Entonces, tras la aceptación en referéndum de la Constitución, se configuró el mapa político con unos partidos jerarquizados piramidalmente, con unas cúpulas dominantes, y tuvo lugar un cambio del tradicional método de corruptela individual por una nueva corrupción organizada por y para los partidos, cuyo factor distintivo fue el cobro de comisiones a las empresas por la concesión de contratas en las diversas administraciones, o por recalificaciones del suelo. Tal procedimiento consistía básicamente en separar en el espacio, e incluso en el tiempo, la prevaricación del cohecho. La concesión del favor y el cobro de la correspondiente comisión se iban a llevar a cabo por personas distintas y, además, en diferido. El dinero fluiría hacia los partidos a través de múltiples senderos. Por supuesto, nadie entregaba dinero a cambio de nada, pero sí a cambio de una concesión o de una recalificación.
Desde entonces la corrupción es el sistema político partidocrático imperante en España porque es una forma de entender el ejercicio de la política, que adultera las relaciones entre los administrados y los administradores y posibilita el enriquecimiento personal de muchos afiliados de los principales partidos. La corrupción está ligada a la partidocracia existente dada la perversión interna de la financiación de los partidos y por los excesos de la implantación del Estado autonómico.
En España
la representación política y el sistema electoral fueron regulados inicialmente
por el Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 sobre normas electorales, pero se
consolidó en la Constitución de 1978 y, posteriormente, en la Ley Orgánica de
19 de junio de 1985 sobre Régimen Electoral General (LOREG), que estableció que
el número de escaños correspondiente a cada partido se halla mediante una regla
proporcional corregida por la fórmula D’Hont, asignando los restos electorales
a los dos partidos mayoritarios en cada circunscripción electoral, que es la
provincia. De esta forma se favorece el bipartidismo. En las elecciones las
listas de candidatos son elaboradas por los partidos políticos y han de ser
cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y abiertas para el
Senado.
A pesar de
tener carácter provisional, las normas electorales de 1977 fueron
incorporadas en 1978 al texto constitucional y finalmente se consolidaron como
ordenamiento electoral por la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el
Régimen Electoral General (LOREG), dictada por el PSOE que gobernaba desde octubre
de 1982 con mayoría absoluta de diputados. Por tanto, los socialistas son
los responsables de haber consolidado entonces una legislación electoral poco
democrática y provisional elaborada en 1977 por el reformador franquista Adolfo
Suarez. Al PSOE le interesó entonces mantener un sistema electoral que tutelase
la democracia a través de un partido estatal dominante. El ciudadano quedó así
sujeto al imperio de la partidocracia mediante las listas cerradas y
bloqueadas, pues la Ley electoral de 1985 no respetó ni siquiera los “criterios
de representación proporcional” establecidos por la Constitución española en su
artículo 68.3. Además la LOREG perpetuó consecuencias perversas, pues
mantuvo injustas desigualdades del voto según que el ciudadano votante residiera
o no en una provincia con predominio de partidos nacionalistas, formalizó la
consolidación de las desigualdades que tenía la preconstitucional ley de 1977
sobre normas electorales.
Dada la
supremacía del PSOE en la década de los ochente algunos creyeron que los socialistas refundarían la
democracia; pero el partido gobernante no solo mantuvo invariable el provisional sistema
político acordado en la Transición sino que politizó el Poder judicial e
intervino en la sociedad civil para desarmarla. Si los socialistas hubieran
preferido la ruptura total con el régimen franquista anterior, hubieran podido
llevarla a cabo, democráticamente, con su amplia mayoría absoluta en el Congreso de
los Diputados, durante la legislatura 1982-86; pero prefirieron consolidar la partidocracia en vez de instaurar una verdadera democracia devolviendo la soberanía popular a los ciudadanos mediante la elección directa de los diputados del Congreso en distritos uninominales.
La salud de un país democrático está directamente relacionada con la garantía de la separación de poderes. No hace falta teorizarlo: es de primero de EGB de democracia. La separación de poderes es tan consustancial al sistema democrático como el sufragio universal, o más si cabe, porque el sufragio universal solo será el instrumento de una verdadera democracia en la medida en la que la separación de poderes esté garantizada”. Pero, dada la creciente tendencia a la corrupción que había en los partidos políticos la clase política prefirió que hubiera confusión de los poderes del Estado, para que estuvieran a la disposición de las cúpulas dominantes de los partidos.
