El autor analiza el impacto que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus está teniendo ya sobre nuestra economía y avanza sus gravísimas consecuencias para las cuentas públicas.
SEAN MACKAOUI
La publicación de la Contabilidad Nacional del primer trimestre nos ha proporcionado la desagradable sorpresa de una caída considerable del PIB. Su tasa real de crecimiento en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior fue del -5,2%, valor sin precedente en nuestra historia económica reciente. Una posible referencia sobre esa cifra nos la proporciona la crisis anterior, iniciada en España en el segundo trimestre de 2006, con una caída real del PIB de un -2,6% en el primer trimestre de 2009, tres años después de su inicio. Ahora, sin embargo, el derrumbamiento del PIB ha sido fulminante, de un trimestre al siguiente y de una cuantía doble a la de 2009 (-5,2% frente a -2,6%). Esto da una primera idea de la magnitud de esta crisis.
El cierre forzoso de muchas actividades económicas nos puede proporcionar otra sorpresa similar en el segundo trimestre. El Banco de España trabaja con la hipótesis de que el impacto de la crisis, en su escenario más pesimista, sea de un -13% para este año respecto a 2019. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera, en su escenario más pesimista, que ese impacto podría ser de un -12%. La presidenta del Banco Central Europeo ha elevado esa tasa hasta el -15%. Para tener una referencia de lo que significan esas tasas, el crecimiento del PIB en 2009, después del -2,6% del primer trimestre, fue de -3,76% en el conjunto del año, con una caída en el empleo de más de un millón y medio de personas. En esta ocasión, y dependiendo del escenario que se elija, el descenso del PIB puede alcanzar un -12, o un -13 o un -15%, mientras que el paro puede elevarse hasta 6,3 o 6,6 millones de personas, con un aumento respecto a 2019 de más de tres millones de nuevos parados.
Respecto a las cifras anteriores no sabemos si son exageradas o se quedan cortas. Solo cabe observar que las predicciones del FMI son peores cada vez y que otros organismos plantean oficialmente escenarios prudentes pero sus funcionarios advierten de que la realidad quizá supere ampliamente tales escenarios. La catástrofe nos puede alcanzar por diversos caminos. The Economist ha señalado que el sistema global de alimentos está mostrando hasta ahora una sorprendente resiliencia que ojalá dure, pero cuatro quintas partes de la población del planeta se nutren de alimentos importados que exigen de inmensas caravanas de camiones y de barcos que conecten decenas de millones de granjas con cientos de millones de tiendas y cocinas. El cierre de las fronteras impide esas caravanas absolutamente necesarias para los esquemas actuales de producción y consumo, poniendo en grave riesgo la alimentación de muchos al tiempo que impiden que entren en granjas y plantaciones los habituales trabajadores extranjeros necesarios para la recolección. Lo peor es, sin embargo, que a muchos consumidores se les están acabando ya sus recursos para adquirir víveres, como prueban las colas crecientes a las puertas de las instituciones de caridad y de los bancos de alimentos. Tampoco existen precedentes de la gran velocidad con que esta crisis se ha difundido por todo el mundo, justificando que la directora gerente del FMI la haya calificado como "una crisis mundial como ninguna otra". También el gobernador del Banco de España ha advertido con mucha claridad ante el Congreso de los Diputados de la profundidad y gravedad sin precedentes de esta crisis.
En cuanto a su duración también puede hacerse alguna hipótesis. Hay que recordar que la tasa real de crecimiento trimestral del PIB de un 1,1% durante el primer trimestre de 2006 no se volvió a alcanzar en España hasta el primer trimestre de 2015. Es posible que la recuperación se alargase entonces indebidamente porque el sistema financiero español no tenía una capitalización suficiente. Ahora quizá no tardemos nueve años en recuperarnos, pero tampoco uno solo como algunos pronostican. El hecho bastante probable de una segunda oleada de la pandemia tampoco ayuda a una visión optimista. Solo se podrían cambiar esas malas expectativas si una medicación eficaz o una vacunación universal permitiesen acabar con las nuevas infecciones.
Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas no disponemos de los datos del primer trimestre de este año y, por tanto, no conocemos el impacto del Covid-19 en sus cuentas. Pero tenemos algunas estimaciones sobre ese impacto, como las que se incluyen en las edulcoradas comunicaciones del Gobierno a la Comisión Europea y las de los informes de la AIReF. Frente a la estimación de nuestro Gobierno, la AIReF considera que se obtendrán unos 30.000 millones de ingresos menos que los comunicados a Bruselas, lo que no podrá compensarse con meros aumentos de los tipos de gravamen en los impuestos tradicionales -IRPF, IVA, Sociedades...- o con la revitalización de figuras que, como el impuesto sobre el patrimonio, han fracasado rotundamente en todos los países que lo establecieron y ha desaparecido en todo el mundo. Aunque algunos miembros del Gobierno no lo crean, esas medidas, al disminuir la renta disponible de familias y empresas, conducirían a una mayor reducción de la actividad económica y quizá a la transferencia de empresas, fortunas y personas al extranjero con su secuela de mayores niveles de paro. Cosa bien distinta sería poner en marcha la reforma fiscal propuesta en 2014, que implicaba limpiar las figuras esenciales del sistema fiscal de sus numerosas vías de escape, reduciendo la evasión y mejorando la eficiencia de nuestra economía en su conjunto.
Según la AIReF, los gastos públicos representarán unos 61.000 millones más que los efectuados en el pasado ejercicio y se concentrarán en gastos de consumo y en transferencias. Los mayores gastos de consumo deberían evitarse con todo rigor. Las mayores transferencias a los parados, a los trabajadores autónomos y a las demás personas y empresas que han perdido sus ingresos resultan totalmente necesarias para evitar una auténtica catástrofe social en los próximos meses. Por eso tales personas y empresas deberían ser sus exclusivos beneficiarios. Pero financiar un fuerte crecimiento de los gastos resultará imposible sin la ayuda del BCE y la Comisión Europea, que no dejarán de imponer a cambio sus condiciones de política económica a nuestro Gobierno. Por eso la política fiscal debería abordar, antes que nada, una estricta y profunda remodelación del gasto público que permita ahorrar muchas sumas que hoy se ocultan en tareas improductivas y partidas de eficiencia dudosa. Pero no parece que esa revisión pueda efectuarse por el actual Gobierno dada su desmedida afición al gasto público.
El déficit público puede aumentar en unos 115.000 millones sobre los 35.000 de 2019, elevando su cuantía casi al 14% del PIB y la deuda pública a más de su 122%, pero esas magnitudes probablemente se queden muy cortas. Cabe recordar que su cuantía en 2009 fue de un -11,3% del PIB, habiendo partido de un superávit en 2007 del +2,1%, lo que condujo a un aumento neto del déficit del -13,4% del PIB en esos años. Si a esa cifra se añadiese al déficit de 2019 (-2,8%) el de 2020 se elevaría por encima del 16% del PIB, lo que no puede descartarse en absoluto. Los problemas que esa situación supone no son solo de financiación sino de su reducción posterior cuando la crisis se haya superado, lo que obliga a evitar dos riesgos importantes. Uno, el de la trampa de la pobreza, con su efecto negativo sobre el empleo, porque muchos de los que reciban los subsidios podrían acomodar su vida a los mismos y no volver a buscar trabajo. Dos, el de la pervivencia del subsidio una vez la crisis se haya superado. Las experiencias de otros países podrían quizá servirnos de guía en el diseño de las medidas oportunas.
Muchas y muy difíciles tareas nos quedan por delante. Necesitaremos de un Gobierno que entienda realmente el problema y tenga voluntad de afrontarlo sin subterfugios ni mentiras, pero también del acuerdo a largo plazo de los grandes partidos políticos alrededor de un programa muy duro, porque esta crisis no se arregla con aspirinas. El pueblo español siempre ha dado cumplida respuesta a sus grandes desafíos y sacrificios, incluso mayores que los ahora necesarios. Esta vez también lo hará.
MANUEL LAGARES* Vía EL MUNDO
*Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública.
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