España tiene un gravísimo problema de empleo, de actividad y en general de las instituciones que operan en el mercado laboral. Sabiendo que el principal problema es de demanda, no hay capacidad productiva para absorber todo el excedente laboral, por lo que el crecimiento potencial de la economía cada vez es más pequeño.
A ello contribuye, sin duda, el problema demográfico, el cual tiene dos vertientes. Por un lado, un envejecimiento acelerado y una bajísima tasa de natalidad, y por otro el nulo crecimiento de la población a corto plazo, dada nuestra política de inmigración y para con los refugiados.
Los principales problemas del empleo en España son de demanda efectiva y de demografía.
Por ende, tenemos un doble problema de oferta y demanda, que también se refleja en otros aspectos, como son los salarios, el escaso apego a la formación, y la nula capacidad de las instituciones públicas, pero tampoco las privadas, para recolocar a la gran masa de parados/as de larga duración que, ni reduciendo los salarios, ni contratando en régimen de semiesclavitud, son capaces de recualificar, ni emplear a esta mano de obra tan dócil y sacrificada.
El sistema público de intermediación laboral ha fracasado y habría que cambiarlo completamente.
Las cifras de la EPA son lo suficientemente graves para que los partidos que aspiran a gobernar piensen seriamente en cerrar el instrumento público de intermediación laboral, en su estadio actual, y lo conviertan, de verdad, en algo útil para la sociedad. En 2015, el antiguo INEM, hoy SEPE, apenas intermedió con éxito en la obtención de un empleo en un porcentaje ínfimo, un 1,7%, el equivalente a 249.400 personas, del total de asalariados que había al final de dicho ejercicio.
Y lo peor es que la tendencia es decreciente, frente a otros países como el Reino Unido donde ese porcentaje es casi del 70%, lo cual tras muchos años de debate, llegaría el momento de tomar alguna decisión, incluso aunque fuese drástica.
Ningún servicio público que no funciona debería mantenerse sin más, y máxime en un sector tan sensible como el del empleo, ya que la frustración que genera entre los afectados, es cada vez mayor, y se han dado casos, absolutamente criticables, de violencia para con los empleados que atienden a los desempleados. Por supuesto que estos trabajadores deberán ser recolocados en otros servicios para no hacerles culpables de un fracaso que es político y en parte de falta de medios.
En España, el SEPE apenas ayuda a encontrar empleo a un 1,7% del total de asalariados, frente al 70% en el Reino Unido.
Para los que no creen en el sector público, la alternativa sería muy fácil, que se privatice y que sean las agencias de colocación o las ETT, las que presten este servicio de intermediación laboral, cobrando a las dos partes, al empleador y al parado, lo que sin duda supondría un pingüe beneficio para esta suerte de compañías.
Sin embargo, y tras poner en marcha este sector por parte del PSOE y el PP, ambos partidos comparten la filosofía de que el SEPE sobra en el mercado laboral, salvo para pagar prestaciones, y por eso han intentado crear una competencia privada, con un fracaso bastante notable, especialmente el modelo de las Agencias de Empleo, que siguen estancadas, sin modelo de funcionamiento, y con sospechas de presuntos tratos de favor para las entidades más grandes.
El servicio privado de intermediación también ha fracasado, siendo el amiguismo y el capital relacional quien más ayuda a encontrar empleo
Las ETT siguen teniendo un papel relativamente marginal en el mercado laboral, apenas un 3% del total, siendo su actividad principal la de conseguir empleos baratos, con mucha rotación y con condiciones que están en el límite del abuso. En sentido estricto, por tanto, la gran mayoría de empleos en España se consiguen a través de conocidos, familiares o por un contacto directo con las empresas, y el resto, todavía un porcentaje pequeño, a través de los portales de empleo (un 18,1% según la encuesta del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario).
Este mal funcionamiento del sistema público de empleo explica, en parte, la asimétrica distribución de los parados en España que, incluso controlando por los perfiles de formación y localización geográfica o por sexos, esta lacra se ceba especialmente entre los percentiles de renta más bajos fruto de la carencia de este capital relacional que mejora en hasta un 70% la probabilidad de ser contratado, por lo que mientras no haya un cambio drástico en el servicio público de empleo, no se mejorará la equidad en la distribución del paro en España.
La equidad es la variable más afectada por la ausencia de un sector público eficaz de intermediación laboral
Si a esto añadimos que las políticas activas de empleo siguen siendo otra asignatura pendiente desde el sector público, la combinación entre el fracaso de la intermediación pública y la falta de avances en la empleabilidad a través de la formación, el drama de la cronificación del paro para muchas familias debería ser objeto de análisis y reflexión por parte de sindicatos, partidos políticos y Comunidades Autónomas que son las que tienen depositadas algunas de las competencias referidas en este artículo.
Pero no parece que nadie tenga en mente ninguna solución a este gravísimo problema. Si el sector público no funciona, y el sector privado tampoco, el mercado laboral español está condenado a estar influenciado por el capital relacional que seguirá condenando a los sectores más vulnerables al desempleo estructural. Sigamos así y pronto ya no podremos pagar las pensiones y la pobreza se habrá apropiado de un porcentaje inaceptable para un país desarrollado.
ALEJANDRO INURRIETA Vía VOZ PÓPULI
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