Un caso
paradigmático de corrupción fue el escándalo de la denuncia de soborno que el 21 de
septiembre de 1981 hizo al alcalde el secretario general del PSOE de Madrid
y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Alonso Puerta, quien acusó a
dos concejales socialistas de esa Corporación municipal del cobro de comisiones
por la
concesión de la contrata de recogida de las basuras.
Entonces, al escuchar a A. Puerta
el socarrón alcalde, Enrique Tierno Galván, le respondió, con su
proverbial retranca: “Sosiéguese, Puerta, y recapacite; se diría que ha desayunado
tigre”. El alcalde ni se interesó por las pruebas ni preguntó detalles. Muy al contrario,
visiblemente molesto, manifestó su desdén por la insólita salida de tono: todos los socialistas del consistorio sabían muy bien que las comisiones ilegales por
adjudicación de contratas, o por recalificación del suelo, formaban ya parte
del comportamiento habitual de los ayuntamientos "democráticos".
Yo fui
testigo personal de la valiente denuncia que hizo el honrado concejal Alonso Puerta, sobre ese soborno por cobro de comisiones. Entonces yo
era concejal por UCD del ayuntamiento de Madrid y fui miembro de la Comisión de
Investigación que fue creada por el pleno de la Corporación municipal para
esclarecer los hechos relativos a esa denuncia de corrupción por cobro de
comisiones. Por ello tengo fotocopias de
documentos sobre el tema. Por supuesto, en la comisión de investigación -donde
había mayoría de concejales socialistas más comunistas- no se llegó a ninguna
resolución incriminatoria de los culpables, ni se aceptó siquiera la existencia
de cobro de comisiones a cambio de la concesión de la contrata. En vano
pidió UCD la dimisión del alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
En el caso
a que me refiero, las comisiones fueron presuntamente pagadas por la empresa
concesionaria de la recogida de basuras en Madrid; pero aunque las comisiones
pudieron ser entregadas físicamente a ciertos concejales del PSOE, su destino
final parece que fue la financiación de su partido político, no para el lucro
personal de los concejales receptores. De esta forma se confirmó la
financiación ilegal del PSOE en la ciudad de Madrid. Entonces se desacreditó el
eslogan electoral del PSOE en 1979 que presumía de haber tenido “¡cien años de
honradez!”, pues los guasones le añadieron “…y dos en los ayuntamientos”.
La denuncia la realizó Alonso Puerta por honorabilidad y por discrepancia con la dirección nacional ejecutiva del PSOE que, al parecer, había puesto ya en marcha ese procedimiento ilícito de financiación del partido, a pesar de la oposición de algunos altos cargos socialistas. Consecuencia de la denuncia de Alonso Puerta fue que los órganos disciplinarios de su partido acordaran su suspensión de militancia el 26 de septiembre de 1981. Además el 8 de octubre siguiente tuvo lugar la posterior dimisión de otros tres concejales socialistas del ayuntamiento de Madrid por solidaridad con el denunciante. ¡Así de democráticamente actuaban ya entonces las cúpulas de los partidos con los discrepantes con sus órdenes, fuesen o no legales!.
Se consolidó así la corrupción
sistémica del cobro de comisiones por concesiones de contratas a las empresas,
que anteriormente ya había sido iniciada por el partido comunista en las recalificaciones de suelo y que se
contagió entonces al PSOE. Esas prácticas corruptas acabaron extendiéndose también a UCD y, posteriormente,
a Alianza Popular y al Partido Popular cuando, tras su creación, consiguió tener
puestos directivos en los ayuntamientos y en otras administraciones. A partir
de entonces, cualquier concejal honrado que se opusiera al cobro de comisiones
para su partido, sería expulsado o no sería incluido en las siguientes listas
cerradas y bloqueadas electorales.
