Algunos ya están bailando alrededor de la hoguera, celebrando el ritual que anticipa el advenimiento de un nuevo régimen totalitario
Pedro Sánchez, junto a su asesor, Iván Redondo
El totalitarismo es como el fuego: una vez salta la chispa debe apagarse cuanto antes porque, si prende la llama, se propaga raudo el incendio, dejando tras de sí las cenizas de nuestras libertades y derechos. ¡Qué difícil es que florezcan de nuevo en tierra quemada!
Hay ilusos que caen en la tentación de alimentar las brasas del poder con yesca para cobijarse al calor de la hoguera, pues les proporciona una falsa sensación de seguridad. Otros simplemente son pirómanos obsesionados con el poder que experimentan al ver el mundo arder.
Algunos de los contrapesos del Estado democrático y de derecho actúan como cortafuegos -los procedimientos, las formalidades- mientras que otros vendrían a ser como un retén de bomberos, cuya función es apagar el incendio antes de que esté fuera de control: los jueces, magistrados y fiscales que integran el Poder Judicial.
En la concepción idealizada de las democracias liberales, la prensa se concibe como una alarma de incendios, que permanece vigilante y pone en alerta a los contrapesos cuando avista el humo. Pero esto es en la teoría, porque en la práctica son demasiados los medios que, o bien se tapan la nariz para no reconocer el olor a quemado, o directamente se dedican a azuzar las llamas de las fogatas gubernamentales. Aun así, los medios de comunicación siguen jugando un papel fundamental en nuestras democracias. Tanto es así que una de las primeras libertades que perece devorada por el fuego de la tiranía es la de prensa.
Todos los gobernantes sienten la atracción del poder absoluto, porque es hipnotizante y seductor, como el fuego. Al final de su mandato las marcas de las quemaduras permanecen visibles. Pero cada cierto tiempo, aparecen déspotas que no sólo no temen abrasarse, sino que aspiran a controlar las llamas y dirigirlas contra todo aquello que les dispute el gobierno absoluto. El asalto al poder de estos dictadores rara vez es consecuencia de una gran explosión, sino que viene de la mano de múltiples incendios provocados. Se trata de generar muchos focos al mismo tiempo para que ni la prensa que debe hacer saltar las alarmas, ni los jueces y tribunales que deben extinguir las llamas, puedan centrarse sólo en uno. Aunque logren sofocar alguno, la probabilidad de que uno de los incendios acabe fuera de control y arrase con todo es altísima.
A estas alturas del artículo, muchos ya habrán llegado a donde yo les quería llevar: a que ésta es justo la estrategia que está siguiendo el Gobierno de coalición PSOE-Podemos desde hace muchos meses. Donde algunos sólo ven una concatenación de escándalos o distracciones, yo sólo veo fuego. Es cierto que a veces, tras la enorme columna de humo, sólo se esconde una insignificante fogata, pero otras, la hoguera ha alcanzado ya tal magnitud que las llamas están devorando el bosque institucional, como sucede con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General o con la prórroga de seis meses del estado de alarma.
Tres incendios simultáneos
Mientras esos fuegos arden, ya hay nuevos focos activos: el asalto al Poder Judicial mediante el cambio del sistema de mayorías para nombrar a los jueces y magistrados miembros del CGPJ, la supresión del español como lengua vehicular del Estado en la infame y sectaria Ley Celaá de educación, o la creación de un comité contra la desinformación. Es posible que no prendan los tres, al menos a la vez. Pero con que uno de ellos lo haga, sería suficiente. Los medios se habrán centrado en otra cosa y las mangueras de los tribunales ya estarán vacías cuando se enfrenten al incendio.
El Gobierno sabe perfectamente que la eliminación de la mención al español como lengua oficial no supera el filtro de constitucionalidad. Pero mientras el TC no intervenga, sus socios independentistas de ERC lo podrán utilizar como propaganda electoral en los próximos comicios catalanes. Usar la legalidad como moneda de cambio en negociaciones políticas no es nada nuevo, pero sí la posición del Gobierno en el lado del tablero: hasta ahora, el Ejecutivo obtenía concesiones de los nacionalistas a cambio de no recurrir las normas autonómicas inconstitucionales. En este nuevo escenario, es el Gobierno el que aprueba normas manifiestamente contrarias a la Constitución para beneficiar al independentismo, a cambio de su apoyo a los presupuestos.
Luego está la creación por Moncloa de un comité para vigilar a los medios e imponerles una verdad institucional. Lo que más me llama la atención sobre este particular es su intento de parapetarse tras una especie de exigencia o mandato de la Unión Europea, algo que no es cierto. El Gobierno motiva la necesidad de crear el comité con fundamento en dos planes de acción: uno aprobado en diciembre de 2018 con el objetivo de combatir las campañas de desinformación de cara a las elecciones europeas de 2019 (especialmente las provenientes de terceros países, como Rusia) y otro llamado “European Democracy Action Plan” que ni siquiera tiene todavía el visto bueno de las instituciones de la UE por las dudas que suscita su encaje legal.
