LA MAJADERÍA FEDERAL

Año 2015 de la era moderna. España se encuentra bajo la amenaza fantasma de la flota interestelar secesionista, que se apresta a pulsar el fatídico botón. Las defensas fueron desactivadas hace tiempo; las alarmas, vendidas al mejor postor. La situación es grave pero, ¡esperen! in extremis, unos sesudos pensadores, situados no en la órbita de estrella o asteroide alguno, sino de cierto partido, dan por fin con la solución. Afirman haber descubierto el infalible escudo antimisiles, el milagroso parche Sor Virginia, el remedio definitivo que salvará a nuestra patria de esa peligrosa deriva que conduce a la desintegración. El último gran invento del TBO se denomina Estado Federal.

Los argumentos para defender la reforma federal contienen bastante hojarasca, palabrería hueca, muchas precisiones de forma pero pocas de fondo. Y el motivo es evidente: la mayoría de los expertos coincide en que España funciona ya, de facto, como estado federal aunque el vocablo no se encuentre en la Constitución. Solo faltan algunos detalles y, por supuesto, el reconocimiento legal. Por tanto, la reforma federal cambiaría el aspecto, la letra, clarificaría el sistema pero afectaría poco al fondo, a la sustancia. Es más bien un cañón de cartón que, piensan, asustará a Mas Vader y sus esbirros quienes, amedrentados, se retirarán con el rabo entre las piernas. 

Hay en estas propuestas mucho ruido y pocas nueces, mucho cambio legal pero muy poco real; un retorcido caminolampedusiano para desembocar... en el mismo lugar

Hay en estas propuestas mucho ruido y pocas nueces, mucho cambio legal pero muy poco real; un retorcido camino lampedusiano para desembocar... en el mismo lugar. Incluso peor, si se aprovecha, como proponen algunos, para fraccionar territorialmente el Poder Judicial o para conceder más atribuciones a ese aquelarre de zombis llamado Senado. Quizá algunos botarates piensen que la palabra "federal" pudiera actuar como placebo, ejercer el mismo efecto taumatúrgico que logró durante muchos

años el vocablo "autonomía", esto es, epítome de democracia. Para ello habría que propagar una nueva necedad, convencer a la opinión pública de que "federal" y "democrático" son dos palabras equivalentes. Olvídenlo, ya no está el horno para cocinar estúpidos dogmas.

Hemos sufrido durante años las ocurrencias de leguleyos de visión corta, obsesionados por copiar la legislación de otros países, creyendo ingenuamente que idéntica ley genera el mismo efecto en cualquier entorno, en cualquier lugar. Y no es así. La fórmula federal, la descentralización, ha funcionado bien en algunos países pero fracasado estrepitosamente en otros. Ha proporcionado eficiencia, buen gobierno en ciertos lugares pero ha multiplicado el clientelismo, el despilfarro y la corrupción en otras latitudes.

Un dogma identificó autonomía con democracia

Nunca se discutió en España el fundamento de la descentralización, del proceso autonómico, Al contrario, se implantó un dogma que identificaba autonomía regional con democracia, logrando así que las fuerzas nacionalistas, aquellas que representaban los intereses más particulares, gozaran de un plus de legitimidad. Pocos se atrevieron a señalar algo evidente: al ciudadano le importa un comino que la gestión de un servicio corresponda a una administración o a otra, mientras éste se preste de forma eficiente y barata. Por contra, para los políticos el asunto era vital pues los traspasos de competencias multiplicaban el número de cargos a repartir entre militantes y simpatizantes. ¿Qué ventajas y desventajas tiene entonces la descentralización de poder y competencias?

La propuesta de un Estado unido pero descentralizado surge en tiempos de la independencia de los Estados Unidos como un intento de combinar las ventajas de un país grande con las de un país pequeño. La teoría pivota sobre una idea básica: que la democracia se perfecciona en unidades políticas pequeñas, en ámbitos reducidos, allí donde la gente conoce mejor a los candidatos, se encuentra mejor informada de la acción de los gobernantes y goza de un trato más cercano con sus

representantes. Un modelo de pensamiento que toma como referente ideal la polisgriega. Teóricamente, en circunscripciones pequeñas, los ciudadanos ejercerían una supervisión más eficaz de sus dirigentes. Y la sana competencia entre gobiernos regionales conduciría a una administración más barata y eficaz. Pero en países como España ocurrió lo contrario: la descentralización generó una administración hipertrofiada, cara e ineficiente, crecientemente intervencionista, con fuerte tenencia al despilfarro, muy inclinada a la corrupción. ¿Cómo se explica esta contradicción con la teoría y la experiencia de otros países?