Otros
concejales socialistas del ayuntamiento de Madrid, a diferencia de A. Puerta,
acataron aparentemente -más o menos gustosamente- la instrucción que se les
imponía sobre cómo allegar fondos para financiar el PSOE. Entre ellos, José
Barrionuevo, quien posteriormente llegaría a ser ministro de Interior y
responsable de los GAL, procesado y condenado a 10 años de prisión, y Joaquín
Leguina quien, a partir de ese momento, se convirtió en el jefe del grupo
socialista en el Ayuntamiento (el alcalde Tierno Galván se limitaba a “dejar
hacer”) y pronto accedió al puesto vacante de secretario general del PSOE en
Madrid. Posteriormente, al crearse la Comunidad Autónoma de Madrid, Leguina fue
designado por su partido presidente de la Autonomía. En la partidocracia la obediencia ciega se remunera generosamente.
Desde luego, la cúpula
nacional del PSOE castigó duramente a Alonso Puerta y, en cambio, premió a otros concejales su dócil
obediencia, que era muy meritoria porque se trataba de un asunto inconfesable.
¡Los caciques políticos siempre someten o destruyen a sus adversarios!. De allí
en adelante todos los socialistas tomaron nota de que ¡”el que se mueva, no
sale en la foto”!. Y la corrupta financiación del PSOE (y de otros partidos)
mediante el cobro de comisiones por concesión de obras, servicios, licencias o recalificaciones
se fue generalizando convirtiendo en corrupto al propio sistema partidocrático.
Por supuesto, ante ese
panorama, yo y muchas personas más, abandonamos la política de la corrupta partidocracia y nos dedicamos al
honrado ejercicio de nuestras profesiones privadas.
Además, para proteger individualmente a
los políticos corruptos y para garantizarles la impunidad en la medida de lo
posible fue necesario adoptar también una serie de medidas legislativas como el
aforamiento de la mayoría de los cargos políticos y, sobre todo, la colonización y el sometimiento de la Justicia por los
partidos haciendo que la carrera profesional de los jueces dependa de su
benevolencia sobre los comportamientos de los políticos, dada la consolidación de la
corrupción sistémica. El amenazador slogan: "el que se mueva no sale en la
foto", no solo se aplicaría a los políticos, también se extendió su
aplicación a la Justicia, y los jueces y fiscales tomaron nota de que sus
carreras profesionales dependen de su actitud ante las actividades de los
políticos y de los partidos.
Por ello, el
mayor atentado contra la democracia española no tuvo lugar en el autogolpe de Estado del 23-F, porque fue
otro que se llevó a cabo -¿democráticamente?- cuando el Parlamento aprobó la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Al tratarse de una ley
orgánica tuvo que ser aprobada por mayoría cualificada, lo que hacía necesario
que, como mínimo, también el mayor partido de la oposición votara favorablemente
el proyecto de ley aprobado previamente por el Gobierno. La Ley del Poder
Judicial salió adelante con el voto favorable de los principales partidos, pues
a la partidocracia española le interesaba politizar la Justicia, aunque se
resintiera la división de poderes en nuestro Estado de Derecho. En ella se
estableció que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, serían elegidos por el Congreso
y por el Senado; lo que exige un consenso entre los partidos mayoritarios. Se
consolidó entonces la colonización y el sometimiento de la Justicia a los
partidos políticos, lo que era necesario para obtener una mayor impunidad a los
crecientes casos de corrupción de los partidos.
En la legislatura que se inició en 2012, con mayoría absoluta del PP, su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón hizo aprobar una reforma legislativa por la que la totalidad de los miembros del CGPJ debían ser elegidos por las Cortes; por lo que actualmente los principales jueces y magistrados dependen, de hecho, de los partidos políticos. Por ello, los políticos corruptos, que suelen ser aforados, quieren ser juzgados por el Tribunal Supremo, cuyos miembros están más politizados que los simples jueces de primera instancia, por lo que son más comprensivos y menos rigurosos al juzgar las corrupciones políticas, tal vez por su carácter sistémico.
