En lugar de intentar solventar los problemas que aquejan a nuestro país y centrarse en el coronavirus, el autor sostiene que el Gobierno está enfrascado en una estrategia rupturista
SEAN MACKAOUI
Cuando en la política pintan bastos, la situación puede empeorar incluso más si el azar entra también en juego. El hecho es que España se encuentra ante una tragedia nacional, que no sabemos cómo acabará. Sí sabemos de dónde proceden las desdichas de la política, pero ignoramos hasta cuándo el famoso virus condicionará nuestras vidas.
Este Gobierno se cree que la Constitución y las leyes son únicamente una referencia que, según convenga, puede obligar o no. Es decir, no podemos esperar nada bueno de él. Es un Gobierno numeroso, pero la mitad de ministros nadie sabe para qué están. No es, como se dice, un Gobierno de coalición, tal y como funcionan en Europa, sino que es una categoría nueva de Gobierno, que he denominado en alguna ocasión como Gobierno disolvente. En efecto, no se dedica a gobernar. Está compuesto por dos partidos que difieren radicalmente en muchos puntos, aunque lo que les une es la voluntad de disolver el régimen constitucional de 1978. Estos dos partidos están dirigidos por Pedro Sánchez, en lo que se refiere a un PSOE desconocido, y por Pablo Iglesias, que lidera un partido que se va diluyendo cada vez más en un vaso de agua, como si fuese un azucarillo. El Podemos de Iglesias no está en este pseudogobierno para gobernar, sino que tiene el mismo objetivo que Torra y los separatistas catalanes, más una serie de representantes radicales como Bildu y otros partidos nacionalistas o separatistas. El fin de este Gobierno de disolución es fundamentalmente doble: por un lado, pretende sobre todo mantenerse en el poder como sea y, por otro, conseguir la destrucción de lo que han heredado, ya sea un legado material o espiritual, que siempre ha caracterizado a España.
Empezamos con el famoso anteproyecto de la ley de memoria, en el que se violan varios derechos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirma que el Valle de los Caídos, en donde afortunadamente ya no está el cuerpo de Franco, se va a convertir en un cementerio civil. No se puede afirmar una estupidez de mayor categoría. Primero porque desconoce lo que son los derechos humanos y segundo porque entonces habría que sacar del mismo a todos los cadáveres católicos que no podrían estar ahí. Más vale que dejen las cosas como están, incluidos los benedictinos que se preocupan de mantener la abadía, y que se dediquen a otras cosas más importantes. Porque, en cualquier caso, esa cruz que se ve de lejos y esa basílica tienen como misión, al margen del gusto estético de cada uno, recordar que en España tuvimos una estúpida Guerra Civil. Si es cierto que la vicepresidenta es catedrática de Derecho Constitucional, cosa que realmente ignoro, habría que recluir a los que le concedieron ese cargo en un reformatorio, porque esta destacada política ignora los rudimentos más elementales de lo que es el derecho constitucional y los derechos fundamentales.
Por otro lado, no es nada extraño que el actual presidente del Gobierno, presunto autor de una tesis falsificada, sea lo más contrario a un líder que debe dirigir a este país en unos momentos tan dramáticos como los actuales. El expresidente de Estados Unidos Eisenhower afirmaba que para ser un auténtico líder no hay que manipular a la gente, enturbiando su cabeza. Cualquier imbécil puede hacer eso para mandar. Pero normalmente eso se llama manipulación, no liderazgo. El verdadero liderazgo consiste, según Eisenhower, en persuadir, en conciliar, en educar, en estudiar los dosieres y en tener mucha paciencia. Es un trabajo largo, lento y muy duro. A cualquiera que haya observado en la televisión o en los periódicos el despacho de Sánchez, cuando se encuentra sentado allí, le llamará la atención que no haya prácticamente ningún papel sobre la mesa. Suele estar siempre tan limpia como si estuviese preparada para jugar a las cartas. Cuando existen graves problemas en España, debería estudiar él personalmente los dosieres que le hayan preparado si quiere ser un auténtico líder.