La descentralización puede intensificar las virtudes del sistema político; pero también acrecienta exponencialmente sus defectos

La teoría clásica del federalismo parte de una concepción ideal de la democracia, un sistema donde el votante es soberano, existen suficientes mecanismos de control del poder y el elector ejerce una supervisión directa de su representante. Sin embargo, si un sistema político se encuentra de entrada corrompido, carece de eficaces controles y contrapesos, de una efectiva separación de poderes, si domina el capitalismo de amigotes, el intercambio de favores, el clientelismo, todas estas lacras se exacerban, se agravan considerablemente a nivel regional. La descentralización puede intensificar las virtudes del sistema político; pero también acrecienta exponencialmente sus defectos.

En España, los políticos regionales evitan con mayor facilidad los controles democráticos pues ejercen enorme influencia sobre los medios de comunicación locales, más frágiles y dependientes de concesiones o subvenciones. El control de los ciudadanos sobre la acción de los gobernantes regionales es débil por la enorme dificultad para separar competencias y asignar responsabilidades. Y el espacio reducido permite una interacción más intensa entre agentes públicos y privados, entre políticos y empresarios, favoreciendo el intercambio de favores y la corrupción. En casos extremos, la ausencia de cortapisas favorece el surgimiento de falsos mesías e iluminados. El federalismo no funciona cuando parte de un

sistema político defectuoso.

Un planteamiento majadero

No tomemos el rábano por las hojas. La España descentralizada, llámese autonómica o federal, aportará siempre más problemas que soluciones mientras no se reforme profundamente el marco político, mientras la ausencia de controles y contrapesos permita a las oligarquías locales utilizar la administración con fines partidistas, promulgar infinidad de leyes innecesarias, retorcidas, contraproducentes, gastar dinero a manos llenas en beneficio de su clientela, restringir la competencia en beneficio de los amigos, dominar la prensa local o influir sobre los jueces más cercanos.

Se puede proponer una constitución federal, por supuesto, argumentando pros y contras. Pero es una colosal majadería plantear el federalismo como solución definitiva para encajar a los nacionalistas catalanes − no a Cataluña, sino a ciertas oligarquías facciosas − en la legalidad española. La concesión de crecientes cotas de autonomía, la transferencia de competencias hasta casi erradicar el Estado en ciertas zonas de España solo ha reforzado a unas élites nacionalistas que desviaron cuantiosos recursos públicos hacia fines notoriamente partidistas. La independencia fue siempre su objetivo a largo plazo; aceptaron la legalidad vigente como estrategia, como vía para conseguir sibilinamente sus fines. Pretender que regresen al redil atraídos por el caramelo federal constituye una pretensión ingenua o malintencionada. O ambas cosas a un tiempo, producto de entornos partidistas donde maldad y estupidez se mezclan, conviven en desordenada promiscuidad.

Déjense de piedras filosofales, federalismos y zarandajas, de marear la perdiz intentando inútilmente crear otro señuelo, un nuevo dogma que sustituya a los sepultados por el lodo

Déjense de piedras filosofales, federalismos y zarandajas, de marear la perdiz intentando inútilmente crear otro señuelo, un nuevo dogma que sustituya a los sepultados por el lodo. Busquen el marco legal más adecuado para el ciudadano de a pie, planteen los cambios que

abran el sistema, fomenten la participación, infundan en la población ilusión, orgullo y sentido de pertenencia.

El rompecabezas territorial no encontrará solución sin una radical reforma del sistema político, sin unos cambios que eliminen privilegios, garanticen la igualdad ante la ley. Reformen las instituciones formales, la Constitución sí, pero prestando mucha atención a los incentivos, a esos usos y costumbres de la política, a esas instituciones informales capaces de convertir la ley en papel mojado, de subvertir las teóricas ventajas de una descentralización. Garanticen que cualquier instancia del poder queda sometida a un contrapoder que lo controle y fiscalice. Fijen reglas estrictas que actúen como barrera infranqueable, como valladar ante cualquier tipo de tiranía. Permitan el desarrollo de una prensa libre, fiable e independiente, nunca obediente a determinados grupos de intereses ni sometida a la autocensura de los tabúes, de la corrección política. Si, a pesar de todo, prefieren mantener el statu quo, no se sorprendan de lo que pueda ocurrir.

                                                                   JUAN M. BLANCO    Vía VOZ POPULI