todo, sin dañar aún más la maltrecha economía del país. La patronal ha rechazado con contundencia una alarma de seis meses que dinamitaría la recuperación. Por su parte, Ursula von der Leyen ha obligado a Sánchez a rectificar y aceptar la parte de los 140.000 millones que incluye fuerte condicionalidad, pues el Gobierno solo pensaba gastarse los 70.000 millones que Europa entrega a fondo perdido. Este giro revela un marcaje de Bruselas al Gobierno, que ya sabe que tendrá que rendir cuentas de su plan de gasto. En ese sentido, también las autonomías tendrán una gran responsabilidad, pues gestionarán más de la mitad de las ayudas.
Para transitar el camino que Europa nos fija, Sánchez debe abandonar de una vez su obsesión tacticista y abrirse a negociar con Casado. No es de recibo que Carolina Darias despache la oferta del PP invocando a unos expertos inexistentes para insistir en el arbitrario y desmesurado plazo de seis meses. Si de verdad hubieran hecho caso a los expertos -entre los cuales no puede figurar un Simón que hace diez días vaticinó la «estabilización» de la segunda ola-, España no estaría como está. Sánchez no debería seguir tensando la cuerda con la oposición vulnerando la Constitución para obligar a Casado a votar con Vox -otra foto para su agit-prop que frustre el giro al centro del PP- ante una imposición inasumible. Los regates cortos ya no sirven. El mezquino juego de las culpas debe terminar. Casado le ha tendido la mano. Que se siente y pacte.
EDITORIAL de EL MUNDO
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