En la legislatura que se inició en 2012, con mayoría absoluta del PP, su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón hizo aprobar una reforma legislativa por la que la totalidad de los miembros del CGPJ debían ser elegidos por las Cortes; por lo que actualmente los principales jueces y magistrados dependen, de hecho, de los partidos políticos. Por ello, los políticos corruptos, que suelen ser aforados, quieren ser juzgados por el Tribunal Supremo, cuyos miembros están más politizados que los simples jueces de primera instancia, por lo que son más comprensivos y menos rigurosos al juzgar las corrupciones políticas, tal vez por su carácter sistémico.
Si
se tiene en cuenta, además, que en el artículo 159.1 de la Constitución de 1978
se establece que “el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros
nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de
tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica
mayoría; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”, resulta que
los miembros del Tribunal Constitucional, lo mismo que los miembros del Consejo
General del Poder Judicial son elegidos por los diputados y senadores, es
decir, por el Poder Legislativo; o sea, en último término por los partidos
mayoritarios que, de esta forma, han invadido los órganos supremos de la
Justicia en España, politizando el Poder Judicial. Más aún, los medios para el
ejercicio de la justicia han de ser facilitados por el Ministerio de Justicia
y, en su caso, por las Comunidades Autónomas.
El Poder Judicial en España
depende del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo tanto en su estructura como
en su funcionamiento; o sea, en último término depende de los partidos
políticos, que han intervenido y politizado la Justicia en su propio beneficio,
degradando la democracia. Los tres Poderes integrantes del Estado dependen de
la partidocracia avasalladora, y no solamente del partido gobernante.
Ante
la creciente y generalizada corrupción los partidos han eliminado controles y han domesticando a
los medios de comunicación... con dinero o favores. Se ha creado así un sistema
clientelar de intercambio de favores, en un entorno social dependiente de
un régimen sometido a la arbitrariedad de los jefes de partido. Además, una gran parte del dinero malversado en las comisiones, que debería ser para
financiar a los partidos, suele desviarse hacia las cuentas particulares de algunos
políticos bien situados o de los tesoreros o gerentes de los partidos, dadas
las relaciones de chantaje que se van estableciendo, en un marco donde impera
la ley del silencio. Los partidos miman a sus militantes que son cogidos in
fraganti para que no "canten" y se descubra el alcance de la
trama corrupta.
En
España la corrupción es sistémica, porque está en el ADN de su organización
institucional, donde una
trama integrada por un pequeño número de agentes y grupos de intereses controlan la economía y la
política. O, mejor dicho, la corrupción es el sistema. La corrupción está generalizada porque existe un sistema de acceso restringido.
Además hay que subrayar el corporativismo que se manifiesta en la reacción de los partidos ante las corrupciones de sus adversarios. Para ello voy a recordar que hubo un tiempo en el que el prepotente PSOE gobernante se vio afectado por uno de los escándalos financieros más sonados de la historia política nacional: el “caso Filesa”. La noticia saltó el 29 de mayo de 1991, cuando varios medios de comunicación acusaron al PSOE de financiación irregular a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. El caso llegó al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre de 1997. Ocho personas fueron condenadas por esta trama, que servía como una tapadera para ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las cuentas del PSOE. Al diputado Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luís Oliveró y Alberto Flores, el supremo les condenó a pena de 11 años de prisión cada uno, aunque no llegaron a cumplirlas de forma íntegra, ya que obtuvieron en diciembre del año 2000 un indulto parcial, concedido por el Ejecutivo de José María Aznar, de tal forma que se redujeron a la mitad las condenas que hoy ya están extinguidas. En aquel momento, los tres disfrutaban del tercer grado penitenciario. Aquel indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. El resto de procesados en el “caso Filesa” pagaron multas y cumplieron penas menores.
En fin, existe un último recurso para salvar a los corruptos: es el indulto al reo de corrupción que los Gobiernos conceden generosamente a los condenados por sentencia firme pertenecientes a diversos partidos, pues se ayudan unos partidos a otros, sobre todo los mayoritarios,
cuando se trata de tapar sus propias corrupciones. El presidente Aznar indultó a los
corruptos del PSOE por el "caso Filesa” en el año 2000. ¡Resulta enternecedor comprobar
cómo el gobierno del PP fue comprensivo con las corrupciones del adversario
PSOE por financiación irregular, e indultó generosamente a los
corruptos!. ¿Será tal vez que “favor con favor se paga” en la
partidocracia española?. Eso parece deducirse también de la actuación del
gobierno de Aznar y de los fiscales y jueces, que prefirieron ignorar las
consecuencias penales del caso Banca Catalana, que tanto afectaban a Jordi
Pujol y a otros nacionalistas catalanes.
