CONFIANZA Y PACTOS

De cara a forjar unos nuevos pactos transversales, la autora considera clave que el Gobierno tome la iniciativa, abrir las negociaciones a la sociedad civil, ser transparentes y estar dispuesto a alcanzar el consenso

 

RAÚL ARIAS

 

Parece razonable pensar que para llegar a un acuerdo en cualquier circunstancia por muy excepcional que sea es imprescindible que exista una mínima confianza entre los agentes llamados a colaborar. Según las encuestas, nueve de cada diez españoles reclama unos nuevos acuerdos políticos económicos y sociales (unos nuevos Pactos de la Moncloa o unos pactos de la reconstrucción, el nombre da bastante igual) que permitan abordar con el consenso de todos la reconstrucción económica, social e institucional que va a resultar imprescindible después de esta pandemia. Sin embargo, según las mismas encuestas, la mayoría de los ciudadanos no cree nuestros representantes sean capaces de alcanzarlos. Y es fácil comprender sus razones.

El juego de la polarización, al que se apuntaron todos y cada uno de los partidos políticos, incluso los que se presentaron en un primer momento como el cortafuegos entre rojos y azules, y el paralelo juego de suma cero en que el adversario político siempre es un enemigo, avivado por las sucesivas elecciones fallidas, ha dejado un panorama político desastroso. Los políticos están más radicalizados y alejados que nunca cuando, precisamente, se necesita su moderación y su acercamiento más que nunca. Por otro lado, que el actual presidente presida un Gobierno de coalición con Podemos después de haber convocado unas nuevas elecciones para evitarlo ha socavado, como era inevitable, su credibilidad. La torpe gestión de la crisis sanitaria tampoco ha ayudado, particularmente, en el ámbito de la transparencia, la información veraz y rigurosa y la comunicación que son esenciales para recuperar la confianza.

En definitiva, los partidos que están llamados a ponerse de acuerdo de una forma u otra no se fían los unos de los otros: la oferta del presidente se ve como una trampa por la oposición. Las descalificaciones y los insultos mutuos siguen, y no se atisban motivos para el optimismo. Los medios de comunicación, con su toma de partido previa y su sectarismo agudizado a favor de unos u otros, con pocas excepciones, tampoco colaboran en la difícil pero ineludible tarea de tender puentes. Por otra parte, es razonable pensar que un Gobierno en minoría y con elementos populistas en su interior que tensionan y retardan las respuestas es una peor opción para abordar los enormes retos que se avecinan que cualquier gran pacto o acuerdo transversal.

En todo caso, estamos donde estamos y tenemos la política, las instituciones y la ciudadanía que tenemos. Como dice el profesor Fernando Jiménez, estamos una política del siglo XIX, unas instituciones del siglo XX y una ciudadanía del siglo XXI. Con estas premisas son con las que hay que trabajar. Pero antes conviene recordar una historia de éxito en una situación parecida o peor. En 1977 se estaba realizando el tránsito de la dictadura a la democracia en medio de una monumental crisis económica que hacía peligrar la propia transición política. Podemos pensar que quizá los políticos estaban más dispuestos a colaborar, pero las instituciones eran las heredadas de la dictadura y la ciudadanía estaba dando sus primeros pasos en democracia. Y tampoco teníamos a la Unión Europea. Pues bien, con esos mimbres se alcanzaron en un tiempo récord los Pactos de la Moncloa.

Merece la pena recordar un poco como se gestaron, por si podemos aprender algo de nuestros mayores. Empezando por el famoso discurso de febrero de 1977 del entonces ministro de Economía de UCD y muñidor de los acuerdos, Enrique Fuentes Quintana, que está disponible en Youtube. Es un discurso muy alejado de los de hoy por su concisión, su claridad, la información que trasmite (se proporcionan muchos datos a los ciudadanos) pero sobre todo por algo que suele brillar por su ausencia en los discursos actuales: el de dirigirse a los ciudadanos como personas mayores de edad, con experiencia y sentido común, y perfectamente capaces de comprender y afrontar las adversidades y los retos que se les exponen, así como de asumir los sacrificios que se les piden. Desconozco qué credibilidad tenía entones el Gobierno de Adolfo Suarez y ni siquiera sé si se realizaban encuestas de este tipo. Pero, ciertamente, es un discurso que inspira confianza.

