El PP de Madrid montó “una estructura ilícita permanente” para financiarse, según el juez

Una resolución dictada en el caso Lezo afirma que hay indicios de una "trama delictiva que generó y dirigió" el expresidente del Gobierno madrileño.

 

 

Aguirre, el juez García-Castellón y González./ E.E.

 

 El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera que la investigación del caso Lezo ha aportado "elementos probatorios suficientes" que apuntalan los indicios contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, número dos y sucesor de Esperanza Aguirre y al que el instructor atribuye el papel de "generar y dirigir" una trama delictiva que, entre otras actividades, financió al PP madrileño.

El caso Lezo estalló en abril de 2017 con la detención de González y otros implicados, aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción llevaban investigando una denuncia desde 2015 y el propio Juzgado abrió diligencias secretas en febrero de 2016.

Desde entones la Justicia indaga, entre otros aspectos, la expansión en Iberoamérica del Canal de Isabel II, empresa pública madrileña que presidía el propio González y que habría realizado compraventas en las que obtuvo ilícitas plusvalías millonarias.

También se investiga la financiación del PP de Madrid a través del Canal y de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), una parte el caso Lezo que fue fusionada con Púnica, donde aparecieron indicios de esa operativa.    

En una resolución citada el pasado 26 de julio y conocida por EL ESPAÑOL, García-Castellón indica que González "realizó un uso abusivo y fraudulento de algunos de los cargos públicos que ostentó, en beneficio propio, de sus familiares directos y de ciertas personas que asumieron un papel esencial y necesario para la consecución de la trama delictiva que generó y dirigió el propio Ignacio González".

"A través de esta estructura ilícita que permaneció en el tiempo, se favoreció económicamente al Partido Popular", añade el instructor, que recuerda que la investigación se ha centrado en la utilización por Ignacio González de instituciones públicas para "dirigir la adjudicación de contratos públicos en beneficio de ciertas mercantiles 'afines' y con ello obtener cuantiosas comisiones", "intervenir en las obras e inversiones del Canal de Isabel II para percibir importantes plusvalías ilícitas a costa de los fondos públicos de la Comunidad e Madrid" y "ordenar el incremento injustificado del precio de ciertos contratos públicos con el fin de recaudar fondos destinados presuntamente a la financiación del PP".

Esas actuaciones se habrían llevado a cabo "de forma permanente y estable" a lo largo de varios años y necesitaron de "un entramado societario muy complejo" dentro y fuera de España cuya finalidad era, de un lado, "canalizar las comisiones y plusvalías ilícitas obtenidas" y, de otro, ocultar esos fondos "para posteriormente introducirlos (aflorarlos) en el mercado lícito".

También se produjo una "estrecha colaboración de múltiples personas físicas y jurídicas afines a la trama" que en la mayoría de los casos "respondían a las órdenes cursadas por Ignacio González o por personas de su estricta confianza".

Esa estructura "actúo presuntamente de forma unitaria y bajo una misma fuente de decisión", señala García-Castellón, para quien la organización presuntamente dirigida por González "abusó de su posición de prevalencia en la Administración pública madrileña" y se utilizó para blanquear los fondos ilícitamente obtenidos.

La instrucción del caso Lezo debe terminar antes de diciembre de 2020. Por el momento, la única pieza cuya investigación ha concluido es la relativa a lacompra de Inassa por parte el Canal de Isabel II, asunto en el que finalmente quedó exonerado el expresidente de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. En cambio, tres de sus antiguos colaboradores -Juan Bravo, Pedro Calvo y Arturo Canalda- se enfrentarán a una petición de pena de siete años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, según el escrito de acusación provisional presentado el pasado junio.

                                                                            MARÍA PERAL  Vía EL ESPAÑOL