I.
El marco de referencia.
1.
España ocupa un lugar destacado en
el mundo en cuanto al número de muertes, y en relación con su
población: acumula el 20% del total mundial, y es el primer país en
muertes por millón de habitantes. Cataluña ocupa, después de Madrid,
una posición líder en este trágico recuento.
2.
Esta mortalidad está concentrada en
las personas de más de 70 años, que significan el 86% del
total. De hecho, las de menos de 60 solo
significan el 5%.
Esta letalidad queda lejos de la población de riesgo formada por la
gente de más edad.
3.
La evidencia de la gran afectación
entre la población de más de 70 años, era conocida por las
autoridades políticas. Primero por los datos que
Italia anticipaba: cuando en España se decretó el estado de alarma,
se sabía que el 78%
de las muertes de Italia tenían más de 70 años. Un
hecho que las estadísticas de toda España y de Cataluña corroboraban
y acentuaban día a día.
4.
A pesar de esta evidencia, no
se adoptan
medidas específicas, y, menos aún, se formula un plan
de contingencia. El único plan que se hace efectivo es sobre la
violencia de género por parte del gobierno Central.
5.
También se hace evidente muy pronto,
que la causa principal de mortalidad es la reacción
inmunitaria que el Covid-19 provoca en algunos
enfermos, que afecta gravemente su capacidad pulmonar,
hasta incapacitarla. La única solución para impedir la muerte por
esta causa es la ventilación
mecánica invasiva (VMI). A pesar de la evidencia, el
gobierno español, no
adopta medidas de urgencia para proveerse del material necesario, ni
producir, ni pedir ayuda a la comunidad internacional de
manera oficial. El gobierno catalán no pide ayuda a otras comunidades
autónomas. Cuando se reacciona, es intentando adquirirlo en un
mercado muy presionado.
6.
En definitiva, ya desde antes de la
declaración del estado de alerta, se conocía que la letalidad afecta
sobre todo a personas
de más edad, y la causa más frecuente era la afectación pulmonar, sin
adoptar precauciones específicas.
II.
Los hechos.
1.
Se produce una situación de desatención en las residencias
para personas mayores. Sin una supervisión sanitaria
adecuada. Muchas de ellas, sin capacidad para aislar a los enfermos,
sin suficiente material de protección personal para los cuidadores,
sin someter a los cuidadores a test para conocer si eran portadores,
las residencias se convierten en: A) un foco de la epidemia. B)
un centro
de elevada mortalidad. La reacción de la Generalitat
es tardía e insuficiente. Lo hacen patente las llamadas públicas,
múltiples y reiteradas de cuidadores y responsables de las
residencias. Resultado: en Cataluña el 6 de abril los muertos
en las residencias eran 909. El 25% del total
español.
2.
Tampoco se produce ninguna
planificación global y preventiva sobre la situación
de las personas de más de 70 años que viven en
los hogares, ni siquiera de las que viven solas. Algunos Centros de
Asistencia Primaria, sí que lo han llevado a cabo, pero ha faltado la
planificación global y preventiva. Podrían haber establecido la localización de
aquellas personas que ya están identificadas en el servicio. No
serían todas, pero serían muchas. Establecer su Geolocalización por
parte del servicio central, visitarlas inicialmente, conocer su
estado y hacer un seguimiento regular telefónico habría limitado los
daños. Esta medida elemental no se ha llevado, ni se lleva a cabo con
carácter global, y hay que explicar por qué.
3.
A esta característica se le añade
una segunda: el cribado
de los enfermos toma como variable principal
la edad:
los medios de comunicación se hacen eco de un hecho, que los medios
internacionales terminan difundiendo en todo el mundo, y ya era
conocido por algunos de los protagonistas, personal sanitario,
servicio de ambulancias, cuidadores de residencias y familiares. Las personas de más de
80 años, y también las de más de 75, son relegadas en
el proceso hospitalario que puede salvar sus vidas.
