Por más que Moncloa lo niegue, existen mecanismos alternativos al estado de alarma para gestionar el desconfinamiento sin abocar a los españoles a la restricción de derechos más profunda y longeva de Europa
BORJA PUIG DE LA BELLACASA
Moncloa pretende hacer del estado de alarma un plebiscito. De la excepción, una nueva normalidad legislativa. No ha querido aprovechar los poderes extraordinarios que le concedió la oposición para ensayar una cogobernanza no retórica sino real. Presidentes autonómicos -de Feijóo a Urkullu, pasando por Lambán- alcaldes y representantes de la patronal y los autónomos llevan semanas denunciando que se enteran por televisión de las medidas adoptadas. Y solo cuando dichas medidas se estrellan contra la realidad -como ocurrió con el desconfinamiento de niños o con la reapertura de bares al 30% de su capacidad- se anuncia una rectificación tan unilateral como su versión primera. Los socios de investidura de Sánchez lo abandonan en respuesta al ninguneo presidencial, que lo fía a todo a la disyuntiva tramposa y autoritaria entre él o el caos. El último objeto de semejante chantaje, contrario a cualquier voluntad de acuerdo o gesto de gratitud hacia quien le ha apoyado cuando el aliado separatista ha salido huyendo, es Casado, a quien miembros del Ejecutivo amenazan ya con cargarle un hipotético rebrote de muertes y contagios si no se pliega una vez más al designio de Moncloa.
A un buen demócrata el estado de alarma tiene que quemarle en las manos. Arrebatar derechos fundamentales a los ciudadanos debería ser un efímero recurso de fuerza mayor y no ocasión para perderse en experimentos autocráticos desde los que ganar tiempo e ir sacando adelante tu agenda ideológica. Numerosos juristas de prestigio están levantando la voz contra una situación de facto que a su juicio desborda con mucho el estado de alarma y se adentra en el de excepción. Sánchez pretende además que dure cuatro meses. Pero no durará ni 15 días más si no cambia su actitud y alcanza un acuerdo honesto con el PP. Amenazar con dejar desasistidos a los parados temporales o presumir de someter la prórroga del estado de alarma a debate y votación en el Congreso -como si no se tratara de una exigencia constitucional- son maniobras caudillistas de propaganda que causan bochorno.
Ni la virtud ni tampoco la necesidad parecen capaces de lograr que Sánchez abandone su unilateralismo y se avenga a confeccionar un programa compartido con las fuerzas constitucionalistas, las únicas a las que les importa la conservación de la España del 78 y las únicas presentables en Europa cuando llegue la hora de negociar fondos condicionados.
Por más que Moncloa lo niegue, existen mecanismos alternativos al estado de alarma para gestionar el desconfinamiento sin abocar a los españoles a la restricción de derechos más profunda y longeva de Europa después de Hungría. Se apruebe o no esta prórroga, el pacto entre los dos grandes partidos es la única vía para afrontar tanto la recta final de la crisis sanitaria como la brutal recesión que ya está aquí.
EDITORIAL de EL MUNDO
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