LECCIONES DEL OPEN ARMS

El caso del buque de la ONG enfrenta el Derecho interno de los Estados con las leyes internacionales. El autor explica que la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar es incumplida por las grandes potencias

 

 
El Open Arms, en la costa de Lampedusa. REUTERS

La tragedia del Open Arms es una más de las muchas que están ocurriendo en todos los mares y océanos del mundo. A España le alcanza más directamente por ser un buque de pabellón español y propiedad de una ONG española. De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y con la Convención de La Haya de 1930, Artículo 18, la competencia a bordo del buque corresponde a España. Pero desde que pasó de aguas internacionales a las aguas jurisdiccionales de Italia, con permiso de sus autoridades tras una resolución judicial, se origina un conflicto de competencias claro entre ambos países. El Gobierno italiano ha prestado auxilio a inmigrantes enfermos, que fueron desembarcados, así como a 27 menores no acompañados. Se atendió así una petición de la Justicia italiana y del Jefe del Gobierno que han cumplido con las normas de salvamento marítimo.

Por denuncia de abogados próximos a la ONG con sede en Barcelona propietaria del Open Arms, la Fiscalía de Agrigenta ha iniciado una investigación. Es necesario aclarar que el Estado ribereño en cuyas aguas territoriales se encuentre un buque tiene que cumplir la Ejecución de normas por el Estado del Puerto, según el Art. 218, 1 de la Convención de N.U. de 1958, firmada por Italia y España en Balbys Bay, Jamaica. Bien es cierto que Italia ha convertido este conflicto de fondo humanitario y solidario en un asunto político que le conviene al ministro Salvini de cara a las próximas elecciones.

Durante los más de 15 días que el barco permaneció en aguas internacionales, Salvini alegó que el buque es de pabellón español y propiedad de una ONG española -cuya actuación merece fuertes sanciones- y que, por tanto, debía dirigirse a algún puerto de nuestro país, que está abierto a la inmigración. Por su parte, el Gobierno español alegó que, de acuerdo con las leyes del mar, un buque con inmigrantes rescatados, en condiciones precarias de salud, tiene el derecho de desembarcarlos en los puertos más cercanos a su situación en Alta Mar. Y éstos eran los de Italia y Malta. Ambos Estados, en el ejercicio de su soberanía, se han negado a admitir al Open Arms. Ante la situación de emergencia que se ha ido creando, el capitán y los responsables a bordo de la ONG, propietaria del buque, intentaron el apoyo de la embajada española en Malta, solicitando incluso asilo diplomático. Éste les fue denegado no sólo por razones formales o de procedimiento, sino también porque el Art. 38 de la Ley de Asilo prohíbe la protección diplomática en las embajadas, para evitar casos como el reciente de Assange en la embajada de Ecuador en Londres.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, consciente de que su posición en España y en Europa no le es favorable, acabó accediendo el domingo a que el Open Arms viajara a un puerto español. Y pretende impulsar una política común de inmigración en el seno de la Unión Europea. Hay un acuerdo inicial de reparto de los inmigrantes a bordoentre seis países:España, Portugal, Francia, Alemania, Rumanía y Luxemburgo, una solución que serviría para poner fin a este drama concreto. Aunque ayer seguían sin conocerse los términos del reparto ni el puerto de desembarco.

La Agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, contactó con los gobiernos europeos para que se llevara a cabo el desembarco inmediato. No ha tenido ningún resultado, pues es sabido que los organismos dependientes de Naciones Unidas tienen poca aceptación por los Estados miembros, que saben que sus resoluciones, acuerdos y peticiones no tienen fuerza ejecutiva. Es, además, importante señalar que la Convención de 1958, de la ONU, no dedica ni un capítulo o epígrafe al tema de las migraciones por el mar, ni a los llamados buques humanitarios. Denominación equivocada y de difícil clasificación, puesto que en el mar todo buque mercante o de guerra tiene la obligación de ser humanitario y de recoger posibles náufragos, pero no de ir a buscarlos y negociar su llegada a un puerto europeo con las mafias de la inmigración. Resulta también curioso ver cómo nunca una patera con inmigrantes se ha dirigido a Gibraltar.

El tráfico de seres humanos cada vez está mejor organizado, incluso se avisa por móviles a los buques más o menos grandes de las ONGs en Alta Mar para que acudan al rescate. Para comprender esta situación nueva, debemos aclarar que, debido a que la legislación marítima está anticuada, el mar libre se ha convertido en un inmenso espacio salvaje, donde la autoridad de los Estados no llega o no quiere llegar. Esta Alta Mar está siendo utilizada por las numerosas ONGs, que alegan que sus barcos cumplen una labor humanitaria, como se contempla en el Convenio para la Seguridad de la Vida en el Mar de 1974, y que los Estados no quieren llevar a cabo esa ayuda, cuando debería ser precisamente una cooperación entre Estados la que resolviese este complejo problema de la inmigración masiva hacia Europa. Naturalmente, una vez hacinados en la cubierta de un barco mal llamado humanitario, nadie puede negar la necesidad de atender a esas personas, seres humanos desplazados de sus poblados, que lo único que buscan es una vida mejor.

Acuerdos como los que selló la UE con Turquía a raíz de la crisis de Siria, o más recientemente España con Marruecos y Senegal, no son más que remedios ocasionales porque el problema sólo podrá solucionarse a base de una sensata cooperación europea-internacional.

Puede percibirse que la soberanía de los Estados y sus normas de Derecho interno prevalecen sobre muchos principios que creíamos indiscutibles, como la solidaridad y la ayuda humanitaria. La pérdida de valores es manifiesta y la globalización en el mar presiona fuertemente, ya que abundan las banderas de conveniencia, la falta de regulación del trabajo, del salario y de las condiciones de las tripulaciones, tanto en los mayores cruceros como en los pequeños barcos costeros. Si las grandes potencias, como Estados Unidos y Rusia se desentienden, como ya hicieron con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al no firmar las partes del texto más importantes, seguiremos con la inseguridad, la falta de solidaridad y el incumplimiento de los Derechos Humanos, levantando muros frente a las poblaciones más desfavorecidas.

                                                              MANUEL TRIGO CHACÓN*   Vía EL MUNDO

*Manuel Trigo Chacón, doctor en Derecho, es autor del libro Derecho Internacional Marítimo (Ed. UNED).