El autor defiende que la pandemia ha puesto en primer plano las disfunciones y aberraciones del Estado de las autonomías.
En los últimos seis meses, la lucha contra la
pandemia de la Covid-19 ha puesto a prueba, entre otras muchas cosas, la
organización territorial de España. Han quedado al descubierto algunos defectos muy graves en la relación y coordinación con el Gobierno y en el desarrollo de las competencias autonómicas.
Desde hace décadas, los partidos nacionalistas han
aprovechado cada negociación que tenían en situaciones de ausencia de
mayorías absolutas de izquierda o derecha para vaciar de competencias al Estado.
Esa inercia ha llevado a algunos al órdago en estos tiempos difíciles:
“La independencia es la única opción” para gestionar la crisis,
aseguraba en junio ese modelo de eficacia y solidez llamado Quim Torra.
La deslealtad de los que promovieron el desmantelamiento del Estado y el cortoplacismo y la ceguera
de quienes lo permitieron han pasado factura durante la pandemia. El
Estado ha dejado de ejercer de forma efectiva incluso sus propias
competencias de coordinación. Por ejemplo, a pesar de que la
Constitución le encomienda la coordinación general de la sanidad, la
pandemia ha puesto de manifiesto que el ministerio de Sanidad no tenía
funcionarios suficientes para asumir el mando único. Eso explica el
fracaso del Gobierno a la hora de gestionar el traslado de pacientes
entre hospitales y entre comunidades autónomas, el fiasco en el
abastecimiento de equipos de protección para sanitarios o el
desbarajuste del lanzamiento de la aplicación de trazabilidad del virus
Radar Covid, sin integración en los servicios sanitarios de las
autonomías.
"La exigencia de competencias no ha ido unida a la asunción de las responsabilidades correspondientes"
Además, la exigencia de competencias no ha ido unida
a la asunción de las responsabilidades correspondientes. En épocas
boyantes, las comunidades autónomas se han apresurado a querer más
competencias, pero no han tenido tanta prisa a la hora de contraer las
obligaciones que implican cuando las cosas se ponen mal. Ahora que las
comunidades han recuperado todo su poder de mando, siguen usando al Estado como cabeza de turco
para justificar la escalada de casos en sus territorios o su
incapacidad para gestionar la vuelta al cole, por ejemplo. Un juego en
el que también participa el Gobierno y que se podría resumir en es el
otro el que debería comerse este marrón.
En junio se desmanteló el mando único de Sanidad y
se traspasó la responsabilidad de la desescalada a las comunidades
autónomas, dando vía libre al establecimiento unilateral de medidas y
restricciones, lo que facilitó la confusión y el descontrol.Para completar el golpe de péndulo, desde finales de agosto el Gobierno –el presidente Sánchez
ya había dejado atrás su afirmación electoralista del 5 de julio,
“hemos derrotado al virus”—busca evadir la responsabilidad sobre la
crisis trasladando la responsabilidad sobre la declaración de nuevos
estados de alarma a las autonomías.
El fracaso de nuestra organización territorial es
ahora más evidente, pero no es la primera que esto sucede. Si hay un mal
endémico en España, ese es el desempleo: cada crisis batimos nuevos récords internacionales. Sin embargo, nuestro país lleva décadas siendo incapaz de tomar medidas eficaces para atajarlo.
El Estado no reforma el marco laboral para acabar
con la temporalidad, y las autonomías no hacen políticas activas de
empleo. Cuando, en cada crisis económica, el paro crece más en España
que en cualquier otro país similar, o cuando el abandono escolar bate
todas las marcas, los políticos miran hacia otro lado
valiéndose de esta organización territorial con responsabilidades
difusas. En definitiva, tenemos un modelo que permite a los políticos
irresponsables escurrir el bulto. Los ciudadanos pagan las consecuencias
y el sistema autonómico, necesario en un país diverso como España, se
desprestigia.
¿Podemos salir de la crisis y abordar los problemas
de la organización territorial con algo más que eslóganes estúpidos de
márketing político barato a cargo de aprendices de brujo?
Sin duda.
Ya en noviembre de 2015, desde Ciudadanos
presentamos en Cádiz una propuesta de reformas constitucionales en la
que, entre otras muchas cosas, planteábamos actualizar las competencias
exclusivas y eliminar la posibilidad de transferir o delegar a las
comunidades facultades que la Constitución atribuye al Estado. Era una
fórmula que permitía que el Estado legislara también para “garantizar
condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el
mantenimiento de la unidad jurídica y económica y la igualdad básica de los españoles,
en relación a sus derechos y deberes, en todo el territorio nacional”.
También pedíamos reforzar las relaciones de colaboración, cooperación y
coordinación entre el Gobierno y los Gobiernos autonómicos para que el
Estado pudiera ejercer de forma eficaz sus competencias de coordinación.
No es complicado de entender: en un Estado descentralizado no solo vale repartir competencias, sino que, una vez hecho eso, hay que buscar la integración
para dar estabilidad al sistema y garantizar la igualdad de todos sus
ciudadanos. Se trata de combinar la descentralización con la
integración, no de convertir conscientemente la descentralización en una
fuerza centrífuga.
La gran crisis del coronavirus nos ha puesto frente
al espejo: ahí contemplamos las consecuencias claras y medibles de las
malas decisiones políticas, de los esfuerzos por desviar
responsabilidades y vender “relato” en vez de solucionar problemas. En vidas perdidas y rotas, en empleos destrozados, en dolor y desesperación.
La salida de la gran crisis puede liberar los
mecanismos y las energías que hacen falta para replantearnos, de manera
racional y sensata, las reformas necesarias que corrijan lo que se ha
demostrado disfuncional, e incluso aberrante, en las autonomías y en su
relación con el Gobierno y el Estado.
Es difícil, pero no imposible. Hace falta –como
para todos los problemas urgentes y pendientes, desde el sanitario hasta
el económico, pasando por el educativo– superar la fase de palabrería
propagandística, de enfrentamiento ideologizado y de polarización
buscada. Hace falta llegar a acuerdos básicos entre las
fuerzas constitucionales para poner la organización territorial de
España al servicio de los ciudadanos. Hemos visto que la mala
organización del Estado nos cuesta, como la pandemia, vidas y empleos.
LUIS GARICANO* Vía EL ESPAÑOL
*** Luis Garicano es jefe de la delegación de
Ciudadanos en el Parlamento europeo y vicepresidente y portavoz
económico de Renew Europe
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