4.
El cribado:
a) La
instrucción del Departamento de Salud de desincentivar el traslado de personas
de más edad a los hospitales, por medio del servicio
de ambulancias y en las consultas telefónicas, es una evidencia
escrita. Lo relata, por ejemplo, con precisión, el reportaje del
Corriere de la Sera (1 de abril), y es una práctica que miembros del
personal sanitario confirman, pero que es negada por la Consejera y
responsables políticos del Departamento de Salud, refugiándose en
eufemismos de los «diagnósticos clínicos».
b) Concretamente la instrucción oficial remitida, habla de «futilidad
de las medidas terapéuticas» que desaconsejan el traslado. La
cuestión es dónde
están esos diagnósticos y qué médicos los han firmado.
Simplemente no
existen, más allá de la edad y de observar
superficialmente el estado del paciente en el hogar o en la
residencia, porque el criterio básico es la edad. La consejera Alba
Vergés no dice la verdad cuando afirma que se evalúa médicamente cada
caso. Se actúa con los más mayores de manera diferente a
como se haría con otro paciente de menor edad.
c) El documento Salud Emergencias Médicas RECOMENDACIONES PARA APOYO
A LAS DECISIONES DE LIMITACIÓN DE ESFUERZO TERAPÉUTICO (LET) PARA
PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID-19 E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
(IRA) HIPOXÉMICA de 24 de marzo de 2020 http://cadenaser00.epimg.net/descargables/2020/04/01/dbb972d767c4a3b28e2c866cc3e0cb65.pdf?int=masinfo,
establece entre otros criterios:
1.
«Mantener una ética en la toma de
decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que
más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados,
máxima supervivencia al alta, evitar ingresos en pacientes con escaso
beneficio, ya sea por patologías respiratorias por Covid-19 o de otras patologías que
condicionen el estado crítico». Este procedimiento en la práctica
discrimina a las personas de más edad, a partir de los 75 años, que
por definición solo pueden acceder a una medida que no resuelve los
casos más graves: «Recibirá solo oxigenoterapia con mascarilla
reservorio de alta concentración tipo Monaghan®». Si no funciona, aquí
termina el procedimiento. Para los de menos de 75
años habrá
la posibilidad adicional y más decisiva: la VMI (ventilación
mecánica invasiva). «Si fracasa, valorar VMI». Una persona de más de 75
años que requiera una ventilación pulmonar forzada no es atendida.
Esta es la realidad de la sanidad en Cataluña.
2.
Más: El
procedimiento establecido por el mencionado documento en cuanto al
tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda es el mismo para una
persona de más de 75 años «sin limitaciones funcionales y
practicando ejercicio en forma de caminar» que para una de «Fragilidad
grave-estado final de vida«: oxigenoterapia, lo que hace evidente
que el corte en la aplicación de recursos médicos para sobrevivir se
hace exclusivamente por razón de la edad. En realidad, el acto
médico, si no responde a la cascarilla de oxígeno, se limita a una
sedación terminal, sin recurso a más soluciones, a pesar de que están
ahí. Es en la práctica una eutanasia no consentida.
3.
El documento también aplica como
criterio evitar el fenómeno del «primero que llega, el primero que ingresa»
y “aplicar estos principios a todos los grupos de pacientes por igual,
no solo a un grupo concreto como los pacientes geriátricos”. En este
caso, es notorio el absurdo que se deriva de la lectura literal es
patente: si todos los pacientes son iguales, nunca habrá un primer
ingreso si se prescinde del criterio del que llega primero. En
realidad no hay tal absurdo, que colapsaría toda decisión de
prioridad, porque en la práctica, las condiciones que rigen para
ordenar el ingreso es
el dato más simple de todos: la edad. El resultado es
que personas
de 75 y más años empeoran por la espera en sus posibilidades de
recuperación por desatención, y acaban formando parte
de los enfermos cribados,
descartados. Es un círculo vicioso.