Sin
embargo en la actualidad, tal vez por la crisis del bipartidismo y la aparición de nuevos partidos, observamos que
los viejos partidos, ante el descubrimiento y divulgación de sus
corrupciones, reaccionan con una excusa que cada
vez resulta más cansina e infantil: recurren
acusatoriamente al "y tú más", que en absoluto los justifica y que
confirma que la generalizada corrupción política es característica del partidocrático sistema
político español; así como a la excusa de que son casos aislados de personas delincuentes que siempre hay en las grandes empresas u organizaciones.
Para conseguir una completa regeneración política que elimine la dictadura de los partidos y el nefasto caudillaje caciquil de sus líderes, es preciso que haya un decisivo rearme de una sociedad civil capaz de obligar a los partidos a un cambio radical con el objetivo de desmantelar la partidocracia e instaurar en España una verdadera democracia, devolviendo la soberanía popular a sus únicos propietarios: los ciudadanos, la gente.
Desde luego, este cambio ha de comenzar con el logro de un objetivo estratégico: una modificación sustancial de la legislación electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes políticos en distritos unipersonales; es decir, al llamado diputado de distrito.
En todo este proceso la sociedad civil, organizada en movimientos y plataformas, tendrá que intensificar cada vez más la presión a los partidos políticos y proponer una eficaz política por objetivos con el fin de profundizar en la regeneración política y conseguir la auténtica democratización, acometiendo para ello las reformas que sean necesarias de nuestra obsoleta Constitución. ¡España tiene que dejar de ser una partidocracia!. A los partidos inmovilistas que se opongan a esos objetivos, los ciudadanos tendremos que boicotearlos dejándoles de votar, porque ya somos mayores de edad políticamente y no necesitamos ni aceptamos la nefasta tutela de los partidos ni sus listas cerradas y bloqueadas de candidatos.
La nueva política debería ser radical y establecer un sistema de libre acceso basado en el mérito, la capacidad y el esfuerzo, con instituciones objetivas y neutrales. Los políticos deben ser elegidos directamente por los ciudadanos en distritos uninominales, en lugar de ser propuestos por los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Los nuevos partidos: Podemos, Ciudadanos, ...solo quieren integrarse en el sistema existente, en la partidocracia, en la clase extractiva, para participar en el reparto del pastel.
En fin, que dado que la corrupción es sistémica, para erradicarla es preciso adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
1) Decretar la total ilegalidad de la financiación irregular de los partidos, completando lo que ya se ha legislado en este sentido.
2) Eliminar el aforamiento de los representantes políticos electos y de los cargos públicos
3) Inhabilitar de por vida a los corruptos para el ejercicio de cargos públicos.
4) Cambiar la Ley Electoral para que sean los ciudadanos los que elijan directamente a sus representantes políticos en distritos uninominales en primera vuelta o, si es preciso, en segunda vuelta. Hay que instaurar el diputado de distrito.
5) Mientras que no se modifique la Ley Electoral y continúen siendo los partidos los que propongan a los candidatos políticos, la obligación de devolver lo robado debe ser no solo del culpable material del delito, sino también con carácter subsidiario pero obligatorio del partido que lo incluyó en la correspondiente lista cerrada y bloqueada electoral.
6) Aplicar efectivamente lo que dice la Constitución sobre la elección de los miembros del CGPJ que en su mayoría (12 de los 20 miembros) deben ser elegidos por los propios jueces, no por los partidos. Actualmente todos sus miembros son elegidos por los partidos políticos.
7) Cuando en un solo partido concurran numerosos casos de corrupción, aunque sean personales, los jueces podrán declarar al partido ilegal por ser una banda organizada para delinquir, tras sancionarlo con una gran multa proporcional a lo defraudado.