Algunas frases me parecen especialmente relevantes a estos efectos: el reconocimiento de que no hay soluciones fáciles, porque los problemas que hay que abordar son complejos y profundos. La advertencia de que quien diga lo contrario es un demagogo (hoy diríamos un populista). El aviso de que los problemas no se resolverán en pocos meses y de que en la vida pública no hay milagros. La apelación a la colaboración de todos los ciudadanos porque los problemas económicos de un país solo se pueden superar mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. La promesa de que dentro de los esfuerzos colectivos se protegerá a los más desfavorecidos, de que el Gobierno utilizará a fondo todos los mecanismos para redistribuir la renta y la riqueza. Su creencia en la fuerza creadora de la libertad y en la libertad de mercado, pero sin temor a las intervenciones adecuadas para cortar las "aberraciones" (sic) del mercado. Y su conclusión, que comparto plenamente: solo puede esperar la colaboración un Gobierno en el que los españoles confíen como veraz y les merezca credibilidad. Pero esa credibilidad, reconoce Fuentes Quintana, se la tendrán que ganar con palabras de verdad y con hechos que respondan a esas palabras. Lo hicieron.

¿Es posible algo así en la actualidad? Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Tenemos que plantearnos otra: ¿Es imprescindible algo así en la actualidad? Y si es así, como pensamos muchos, ¿cómo hacerlo posible? Aún a riesgo de ser tachada de ilusa, creo que hay algunas claves importantes que pueden servir de hoja de ruta. La primera es obvia: corresponde al Gobierno tomar la iniciativa, cosa que ya ha hecho aunque haya aceptado a propuesta del PP que el debate se realice en el seno de una comisión parlamentaria. Más allá de que no se le eligiera para lidiar con una catástrofe de estas dimensiones es el Gobierno legítimo que hemos elegido. Pero se trata de una situación extraordinaria en la que debe ser capaz de tender la mano a la oposición y también a la sociedad civil. Además de las palabras -puestos a pedir se agradecería una mayor austeridad e información en los discursos del presidente y menos insultos en los de la portavoz parlamentaria del PSOE, por no hablar de los representantes de Podemos dentro y fuera del Gobierno-, debemos empezar a ver hechos, y pronto. Los hechos son grupos de trabajo específicos por materias donde puedan estar presentes técnicos.

La segunda clave también es evidente. Es mucho más fácil que se pongan de acuerdo los políticos después de que lo hagan los expertos sobre medidas concretas. Entre profesionales de una misma materia existen unos consensos básicos sobre lo que los juristas llamamos la lex artis, el conjunto de normas o criterios que definen la corrección de una actuación profesional. Esto no quiere decir que la tecnocracia sustituya a la política; pero hablamos de medidas económicas y sociales y, para diseñarlas, se necesitan expertos que tienen que basarse en la evidencia empírica disponible. A los políticos les corresponde la función más relevante, que es la de llegar a acuerdos para aprobarlas, reformarlas o matizarlas en función de los consensos sociales necesarios para que tengan la mayor legitimidad posible.

La tercera clave es la transparencia. Una información veraz, completa, rigurosa y puntual de todo lo que se esté haciendo y lo que se está negociando. Tenemos una sociedad civil cada vez más organizada y especializada. Su cooperación es imprescindible a efectos de alcanzar el mayor consenso posible. Es lo contrario de lo que se oye estos días sobre los acuerdos a puerta cerrada o entre bambalinas. Los ciudadanos no somos menores de edad y tenemos mucho que aportar.

La cuarta clave es quizá la más relevante, y me remito de nuevo al discurso de Fuentes Quintana. Lo expresa mejor que yo. "Se trata de abordar los problemas de conformidad con el contexto democrático, negociando y buscando acuerdo y transiciones. Porque el país ha demostrado que no quiere imposición para resolver el conflicto y porque la oposición es parte del poder. Y los problemas afectan al interés general y necesitan colaboración responsable de todos los grupos y de todos los partidos. Encontraremos el camino abierto que este país tiene hacia un futuro de bienestar y libertad".

                                                                         ELISA DE LA NUEZ*   Vía EL MUNDO

*Elisa de la Nuez es abogada del Estado y coeditora del blog ¿Hay derecho?