d) En cuanto a los enfermos
en residencias y hogares, que no han ido por sus
propios medios al hospital, el problema, si está en la franja de edad
fatídica, es que será
desalentado a ser trasladado para acudir al tratamiento médico,
si está en la franja de edad fatídica. Se está condenando a la
desatención a un grupo muy frágil.
e) Concretamente, el mencionado documento del SEM es un ejemplo de
ingeniería del lenguaje para justificar la desatención médica
de no
trasladarlo a un hospital. Da instrucciones de cómo
atender a los enfermos si son personas mayores:
1.
«Plantear la limitación como un bien
para el paciente». Se le tiene que convencer de que
está mejor en casa o en la residencia, a pesar de que es evidente que
no dispondrá de la misma asistencia que en un centro médico. Tiene
mucha hipocresía este adiestramiento. Sobre todo cuando más adelante
se indica claramente.
2.
«No hacer referencia a que «no hay
camas para todos»». Es una indicación tan explícita
del engaño que no necesita comentario.
3.
«No hacer tratamientos
agresivos no implica abandonar al paciente». Es un
eufemismo para ocultar la no aplicación como último recurso de la
VMI, que
se aplica a algunos pacientes de menos de 75 años y sobre todo más
jóvenes.
f) El engaño de las
patologías previas: ¿qué personas de edad avanzada no
tienen alguna «patología»? Según el SEM «una persona con problemas
crónicos bien controlados, sin limitaciones funcionales y practicando
ejercicio en forma de caminar», pero ¡ay!, si tiene más de 75 años,
no tiene acceso a la
VMI, que es el recurso final decisivo.
g) Es extremadamente
grave que el documento que marca criterios sobre
el derecho a ser atendido o no para salvar la vida, no esté firmado por
ningún máximo responsabl En realidad, un
procedimiento que decide sobre la vida y la muerte debería estar
firmado por el máximo responsable político, y por tanto moral del
departamento, la consejera
de Salud Alba Vergés, junto el máximo
responsable médico implicado. Firman unas personas sin ninguna
responsabilidad orgánica en el Departamento de Salud. Es una forma
escandalosa de eludir responsabilidades.
III.
Nuestro rechazo, nuestra demanda. Llamamiento a la sociedad.
1.
El juicio sobre la situación
del cribado de las personas de más edad, no puede separarse de
la desatención
desde el principio de la crisis, la continuada por falta de medidas
de prevención y atención médica. Uno es consecuencia
del otro. Y para el futuro se augura el peligro de una nueva
discriminación: mantener a los más mayores de «65 o 70 años confinados
en casa» indefinidamente, como ha formulado el asesor
del gobierno español el epidemiólogo, Antoni Trilla, o no otorgarles
prioridad con la disponibilidad de mascarillas, o cuando se disponga
a ser vacunados, después de los que están en primera línea de riesgo
(el personal sanitario, la policía, los que atienden servicios de
cara al público, etc.).
2.
Asimismo el presidente del gobierno español,
en su intervención televisada del día 5 de abril, afirmaba que «todas las vidas valen
igual tengan la edad que tengan porque las
sentimos igualmente valiosas», y se comprometía a atenderlas y
cuidarlas por igual. En la práctica no ha sido así. Es bueno
rectificar.
3.
Hay además, todo un jugar con
la ocultación
y manipulación de la realidad, utilizar un doble
lenguaje, para engañarnos a
todos de cual era y es, la situación y las perspectivas de atención
médica de nuestros compañeros, padres o abuelos. Hay un decidir sobre la
vida humana que han querido enmascarar, en lugar de presentarlo a la
opinión ciudadana abiertamente por parte de los máximos responsables
políticos a la opinión. Esta práctica constituye
una gran
fractura moral y el gran peligro, para todos los
ciudadanos. El utilitarismo sobre la vida humana ha entrado por la
puerta de atrás.
