España es, hoy por hoy, un país aconfesional en lo religioso pero que profesa una ideología oficial: la progresista
La ministra de Igualdad, Irene Montero Europa Press
El sábado, la ministra Irene Montero compartía una entrevista de su secretaria de Estado para publicitar el nuevo eslogan en el que han estado trabajando: del “hermana, yo sí te creo” al “hermana, el Estado te cree”. A priori puede parecer otro de los muchos ridículos lemas pancarteros a los que recurre este Gobierno para dar cobertura propagandística a sus ocurrencias legislativas, en este caso a la llamada ley del 'sólo sí es sí'. Pero la frasecita de marras oculta un trasfondo preocupante.
Para empezar, que el sujeto activo pase de ser “yo” a convertirse en el “Estado” no es una coincidencia. A Irene en particular y al Gobierno en general se les han subido las burbujitas del poder a la cabeza y están convencidos de que el Estado son ellos. Sus creencias particulares son ahora verdades estatales que predican desde los púlpitos institucionales y la voluntad del Gobierno se ha transformado en una ley suprema incontestable.
España es, hoy por hoy, un país aconfesional en lo religioso pero que profesa una ideología oficial: la progresista. Su biblia política está plagada de términos huecos como resiliencia, sostenibilidad o paridad, y entre los dogmas de fe destaca el mandamiento feminista pronunciado por la profeta, a la vez que vicepresidenta, Carmen Calvo: a las mujeres hay que creerlas sí o sí, siempre. Es la consagración del absolutismo feminista.
Lo malo de institucionalizar como verdad incuestionable cualquier acusación vertida por una mujer es que tiene como contraprestación que ha de asumirse que un hombre que se defiende de esa imputación siempre miente. O lo que es lo mismo: un Estado que siempre cree a las mujeres nunca puede creer a los hombres. En el siglo de la revolución tecnológica, la ciencia política trata de convencernos de que lo que llevamos entre las piernas es determinante de nuestra fiabilidad y honorabilidad. Que las mujeres, salvo las que se declaran abiertamente de derechas, son siempre víctimas potenciales de los varones, que son potencialmente maltratadores y violadores salvo si militan en la izquierda. La opresión de la clase obrera por los capitalistas burgueses ha dado paso a mujeres oprimidas por el patriarcado.
Reforma del CGPJ
La presunción de inocencia, derecho fundamental en el que se cimientan las sociedades libres, democráticas y prósperas, es caricaturizada como un invento neoliberal cuya defensa te convierte en fascista, en un auténtico hereje de este nuevo sistema social que acusa, juzga y condena al margen de los tribunales de justicia. Son el último reducto que resiste a la colonización y por eso están en el centro de la diana. Este Gobierno acabará reformando el sistema de elección de los jueces y magistrados miembros del CGPJ para que no sea necesaria una mayoría cualificada. Pero también el sistema de acceso a la carrera judicial. Y les apuesto que una de las excusas será, además de que quienes opositan a la judicatura son hijos de ricos, la necesidad de formar a los jueces en perspectiva de género. La finalidad no confesada es que los hechos sean sustituidos por el relato y el qué sea reemplazado por el quién: resucitar el derecho penal de autor. Una muestra de lo que este supone ya la tenemos en nuestro actual Código Penal, en base al cual ya es posible condenar a más pena a un hombre que a una mujer por los mismos hechos: la asimetría penal del art. 153, introducida por la Ley Integral de Violencia de Género perpetrada por Calvo en el año 2004.
Ahora parece que el Ministerio de Igualdad intenta ir un pasito más allá. Si hacemos caso a lo que manifestó la secretaria de Estado en la entrevista tuiteada por Irene Montero, se pretende imponer por ley que el silencio de una mujer sea interpretado siempre como una negativa al acto sexual que, por lo tanto, será considerado una agresión sexual (violación), aunque no medie ni violencia ni intimidación. Esto implicará que el principio de inmediación judicial en la práctica de la prueba sea reemplazado en estos casos por una suerte de presunción iuris et de iure, que no admite evidencia que la desvirtúe. Y esto suscita enormes dudas sobre su constitucionalidad porque, en el fondo, lo que se pretende es orillar la presunción de inocencia.
El margen del juez
Efectivamente, este derecho fundamental, consagrado en el artículo 24 de la Constitución y en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implica que toda persona acusada de un delito deba ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un proceso con todas las garantías. Esto determina que sea necesaria la práctica de una mínima prueba de cargo por parte de quien acusa, la cual deberá tener la entidad suficiente para generar en el juzgador la certeza de la existencia de un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado. Cuando el margen interpretativo y valorativo del juez ante el que se practica la prueba se sustituye por una conclusión prefijada legalmente, se está violentando y vulnerando la presunción de inocencia.
Habrá quienes se consuelen pensando que, si con ello se confiere mayor protección a las víctimas de estos delitos, bien estará. Pero es que no va a ser así: esta ley será un coladero (otro más) de denuncias falsas que obligará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los sanitarios y a los tribunales a perder su valioso tiempo en hechos que no son constitutivos de delito en lugar de centrarse en quienes hayan pasado por el calvario de una violación. Porque si de verdad quisieran ayudarlas, dotarían de más presupuesto a los que están en primera línea, en lugar de cebar con dinero público a los inútiles chiringuitos y observatorios dependientes del Ministerio de Igualdad. Pero todas las ideologías totalitarias han tenido un pretexto y esta vez le ha tocado al feminismo.
GUADALUPE SÁNCHEZ Vía VOZ PÓPULI
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