8) Reformar los estatutos de los órganos de control para que sean independientes de la actuación de los partidos y de los cargos públicos, para que sean autónomos y verdaderamente independientes.
9) Prohibir la concesión de indultos a los políticos condenados por corrupción en sentencia firme.
Para conseguir una completa regeneración política que elimine la dictadura de los partidos y el nefasto caudillaje caciquil de sus líderes, es preciso que haya un decisivo rearme de una sociedad civil capaz de obligar a los partidos a un cambio radical con el objetivo de desmantelar la partidocracia e instaurar en España una verdadera democracia, devolviendo la soberanía popular a sus únicos propietarios: los ciudadanos, la gente.
Desde luego, este cambio ha de comenzar con el logro de un objetivo estratégico: una modificación sustancial de la legislación electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes políticos en distritos unipersonales; es decir, al llamado diputado de distrito.
En todo este proceso la sociedad civil, organizada en movimientos y plataformas, tendrá que intensificar cada vez más la presión a los partidos políticos y proponer una eficaz política por objetivos con el fin de profundizar en la regeneración política y conseguir la auténtica democratización, acometiendo para ello las reformas que sean necesarias de nuestra obsoleta Constitución. ¡España tiene que dejar de ser una partidocracia!. A los partidos inmovilistas que se opongan a esos objetivos, los ciudadanos tendremos que boicotearlos dejándoles de votar, porque ya somos mayores de edad políticamente y no necesitamos ni aceptamos la nefasta tutela de los partidos ni sus listas cerradas y bloqueadas de candidatos.
La nueva política debería ser radical y establecer un sistema de libre acceso basado en el mérito, la capacidad y el esfuerzo, con instituciones objetivas y neutrales. Los políticos deben ser elegidos directamente por los ciudadanos en distritos uninominales, en lugar de ser propuestos por los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Los nuevos partidos: Podemos, Ciudadanos, ...solo quieren integrarse en el sistema existente, en la partidocracia, en la clase extractiva, para participar en el reparto del pastel.
En fin, que dado que la corrupción es sistémica, para erradicarla es preciso adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
1) Decretar la total ilegalidad de la financiación irregular de los partidos, completando lo que ya se ha legislado en este sentido.
2) Eliminar el aforamiento de los representantes políticos electos y de los cargos públicos
3) Inhabilitar de por vida a los corruptos para el ejercicio de cargos públicos.
4) Cambiar la Ley Electoral para que sean los ciudadanos los que elijan directamente a sus representantes políticos en distritos uninominales en primera vuelta o, si es preciso, en segunda vuelta. Hay que instaurar el diputado de distrito.
5) Mientras que no se modifique la Ley Electoral y continúen siendo los partidos los que propongan a los candidatos políticos, la obligación de devolver lo robado debe ser no solo del culpable material del delito, sino también con carácter subsidiario pero obligatorio del partido que lo incluyó en la correspondiente lista cerrada y bloqueada electoral.
6) Aplicar efectivamente lo que dice la Constitución sobre la elección de los miembros del CGPJ que en su mayoría (12 de los 20 miembros) deben ser elegidos por los propios jueces, no por los partidos. Actualmente todos sus miembros son elegidos por los partidos políticos.
7) Cuando en un solo partido concurran numerosos casos de corrupción, aunque sean personales, los jueces podrán declarar al partido ilegal por ser una banda organizada para delinquir, tras sancionarlo con una gran multa proporcional a lo defraudado.
8) Reformar los estatutos de los órganos de control para que sean independientes de la actuación de los partidos y de los cargos públicos, para que sean autónomos y verdaderamente independientes.
9) Prohibir la concesión de indultos a los políticos condenados por corrupción en sentencia firme.
En todo caso, para que nuestro sistema político deje de ser partidocrático y se
convierta en una verdadera y satisfactoria democracia, hay que exigir que se instaure el mandato
personal, expreso y concreto, de los votantes sobre sus representantes mediante
una reforma de la Ley Electoral que habilite la elección en circunscripciones
uninominales del diputado de distrito, aunque sea en la medida de lo posible hasta que se modifique el artículo 68 de la vigente Constitución española.
JOAQUÍN JAVALOYS
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