Y vayamos ahora a la tercera pata de esta mesa inestable o, si se quiere, de este Gobierno de disolución y desconcentrado, que es Pablo Iglesias. Su misión en el Ejecutivo es atacar continuamente a la Monarquía para de esta forma destruir la Transición y sustituirla, como ha titulado un libro suyo, por la II Transición, destinada a crear la Tercera República. Él y sus seguidores consideran que están investidos de una misión histórica de la que, una vez colapsada la España actual, surgirá la España nueva. Según decían, una de las funciones de este vicepresidente cuando nos invadió el virus de la Covid-19 era la de preocuparse y ocuparse del sector de mayor edad de nuestra población. Es decir, se le había asignado la tarea de vigilar las residencias de ancianos por ser las personas más desamparadas. Iglesias debería leer, por si le iluminan, lo que dicen los artículos 195 y 196 del Código Penal cuando hablan de la omisión de socorro, a la vista de todo lo que hemos observado en la televisión, donde se han proyectado imágenes de ancianos atados a sillas y parece que nadie se ha preocupado de ellos. No es extraño, por tanto, que la pandemia se haya cebado con la población más indefensa sin que hayamos visto que el Gobierno haya hecho algo.
Pero la responsabilidad del Gobierno, en lo que se refiere a su política para conseguir que España ocupe el último puesto vergonzante de la Europa actual, es todavía más punzante a la altura en la que estamos. Seis meses después de haberse iniciado la pandemia en España, resulta realmente bochornoso que no sepamos todavía el número de fallecidos por el virus. Es más, en el caso de una guerra se habrían sabido prácticamente día a día las bajas, pero ahora da la impresión de que el Gobierno quiere ocultar el número exacto de fallecidos o incluso el de los contagiados, despreciando así lo que afirma el artículo 43.1 de la Constitución.
Hace unos años, como se recordará, se repetía constantemente que España sin duda tenía la mejor sanidad del mundo. Es posible que tal afirmación fuese cierta en algún sentido; por ejemplo, cualquier residente en España podía acudir a un hospital para que le tratasen gratuitamente. Pero aun siendo eso verdad, la actual situación de nuestros hospitales públicos y de sus médicos y enfermeros nos ha sorprendido en insuficiencia de medios y con la frivolidad de que las televisiones controladas por el Gobierno no acaban de decir la verdad. Para empezar hay que recordar que la OMS desde el mes de enero ha venido avisando de que se acercaba a Europa una pandemia, un virus peligroso y desconocido, por lo que había que estar preparado para combatirlo. No voy a hacer aquí una lista de todas las insuficiencias y contradicciones que hemos presenciado estos meses y que son la causa de nuestra posición a la cola de Europa en la lucha contra la pandemia.
Aquí no se hizo caso de esta amenaza y llegamos tarde para tomar una serie insuficiente de medidas porque ni siquiera se logró un acuerdo entre los políticos y los expertos. En este caso, como en otros, como por ejemplo en la educación, estamos pagando la irracionalidad del Título VIII de la Constitución. Me he cansado de decir durante años y años que nuestra Constitución estaba inacabada, porque no se incluyó un modelo racional de Estado descentralizado. En efecto, en un primer momento se pensó que el País Vasco y Cataluña fuesen las dos únicas comunidades con cierta autonomía. Pero después se impuso esa estupidez del café para todos, en donde ni siquiera se sabe el número de tazas que toma cada uno. Es decir, no se delimitaron con claridad las competencias que debería tener cada comunidad. Y no había ningún obstáculo para que se mantuviesen las competencias aunque se modificasen los estatutos. Sabiendo qué competencias eran propias del Estado y cuáles eran las de las comunidades, se lograría la racionalidad en nuestra política, rota por los partidos nacionalistas que anteponen sus propios intereses, como ya hemos visto, a los intereses de la nación. De hecho ya nadie habla de la nación española.
Lo que se necesita es reconstruir España en vez de destruirla, partiendo de la Constitución con sus necesarias reformas. Es necesario sobre todo que aparezca en España un auténtico líder, que no puede ser ni el ágrafo de la Moncloa ni la ignorante de la vicepresidenta ni, menos aún, el revolucionario de pacotilla que vive en un chalet de lujo. Los ciudadanos españoles que quieran que su país sea, como debe ser, uno de los grandes países del mundo, quizá piensen que tal vez el voto sea insuficiente para lograr ese cambio. Pero de eso hablaremos otro día, si lo permite el coronavirus.
JORGE DE ESTEBAN* Vía EL MUNDO
- *Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional.
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