Actualmente las encuestas electorales
sobre el resultado de las elecciones generales del 20-D muestran una pequeña
diferencia entre los porcentajes de votantes de los tres grandes partidos: PP,
PSOE y Ciudadanos; por lo que, teniendo en cuenta que todavía existe un 41 % de
votantes que no han decidido su voto, si
uno de esos tres partidos ofreciera en su programa electoral una ventaja concreta
voluminosa a uno de los principales grupos de votantes: pensionistas,
funcionarios, parados,....conseguiría que cientos de miles de votantes le dieran
su voto, lo que podría convertirlo en el partido ganador de las elecciones del
20-D. Veamos un caso concreto, referido a los pensionistas, que son más de nueve
millones de votantes, quienes votan preferentemente al PP o al PSOE.
Hay que tener en cuenta que los políticos han
transformado el derecho de los trabajadores a sus pensiones contributivas en
una prestación benemérita del Gobierno, como si el Fondo de Pensiones fuera
suyo y no de los trabajadores cotizantes. Por ello, la gestión gubernamental de
las pensiones contributivas es negativa actualmente y los ciudadanos,
pensionistas o no, deberían rechazarla.
Pero anteriormente no fue así: el Sistema de Pensiones dejó
de ser sostenible cuando un perverso Gobierno promulgó el RD-Ley 36/1978, de 16
de noviembre, sobre Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el
Empleo, llevando a cabo la tramposa operación de cambio de la naturaleza del
hecho pensionista, que dejó de ser un derecho del trabajador cotizante
(gestionado por sus Mutualidades) para convertirse en una "graciosa"
prestación de la Seguridad Social donde el Gobierno de turno, amparándose en el
principio de "Caja Única", se apropió del fondo de pensiones, cuyos
propietarios eran los jubilados a través del Mutualismo Laboral. El derecho a
la pensión se convirtió en algo incierto y, de hecho, dejó de existir para el
trabajador, porque las aportaciones del trabajador ya no le conceden
ningún derecho hasta que no se jubile, por lo que tampoco tiene derecho de
rescate si el trabajador ha de interrumpir sus cotizaciones, aunque sea
obligatoriamente.
Eso sí, en el momento de jubilarse, nace su derecho a
recibir una pensión porque también comienza la obligación del Estado de pagarla,
pero la cuantía de la misma ya no depende de lo cotizado, sino del dinero
existente, en el presente y en el futuro, en la Caja Única de la Seguridad
Social, gestionada por los políticos, quienes fijan la cuantía de las
prestaciones llamadas pensiones para que el Sistema sea "sostenible".
Por supuesto, las cotizaciones de los trabajadores servirán tanto para
financiar las pensiones contributivas como las no contributivas, o los
subsidios de desempleo, o lo que el Gobierno estime necesario.
Ahora el dinero de la "Caja Única" está en manos
de los políticos, quienes ya en 1978 cambiaron el tradicional y sostenible
Sistema de Pensiones autogestionado por los trabajadores a través de sus
Mutualidades Laborales por un nuevo sistema de reparto en el que los cotizantes
de hoy pagan la pensión de los jubilados de hoy. Pero este Sistema tiende a ser
inviable hoy por varios motivos: 1) porque los manirrotos políticos gestionan
arbitrariamente los fondos de pensiones, 2) porque España tiene una pirámide
demográfica invertida y 3) porque, en la crisis económica que todavía nos
afecta, la Seguridad Social en conjunto es deficitaria, pues han disminuido
sustancialmente el número de cotizantes y los salarios medios de los
trabajadores.
Con el Sistema actual la pensión no se calcula según el valor actuarial de lo
cotizado en toda la vida laboral, sino en los últimos años, cosa que es
perjudicial para quienes no pudieron cotizar mucho en los años previos a
jubilarse, pero sí a lo largo de su vida activa, y que infla de manera
insostenible la nómina de las pensiones hasta no hace mucho, en los dos últimos
años. Como eso inflaba de manera inviable para las arcas públicas las pensiones
a pagar, se pasó a tener en cuenta los quince últimos años. Y recientemente, a
los últimos veinticinco años.
Además el Sistema de Pensiones actual está aquejado de una
gran inseguridad jurídica y falta de transparencia, pues ¿qué trabajador en
activo sabe qué pensión le tocará el día de mañana, y quién le garantiza que el
Gobierno de turno del futuro no le bajará la pensión que esperaba cobrar?.
