El Gobierno siempre ha querido acabar con la "competencia desleal" entre comunidades autónomas en impuestos como el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Ahora ERC exige que se haga de inmediato a cambio del 'sí' a los Presupuestos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. EFE
La armonización fiscal en todo el territorio nacional de impuestos en los que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas (como el de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones o, incluso, el IRPF) está en la agenda del Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido desde que ocupó el cargo entonces y lo revalidó de nuevo con el Gobierno de coalición, en enero de este año, en su intención de reformar el sistema de financiación autonómica para acabar con lo que denominan 'dumping fiscal', es decir, competencia desleal entre autonomías.
Las diferencias son tales entre unas comunidades y otras que se dan prácticas fraudulentas entre los contribuyentes para intentar sortear al fisco. Tretas que la Agencia Tributaria empezó a perseguir con vehemencia ya en 2019.
Sin embargo, el tema ha vuelto a salir a la palestra estos días por la presión que está ejerciendo Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que el Gobierno se comprometa a acometer esta reforma de forma inmediata, a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.
El partido de Gabriel Rufián ha incluido una enmienda en la tramitación parlamentaria de las cuentas en la que propone recuperar el Impuesto de Patrimonio a nivel nacional, un movimiento al que seguirá la solicitud de armonización de Sucesiones y Donaciones. Ambas ideas son vistas con buenos ojos por la ministra y el presidente, de ahí los temores de la Comunidad de Madrid y de muchos contribuyentes.
Estrategia electoral
Pese a que un cambio de este tipo afectaría a todas las comunidades, Esquerra ha vendido el acuerdo a su electorado como un ataque solo contra la Comunidad de Madrid, a la que ha calificado como "paraíso fiscal". Sin embargo, lo pactado no consistirá en subir los impuestos a los madrileños, sino que implicará igualar en todas las comunidades esos tributos o, al menos, fijar unas franjas que no se puedan rebasar ni al alza ni a la baja (unos topes máximos y mínimos de tributación a los que tendrán que ceñirse).
En la práctica, si esto se lleva adelante, supondrá una subida de impuestos para los contribuyentes de las comunidades con fiscalidad más baja -no sólo para los residentes en la Comunidad de Madrid-, y también podría implicar una bajada para aquellas que tienen impuestos más altos, en las que los contribuyentes saldrían beneficiados.
La petición del partido independista catalán llega en un ejercicio en el que en Cataluña se ha aprobado una fuerte subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a petición de En Comú Podem, que puso este requisito para apoyar las cuentas de la Generalitat.
De 103.135 euros en Asturias a cero en Cantabria
Para ver las injustas diferencias que existen entre autonomías basta un ejemplo: si un joven soltero de 30 años hereda de su padre bienes por valor de 800.000 euros y suponemos que de ellos 200.000 corresponden a la vivienda en la que vivía el fallecido, el heredero tendrá que pagar a Hacienda 103.135 euros si vive en el Principado de Asturias, pero no tendrá que abonar nada si vive en Cantabria, la comunidad fronteriza, o en Andalucía.
En Canarias pagará 134 euros de impuestos, mientras que esa cuantía sube hasta 1.588 euros en Extremadura y la Comunidad de Madrid, todavía lejos de los más de 100.000 abonados en Asturias. No se aprecia un sesgo por partido político, ya que los gobiernos autonómicos canario y extremeño los dirige el PSOE.
Aunque no es la única comunidad en la que la fiscalidad es ventajosa, Madrid es siempre la diana de todas las críticas y comparaciones. No obstante, los datos demuestran que bonificar el Impuesto de Donaciones ha permitido a las arcas madrileñas registrar un incremento sin precedentes del número de donaciones declaradas -muchas antes se hacían de espaldas al fisco- y, gracias a ello, incrementar la recaudación pese a las bajadas de impuestos.
Cuestión de tiempos
La postura oficial del Gobierno, hasta hace unos días, pasaba por esperar a que el país iniciara la senda de recuperación económica para hacer reformas en estos tributos. Ahora, ERC parece haber puesto esa medida y otras como precio a su 'sí' a las cuentas, lo que podría acelerar el proceso.
Aún así, el pacto recuerda al polémico acuerdo de mayo entre el PSOE y EH Bildu en el que se comprometían a derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 a cambio de su abstención para sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma. Hubo mucho ruido, pero ningún cambio legislativo.
Habrá que ver si en esta ocasión el Gobierno se somete a la prisa de ERC y finalmente acomete la reforma y, sobre todo, si lo hace en base al consenso territorial o se limita a modificar por mayoría simple la Ley de Cesión, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
En ese caso, las comunidades agraviadas como la de Madrid ya han advertido de que irán a los tribunales, ya que consideran inconstitucional la intromisión en la fiscalidad autonómica.
ALEJANDRA OLCESE Vía VOZ PÓPULI
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