En la jornada del miércoles, el presidente del Gobierno dio un paso en falso que puede resultar fatídico para la suerte del experimento político que dirige
El Congreso de los Diputados, durante la sesión de este miércoles. (EFE)
En la jornada del miércoles, el presidente del Gobierno dio un paso en falso que puede resultar fatídico para la suerte del experimento político que dirige. La orden, tan descabellada como prescindible, de que se firmara un compromiso con Podemos y Bildu para desmontar en el plazo de un mes la legislación laboral del país sin disponer siquiera del apunte de una alternativa ha catalizado de golpe todas las aprensiones latentes en el cuerpo social sobre la naturaleza de este Gobierno.
En apenas 24 horas, se ha abierto paso a todo galope la constatación de que la actual fórmula de gobierno —que incluye tanto la coalición PSOE-UP como sus alianzas— es un instrumento radicalmente inservible para hacer frente con mínimas garantías de éxito a la concatenación de crisis en que España está atrapada. Es más, que el Gobierno se ha convertido en un factor más de la crisis —y no el menor de ellos—.
Es inútil tratar de desentrañar qué pudo pasar por la cabeza de Pedro Sánchez cuando emitió la fatídica orden. Resulta imposible hallar algún rastro de racionalidad política en una decisión de la que solo podían derivarse todo tipo de daños sin posibilidad de beneficio alguno. Así que, pasando por alto las ignotas motivaciones, vayamos a los efectos y hagamos recuento de daños:
Para empezar por lo más importante, el trompicón ha causado un daño objetivo a la economía y al empleo. Como ha escrito Carlos Sánchez, no hay nada tan delicado en tiempos de crisis económica como lo que afecta al mercado de trabajo y a las relaciones laborales. Singularmente en un país como España, en el que el empleo ha sido siempre la primera variable de ajuste cuando aparecen las primeras nubes en el horizonte.
Con casi un millón de trabajadores cuyo puesto de trabajo está en la almoneda de los ERTE y muchos millones más asustados ante la muy verosímil perspectiva del paro como futuro inmediato, con cientos de miles de empresarios dudando si volverán a abrir cuando pase el confinamiento y con la certeza de una depresión económica brutal, lo que menos se necesita es producir desde el Gobierno un elemento adicional de incertidumbre. Será difícil precisar cuántas decisiones de cierre patronal se han precipitado o cuántos empleos destruidos se añadirán a la próxima EPA a causa de este movimiento insensato, pero es de temer que no serán pocos.
El papel firmado por Lastra, Echenique y Aizpurua es un torpedo en el casco del diálogo social, uno de los escasos espacios de consenso que permanecían abiertos en esta España del cainismo revitalizado. Sánchez ha conseguido encabronar a la vez a los dirigentes empresariales y a los sindicales, ninguneados en la materia más esencial para sus intereses.
Este pacto es una sentencia para la afamada comisión parlamentaria de la reconstrucción. No es que se esperara gran cosa de ella pero, después de esto, lo más digno que puede hacerse es clausurarla sin más. Si la regulación de las relaciones laborales es algo que pueden resolver en una noche el PSOE, Podemos y Bildu con exclusión de todos los demás partidos, no hay nada más que hablar.
Sus efectos son igualmente corrosivos para la supervivencia de la mayoría parlamentaria que alumbró este Gobierno. Si en la sesión de la mañana ya dio signos evidentes de descomposición, el pacto posterior —¿o anterior?— de tres de sus componentes, ocultado deliberadamente a todos los demás, rompe definitivamente los escasos lazos de confianza que quedaban entre los presuntos socios.
Especialmente ofensiva es la afrenta al PNV. A un mes y medio de las elecciones vascas, semejante regalo a su principal competidor en el espacio nacionalista es una traición en toda regla. Quienes conocen a los 'burukides' saben que su silencio de este jueves presagia lo peor para el Gobierno que les debe la vida.
Con la forma chapucera de gestionar el acuerdo y las posteriores rectificaciones, se ha abierto un cisma en el Consejo de Ministros. Dos vicepresidentes desautorizándose recíprocamente ante todo el país no es algo que pueda dejarse pasar impunemente. Firmar un compromiso de esa envergadura a espaldas de las ministras de Economía, Hacienda y Trabajo revela el nulo respeto de este presidente-mandarín por el trabajo colectivo. Si es cierto que Calviño tuvo que poner su dimisión sobre la mesa para parar el golpe, sería la segunda vez en tres meses.
Tampoco lo sucedido parece muy saludable para el interior de lo que queda del Partido Socialista. En la mañana del jueves, escuchamos en Onda Cero al secretario de Organización del PSOE desmarcándose ostentosamente de su vicesecretaria general, convertida en presumible chivo expiatorio de la barrabasada de su líder. Y muchos oyeron bramar en sus despachos a los presidentes autonómicos socialistas.
Respecto a otros apoyos, es de suponer que Sánchez deba olvidarse de volver a recabar el apoyo de Ciudadanos en una votación comprometida (no descarten que precisamente eso fuera lo que se buscaba, especialmente por parte de Iglesias).
La credibilidad personal del presidente ya estaba por los suelos, pero ocultar al Congreso este acuerdo hasta pasada la votación no ayudará precisamente a rehabilitar el valor de su palabra. Como tampoco su inmediata rectificación del compromiso que había hecho firmar a su portavoz parlamentaria. En el caso de Sánchez, 'pacta sunt non servanda'.
Por último, pero quizá lo más trascendente, esta inmensa torpeza lesiona gravísimamente el crédito de España y de su Gobierno ante la Unión Europea y ante los inversores de dentro y de fuera, cuyo dinero necesitaremos imperiosamente para salir del pantano de la crisis.
Y todo, ¿para qué? Para asegurar unos votos innecesarios a cambio de algo que no podría cumplir aunque quisiera. Proclamar que se derogará “de manera íntegra” la reforma laboral es tan ridículo y arrogante como prometer lo mismo del Código Civil. Puesto que es metafísicamente imposible disponer de un texto de repuesto en el plazo anunciado para la derogación, ¿se pretende crear un gigantesco vacío legal, regresar a la legislación laboral del siglo pasado o engañar a todo el mundo?
De todas las cosas peligrosas que ha hecho Sánchez desde que irrumpió en la política española, esta es la más estúpida, por autodestructiva. Dejo para otro día la consideración moral del asunto: los restos de Enrique Casas, Fernando Buesa, Ernest Lluch, Fernando Múgica y tantos otros se habrán estremecido ante el encabezamiento de ese documento infame.
En términos prácticos, la radical inadecuación de este Gobierno para afrontar los años oscuros que nos esperan y la inexistencia de una alternativa viable, añadidas a las gigantescas bolsas de malestar social que hoy apenas apuntan, pueden conducirnos en pocos meses a la ingobernabilidad del país. La pregunta es hasta cuándo podrá Europa permitirse una España ingobernable y desgobernada, en plena galopada hacia la ruina.
IGNACIO VARELA Vía EL CONFIDENCIAL
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