Mientras Bruselas analiza el problema de Hungría y Polonia, la corrupción, los abusos de poder y las malas prácticas se extienden, al menos, entre un cuarto y dos tercios de los países miembros de la UE
A la hora de hablar de malos alumnos de la Unión Europea en materia de estado de derecho, Hungría y Polonia son constantemente el centro de atención.
La realidad, sin embargo, escribe Gideon Rachman, periodista principal del Financial Times en política internacional, es que las deficiencias del estado de derecho en el seno de la Unión Europea suponen un problema cada vez más general, que sobrepasa y de mucho a estos dos países.
Rachman afirma acertadamente que Varsovia y Budapest monopolizan la atención por razones ideológicas: sus gobiernos respectivos, de carácter marcadamente conservador, enmarcan sus decisiones dentro de una agenda orientada a proteger los valores tradicionales de sus países de las influencias juzgadas contrarias.
En este sentido, el primer ministro húngaro Viktor Orbán incluso ha desarrollado un modelo de gobernanza particular, que ha bautizado sin rodeos como “democracia iliberal”.
Sin embargo, los árboles polaco y húngaro tapan un bosque de corrupción, arbitrariedades y partidismos que se extiende cada vez más entre los países de la periferia este de la Unión Europea, como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia o Croacia.
Rachman añade, a esta larga lista, países del sur sin vínculos con el antiguo bloque soviético, como Malta y Chipre.
Mientras Bruselas diserta sobre el problema de Hungría y Polonia, la corrupción, los abusos de poder y las malas prácticas se extienden, al menos, entre un cuarto y dos tercios de los países miembros de la UE, sin atraer el escrutinio constante que los medios infligen a Varsovia y Budapest.
El último mensaje enviado a los gobernantes parece ser el siguiente: si desea consolidar su poder y enriquecerse, haga lo que quiera pero evite los discursos oficiales contra los principios de la UE . Más allá de este punto, la barra es libre.
En buena parte de estos países silenciosamente iliberales, sin embargo, la situación en la calle es más tensa. El gobierno búlgaro hace frente desde julio a un amplio movimiento de protesta contra las acusaciones de corrupción que afectan al primer ministro Boyko Borisov y a su gobierno.
En Rumanía y Croacia, altísimos cargos políticos -un ex-primer ministro sin ir más lejos- han entrado recientemente en la cárcel acusados de corrupción. En Malta y Eslovaquia se han producido asesinatos de periodistas que investigaban casos de corrupción gubernamental. En Malta y Chipre los gobiernos han distribuido pasaportes europeos a extranjeros de forma totalmente ilegal, incluyendo a criminales internacionalmente buscados.
La corrupción, independientemente del país europeo donde se ubique, afecta a la UE en su conjunto: en numerosas áreas, como los presupuestos, Bruselas necesita el acuerdo de los 27 miembros para aprobar una decisión.
Cada país dispone de un derecho a veto si los demás quieren entrar en una zona considerada crítica.
Más allá de eso, un pasaporte dado de forma fraudulenta da derecho al beneficiario a desplazarse libremente por los 27 países. Sin olvidar que la presidencia del Consejo cambia cada 6 meses y ya ha permitido a gobiernos dudosos, como el búlgaro, presionar para imponer su agenda.
La Unión Europea dispone de pocas armas para hacer frente a la corrupción y vulneraciones diversas del estado de derecho por parte de sus miembros. La Oficina del Fiscal Europeo sólo puede actuar en casos que impliquen malversación de fondos europeos. Y la participación en este organismo por parte de los Estados miembros es voluntaria.
Pero, para encontrar abusos de poder no hay que ir tan lejos como Malta o Hungría: el gobierno español de Pedro Sánchez ha intentado reformar el poder judicial a su conveniencia, lo que ha motivado una respuesta firme desde Bruselas. Sin hablar de los escándalos constantes del Señor Tezanos al frente del CIS.
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