Así que la propia creación de este comité con sede en Moncloa es el mejor ejemplo de esa desinformación que dicen que pretenden perseguir, porque las razones en las que se sustenta su fundación son falsas.
El momento elegido tampoco es baladí: han esperado para poner en marcha el susodicho comité gubernamental a que se aprobase la prórroga del estado de alarma. Sí, esa que confiere al Ejecutivo un poder casi omnímodo para limitar derechos y libertades durante nada menos que seis meses.
En cuanto al contenido de ambos planes europeos, hay que decir que dejan bastante que desear. Ponen de manifiesto que en la UE hay mucha gente bien pagada, con demasiado tiempo libre, desapegada del mundo real y desconocedora de las implicaciones jurídicas que conllevan la puesta en práctica de sus propuestas. En los textos podemos encontrar recurrentemente esa terminología empalagosa de la que tanto gusta Su Persona, como la palabra “resiliencia”. Porque Pedro será muy guapo, pero poco original.
De todas formas, ninguno de estos planes europeos habilita a Moncloa a mover los hilos de la prensa patria (más de lo que ya lo hace) para dirigir la información y controlar así nuestro pensamiento, que es lo que verdaderamente se pretende con la orden ministerial. Esto no va de luchar contra las fake news, sino de institucionalizar una verdad gubernamental que no admita réplica.
Las flagrantes mentiras
Para empezar, el Gobierno se encomienda a sí mismo, y más concretamente al gabinete de la Presidencia dirigido por Iván Redondo, el “examen de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”. Sánchez ha encargado a quien glosa, empaqueta y propaga sus hazañas al frente del Gobierno el hacer catas en prensa, radio y televisión para decidir cuales colman los criterios de pluralidad gubernamental. No se le debe haber ocurrido nadie más independiente e indicado para este cometido que su estimado Iván.
Otra de las funciones de este organismo gubernamental será apoyar el fomento de la “información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública”. Les confieso que si no fuese tan grave me daría la risa. Los mismos que decían que en España no habría más que uno o dos casos de coronavirus, que mintieron sobre la necesidad de llevar mascarilla porque carecían de existencias, que ocultaron impúdicamente decenas de miles de muertos, que se inventaron un comité de expertos, que afirmaron haber prohibido el despido, o que aseguraron que el estado de alarma era necesario para que no decayesen los ERTE. Estos, justo estos, van a decidir que información es veraz, completa y oportuna.
Por si fuera poco, no les duelen prendas el plasmar expresamente en el texto de la orden que para acometer sus objetivos van a monitorizar las redes sociales. Algo que ya hicieron durante el primer estado de alarma, cuando Marlaska anunció que se buscaban discursos que pudieran ser potencialmente peligrosos o delictivos. Hasta preguntaron en el CIS por ello aún a sabiendas de que las investigaciones prospectivas están vedadas en nuestro ordenamiento jurídico: no se puede “salir a pescar” infracciones o delitos ni someter a los ciudadanos a investigaciones basadas en la mera apariencia. Pero les da todo igual.
Saben bien que hay muchos ciudadanos a los que esta “cara A” del texto de la orden les suena hasta bien: “¿Es que acaso eres partidario de los bulos?”, preguntan algunos de los satélites mediáticos mientras te señalan con el dedo índice acusador. Mientras pensamos la respuesta, distraen nuestra atención de lo que se nos oculta en la “cara B”, que no es otra cosa que la censura. Porque si Redondo decide que no superas el examen gubernamental de pluralismo, veracidad u oportunidad, ya sabes lo que te espera. Es el Gobierno y sólo el Gobierno, a través de distintos organismos, el que toma la decisión sobre su finalización, según la orden. Y todo ello sin que en el proceso tenga que intervenir ningún otro agente más allá del propio comité, porque el Ejecutivo se ha reservado la posibilidad de solicitar la colaboración de los medios de comunicación, las plataformas digitales, el sector tecnológico y demás si lo considera necesario y oportuno. Pero como una potestad, nada de obligaciones. Las decisiones discrecionales como sello de distinción de la 'pedrocracia'.
Sólo espero que estas llamas no acaben convirtiéndose en la pira funeraria en la que arda nuestra maltrecha democracia, aunque algunos ya están bailando alrededor de la hoguera, celebrando el ritual que anticipa el advenimiento de un nuevo régimen. Dicen que tras el fuego purificador que arrasa nuestro Estado de derecho ya se puede intuir el rostro del comunismo amable del que tanto hablan los intelectuales, ese que hasta ahora ningún líder ha sabido ejecutar bien. Pero cuando se despeje el humo, verán que lo que las cenizas ocultan son las fauces del tirano.
GUADALUPE SÁNCHEZ Vía VOZ PÓPULI
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