Entre 1978 y 2015 el Sistema de Pensiones
se ha ido deteriorando porque se han adoptado medidas contra los jubilados,
como los reajustes con topes de cotizaciones, los topes de jubilaciones cada
vez menores, las penalizaciones injustas cambiando índices totales por
anuales...; pero el gran expolio a los pensionistas que se lleva a cabo
actualmente es de carácter fiscal, pues el cobro de una pensión contributiva se
considera un hecho imponible sujeto a gravamen como si fuera un nuevo
rendimiento del trabajo, sin tener en cuenta que las
pensiones se fueron generando durante la vida laboral y que al cobrar los
salarios mensuales/anuales fueron sometidas ya al I.R.P.F. Es decir, ya tributaron por ese impuesto. Por lo tanto, al
ser sometidas las pensiones contributivas en la actualidad al I.R.P.F., están
siendo gravadas nuevamente por el mismo impuesto, cayendo claramente en la
figura de "doble imposición", que se debe corregir haciendo que el
cobro de la pensión quede excluido del I.R.P.F. En general todo ahorro debe
estar exento de impuestos a su rescate, entre otras cosas porque ya tributó
anteriormente.
En todo
caso la pensión (contributiva) podría considerarse como rendimiento de capital
mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo
progresivamente de manera notable con la edad del jubilado (en las rentas
vitalicias de los Seguros privados el gravamen es del 20% de la renta percibida
en el intervalo de los 65 a 69 años del perceptor; y del 8% a partir de los 70
años). Tendría sentido esta figura impositiva toda vez que el jubilado fue
acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral y (otra vez) pagando el
correspondiente I.R.P.F. para cobrar al final de ella la pensión. Esa figura
está debidamente contemplada en la Ley y por ello se benefician las entidades
financieras privadas con el producto Renta Vitalicia Inmediata aplicada a un
capital del cliente (que en nuestro caso sería el capital acumulado por
nosotros durante la vida laboral) para obtener eso: una renta vitalicia
inmediata (asimilable al concepto de nuestra pensión).
Conclusión: La pensión contributiva no es un nuevo rendimiento del trabajo y ya
fue sometida al IRPF durante la vida laboral del contribuyente, por lo que se
hace necesario corregir esa injusticia.
La exención del IRPF que grava actualmente a las pensiones contributivas
afectaría positivamente a la mayoría de los millones de pensionistas
existentes. No se conoce exactamente la cuantía de la reducción de ingresos
públicos por la aplicación de esa exención de I.R.P.F. a las pensiones
contributivas; pero puede estimarse que es de unos 5.000 millones de euros, por
lo que podría ser compensada sin merma para los ingresos de la Hacienda
pública, solo con que se eliminase una pequeña parte de las duplicidades y
redundancias existentes actualmente en la prestación de servicios públicos por
las Administraciones, o intensificando la Agencia Tributaria la necesaria lucha
contra los defraudadores. O sea, que es totalmente factible, si hubiese
voluntad política; pero no la hay porque resulta más fácil para los gobernantes
expoliar a los pensionistas mediante la imposición del I.R.P.F. al cobrar sus
pensiones contributivas.
Este
saqueo legal, pero ilegítimo por injusto, se realiza ahora por el Gobierno del
PP, se efectuó anteriormente por el Gobierno del PSOE y se continuará llevando
a cabo hasta que los millones de pensionistas damnificados dejen de votar al partido
del Gobierno de turno y lo hagan a otros partidos que acepten las
reivindicaciones de los pensionistas.
Ahora, ante las elecciones generales del 20-D, los
pensionistas deberían votar solamente al partido o partidos que garanticen el
mantenimiento de la cuantía actual de las pensiones contributivas, pero actualizadas anualmente de acuerdo con la evolución de los precios de
los bienes y servicios; y la exención
del IRPF que grava a las pensiones contributivas con una injusta y
expoliadora "doble imposición".
En este
asunto, los partidos saben que se juegan una gran parte de los más de nueve millones de votos de
los pensionistas; por lo que PP, PSOE, Ciudadanos, e incluso Podemos, deberían
tomar buena nota de ello y actuar consecuentemente, para asegurarse ganar las
elecciones del 20-D.
JOAQUÍN JAVALOYS
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