Junto a las cuatro etapas del cronograma oficial para salir de la crisis, existen otras cuatro que el Gobierno no cuenta o no ha contemplado: empleo público, privado, impuestos y recortes
Un hombre regresa a su vivienda desde el supermercado, ayer, en Barcelona. (EFE)
Sucederá en España que, después de los aplausos a los médicos, lleguen los recortes a los médicos. Sucederá en España que, después de que muchos trabajadores se consideren amparados por un ERTE, se vean en la calle, sin trabajo, porque se ha reducido drásticamente la actividad. Sucederá en España que, después de que les hayan prometido una red de seguridad, muchos autónomos se peguen el costalazo en el suelo porque no pueden seguir para adelante. Igual que muchas empresas, que se verán abocadas al cierre definitivo, asfixiadas.
Una, dos, tres, cuatro… Junto a las cuatro etapas del cronograma oficial para salir de la crisis, existen otras cuatro fases de la desescalada que el Gobierno oculta, o no ha contemplado. Y que la oposición, en vez de reclamarlas y exigir ese detalle de la salida del confinamiento, también ignora porque le viene bien con el trazo grueso de esa rivalidad cansada, hastiada, siempre electoral, en la que está sumida la vida política española. 'Nueva normalidad' de incertidumbre social con los viejos vicios de la dialéctica política.
Con lo cual, conviene trascender de ese sinsentido y comenzar a leer entre líneas las fases ocultas que nos aguardan tras siete semanas de arresto domiciliario en todo el país.
Fase oculta número uno: los empleos públicos. El número de empleados públicos en España en la actualidad es de dos millones y medio de personas (casi el 60%, de las autonomías). Para hacer frente al descalabro de la Hacienda pública por el descenso de ingresos tras el parón económico, parece inevitable que el Gobierno de coalición imponga un recorte de salarios a los funcionarios, además de a los altos cargos. Ya se ha comenzado a especular con la supresión de la paga extra de verano para todos ellos y la congelación (anulación) de la subida del 2% que se había prometido para este ejercicio.
Tampoco se trata de ninguna novedad: tras la crisis de 2008, con el presidente Zapatero y, posteriormente, con el Gobierno de Mariano Rajoy se acometió un durísimo ajuste con una bajada de sueldos de los funcionarios, además de una amplia gama de recortes y subida de impuestos. El presidente Rajoy dijo entonces: "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. No ofrecemos esperanzas, ni siquiera buenos deseos. Ofrecemos convicción. España entera arrimará el hombro. Aceptaremos los sacrificios. Soportaremos las renuncias. Aprovecharemos mejor nuestros recursos". Es muy probable que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ya tenga apalabrado un plan semejante con Europa o que, como suele ocurrir, las autoridades europeas ya se lo hayan sugerido, como paso previo para recibir las ayudas comunitarias que se solicitan. ¿Lo va a hacer el Gobierno?
De los aplausos en los balcones a los sanitarios a los recortes en sus nóminas. Ya veremos cómo se solventa esa paradoja
En el caso de que así sea, como parece probable, la pregunta inmediata es si también se va a aplicar esa misma bajada de sueldo al personal sanitario del sector público, lo mismo que a los demás funcionarios del Estado que se han enfrentado en primera línea a esta pandemia brutal. De los aplausos en los balcones a los recortes en la nómina. Ya veremos cómo se solventa esa paradoja.
Fase oculta número dos: los empleos privados. La abrupta paralización de la economía en todo el país, salvo en los sectores esenciales, ha podido parchearla el Gobierno con la generalización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que, como su propio nombre indica, se tratan de una solución temporal.
Ya puede la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, repetir todos los días que “los ERTE no significan destrucción de empleo”, porque la realidad es que el propio calendario de la desescalada arroja muchas dudas sobre la posibilidad de que las empresas puedan recuperar todos los empleos tras ese periodo. Parece lógico que así sea si, en un horizonte que todavía no se alcanza a ver el final, cientos de miles de esas empresas se ven obligadas a reanudar la actividad pero con limitaciones severas de hasta un tercio de su capacidad.
¿Cuántos autónomos y pequeños empresarios están calculando los costes y los ingresos de los próximos meses y no les salen las cuentas? Comercios, bares, restaurantes, grandes superficies… A menos producción, menos costes salariales, hasta que la normalidad de la actividad económica vuelva plenamente, algo que solo se producirá cuando se descubra la vacuna y llegue a las farmacias. Si en Alemania se ha aprobado un Fondo de Estabilidad para la economía de 600.000 millones de euros y en España los avales del ICO se han quedado en 40.000 millones, aun a pesar de que el confinamiento alemán no ha sido tan severo como el español, algunas consecuencias tendrá ese enorme desajuste entre los dos países. “Si no hubiéramos actuado con prontitud, hoy las cifras de desempleo serían insoportables”, dijo la ministra de Trabajo hace unos días. Veremos.
Fase oculta número tres: los impuestos. Nada se dice en el Gobierno, cuando establece previsiones de desescalada para los dos próximos meses, de la aprobación de una subida de impuestos, pero parece evidente que se producirá. Con el argumento político tantas veces utilizado de penalizar fiscalmente a los ricos, ¿es verdad que el Gobierno de coalición está diseñando la mayor subida de impuestos de la historia? Debe ser así, porque la propaganda ya ha empezado con la exaltación de un nombre: la ‘tasa covid’, como ha adelantado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Afirma el líder de Podemos que la intención es aprobar esa tasa “para las grandes fortunas”, pero ya podemos sospechar que bajo la sonoridad de ese reclamo se deslizarán otras muchas subidas de impuestos que no afectarán solo a los ricos, como pretenderá hacer ver el Gobierno. Más carga fiscal en todos los sentidos, desde el IRPF hasta el impuesto de bienes inmuebles, pasando por el impuesto de sociedades.
Fase oculta número cuatro: los recortes. En el último debate del Congreso de los Diputados, un día después de anunciar la agenda prevista para salir del confinamiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó solemne que esta crisis, que es múltiple, “no va a servir para abandonar las agendas, como la de la transición ecológica justa. Tampoco va a servir como excusa para recortar el estado de bienestar, ni para precarizar las relaciones labores, ni para abandonar un sistema fiscal que tiene que ser mucho más justo ni para dejar a los que ahora mismo sufren con más contundencia esta crisis”.
El presidente recalcó su "anhelo de justicia social" y nada se le puede oponer a ese propósito, salvo que debería precisar cómo se hace
El presidente recalcó el “anhelo de justicia social” que tiene su Gobierno y nada se le puede oponer a ese propósito, salvo que debería precisar cómo se hace. ¿Cómo se puede, a la vez, sostener o, incluso, aumentar el gasto de los servicios públicos esenciales, desde la cobertura del desempleo hasta la sanidad o la educación, sin dejar atrás los compromisos millonarios de inversión en las demás agendas del Gobierno, como el cambio climático, mientras se desploman los ingresos del Estado? Pedro Sánchez admitió, al comienzo de la crisis, que esta legislatura, tras la pandemia, no tiene nada que ver con la que se inició en enero y, mucho menos, con la que se planificó en las elecciones de noviembre de 2019. Pero luego afirma que todo sigue igual.
En fin… La Real Academia de la Lengua no aconseja el uso del anglicismo 'desescalada' y ha sugerido que se utilice mejor “reducir, disminuir o rebajar”. Está bien. Con esos verbos, ya nos vamos entendiendo mejor.
JAVIER CARABALLO Vía EL CONFIDENCIAL
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