4.
Afirmamos que estas instrucciones y
prácticas, consistentes en asignar recursos sanitarios por criterios
de edad o dependencia, vulneran principios básicos de derechos
humanos y deja sin protección a personas vulnerables.
5.
Todo parche es una consecuencia más
de la pérdida
del sentido cristiano de la existencia, de la
destrucción del sentido de la veracidad y de la dignidad humana.
Invitamos a los que lo deseen a reflexionar y extraer conclusiones
desde esta perspectiva.
6.
Llamamos a la sociedad, a sus
instituciones y organizaciones, los medios de comunicación a examinar
la gravedad de lo que ha sucedido y que todavía sucede, y
ponerle remedio.
7.
Apelamos a la actuación a las
instituciones del estado, del Gobierno
central y de la Generalitat, del Congreso y del Parlamento de
Cataluña, del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges, a examinar
lo que ha sucedido y sucede, de acuerdo con la legislación vigente y
sus respectivas funciones.
8.
El código ético por el
que se rige nuestro sistema de salud no puede quedar en manos
de unos «expertos», acordados sin mecanismos de participación y
transparencia, y sin intervención de los ciudadanos.
Nuestra vida no está en manos de los expertos. Este código debe
responder a la formación de unos acuerdos fundamentales elaborados
con una amplia participación de la sociedad, y formalizados
públicamente por las autoridades políticas correspondientes, quienes
asumen la responsabilidad. Porque la vida es una responsabilidad moral
de toda la colectividad.
9.
Se acepta y se celebra que la guerra
es demasiado importante para que la declaren los militares, a pesar
de que ellos son quienes la hacen, ¿pero debemos asumir que sean unos
«expertos en vida humana», dirigidos y pagados por la burocracia
sanitaria, quienes decidan sobre la vida de las personas? De ninguna manera.
10.
No es aceptable para una sociedad
que se rige por los derechos humanos, y por el estado de derecho, que
de una manera
burocrática y a menudo confusa, y contradictoria entre centros, se
decida sobre quién tiene derecho a vivir y quién es descartado,
menos aun cuando el criterio decisivo acaba siendo la edad.
11.
De manera inmediata se
deben poner a punto los medios necesarios para: a) Proteger a la población
de riesgo con medidas que no se reduzcan al confinamiento.
b) Poner fin al cribado por edad en los ingresos hospitalarios
y la
privación a priori por edad de la ventilación mecánica invasiva (VMI).
c) No discriminar en
la atención en las urgencias por aquel motivo. Pedimos la inmediata
rectificación del documento del SEM, de acuerdo con
estos criterios. d) Se abastezca de manera inmediata del personal
necesario a las residencias, previa verificación de que no son
portadores asintomáticos. e) Pedimos el test de contagio al 100% de
la población de las residencias, y las medidas de aislamiento e
intervención a que den lugar.
12.
La pandemia durará, pueden venir
nuevas olas. No
se puede repetir lo que ha sucedido y aún sucede. La
emergencia que vivimos no es un hecho instantáneo, sino que existe
desde hace semanas, y tiene por delante un período de tiempo
indeterminado. La tragedia ya no es excepcional sino cotidiana: la
selección ya no puede seguir siendo justificada en razón de la edad
del paciente.
13.
Por último, pero no en último lugar
por su importancia, de acuerdo con los datos existentes, es un hecho
que la mayoría
de las personas que mueren son católicas. Pedimos que
todas ellas tengan la opción de
recibir la atención
religiosa Y que este servicio religioso se
ofrezca de forma activa. Se debe permitir que los sacerdotes o
religiosas puedan visitar a los enfermos y ofrecer la administración
de los sacramentos y su consuelo espiritual. Hasta ahora, esta atención
no ha sido facilitada a pesar del esfuerzo de la Iglesia para darla.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario