Recientes manifestaciones, señalamientos o enfrentamientos de políticos con periodistas hacen preciso recordar que la Constitución garantiza el derecho a la información de la ciudadanía.
ATRESMEDIA
Sin una prensa libre y plural no hay democracia. Y recientes manifestaciones, señalamientos o enfrentamientos de políticos con periodistas hacen preciso recordar que la Constitución garantiza el derecho a la información de la ciudadanía. Los medios informativos y los profesionales del periodismo son, nada más y nada menos, que ejecutores de ese derecho.
Pablo Iglesias señaló con nombres y apellidos a periodistas y medios que han investigado el caso de la tarjeta de su ex asesora, que guardó y le ocultó, Dina Busselham. "He leído cosas sobre Vicente Vallés que no me han gustado", dijo Iglesias en su tono circunspecto, y tildó al periodista de cloaquín... Cuando él representa el más claro ejemplo de que ninguna cloaca del Estado ha impedido que sea vicepresidente.
También ha señalado a profesionales como Esteban Urreiztieta, de este periódico, o José Mª Olmo... Y señalar a un periodista constituye una advertencia, una fórmula de presión, una estrategia de acoso que amenaza su labor profesional. Pero, es que llueve sobre mojado. El líder de Podemos ya manifestó que "la existencia de medios privados ataca la libertad de expresión" o "los medios deben estar controlados por una cosa que se llama Estado".
Esta misma semana, el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha recomendado una terapia psiquiátrica al periodista Antonio Papell. Y este partido no brilla, precisamente, por su respeto a la prensa, al vetar a determinados medios informativos el acceso a sus ruedas de prensa. Cuando los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación sociopolítica del ciudadano y, por lo tanto, deben recibir información directa de sus planteamientos y criterios.
Ni periodistas ni medios de prensa pueden rechazar o estar exentos de crítica. Pero el insulto es inaceptable y resulta incomprensible que la propuesta de naturalizarlo parta de un vicepresidente del Gobierno, cuya misión es propiciar la paz y garantizar que la información pueda desarrollarse en libertad. Ese es el cometido del político. El del periodista: administrar el derecho ajeno a la información y ejercer el contrapoder.
Que los periodistas precisamos autocrítica y dosis de ética no es nuevo, como los políticos; y debemos aspirar, constantemente, a fortalecer la calidad de nuestro trabajo... para indagar, confirmar y reportar, con datos y valoraciones veraces. Si no, nos convertimos en papel mojado, portavoces inútiles. Una prensa libre puede ser buena o mala, como escribió Albert Camus, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Y conviene huir de las intromisiones, de cualquier tipo, políticas, económicas o sociales. Creo que la mejor Ley de Prensa es la que no está escrita. Ya se ocupan los tribunales de frenar excesos, y, para evitar la judicialización, disponemos de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que preside Rafael de Mendizábal, el creador de la Audiencia Nacional.
Estas actitudes, como ocurrió con el procés por parte de algunos soberanistas, deben denunciarse y frenarse antes de que puedan dañar el principio básico de una democracia: la pluralidad informativa.
El peligro es que la crítica y los insultos lanzados por miembros del Gobierno y desde formaciones políticas se conviertan en amenaza; y señalar a un periodista es colocarle en la diana, intimidarle a él y alertar a quienes ejerzan la profesión con libertad. E Iglesias ya no es un activista sino un alto representante público. Y España no es un estado bananero, es una democracia. Si Iglesias quiere defenderse del caso Dina, dispone de frentes más adecuados. Y los diputados de Vox se hallan en el Parlamento después de jurar la Constitución que consagra el derecho a una información libre y plural.
Afortunadamente, y a pesar de las dificultades económicas que atraviesan los medios, públicos y privados, y de diferentes líneas editoriales, la prensa seguirá realizado su labor. Como el trabajo del juez García Castejón, si descubre destrucción de la tarjeta informática que ocultó.
Presiones al periodista han existido y existirán siempre, de uno u otro lado. Lo esencial es saber plantarles cara. Pero, resulta especialmente grave que procedan de un vicepresidente del Gobierno.
Pedro Sánchez debe reprobar estos ataques intolerables a la libertad de información. Comienzan con el señalamiento y expanden una persecución insaciable a través de las redes sociales. La ministra de Asuntos Exteriores y la vicepresidenta primera del Gobierno han respondido a Iglesias, pero solo Margarita Robles ha sido contundente en la crítica.
El periodismo no precisa salvadores, solo políticos eficaces que garanticen la libertad de prensa y la respeten.
ELSA GONZÁLEZ* Vía EL MUNDO
*Elsa González es periodista y ex presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
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