En los próximos días concluirá formalmente lo que ya ha terminado en la calle, es decir, el ciclo político iniciado con la Transición y la Constitución de 1978. Más allá del resultado que alcancen los diferentes partidos el día 20-D, parece claro que el bipartidismo, tal y como lo hemos conocido, va a desaparecer y no me refiero tanto a los partidos políticos en los que se ha encarnado estas últimas décadas (PP y PSOE), sino a las reglas de juego que rigen todavía la política en nuestro país. Es normal que -como refleja la última encuesta electoral del CIS- un sector de la población sienta un poco de vértigo y prefiera permanecer fiel a lo ya conocido. Se trata básicamente de las generaciones más mayores, que ya vivieron el tránsito del franquismo a la democracia y que ahora no quieren sobresaltos. En cambio, las nuevas generaciones de lo que parecen tener miedo es de que todo siga igual y están dispuestas a arriesgarse, apostando no sólo por nuevos jugadores políticos sino también por nuevas reglas de juego que nos traigan una democracia de mayor calidad. La brecha electoral generacional es muy clara y responde a la diferente perspectiva vital aunque, por supuesto, siempre hay excepciones.
Porque las reglas políticas que tenemos hoy corresponden a una democracia de baja calidad. Son las que han permitido mantener a la ciudadanía en la ignorancia de asuntos tan trascendentales para la buena marcha de un país como las andanzas empresariales (y de otro tipo) del anterior jefe del Estado, las que han tolerado la financiación irregular de los partidos a cambio de adjudicaciones y de favores públicos, las que han incentivado la utilización de los recursos públicos para crear -o más bien mantener- redes clientelares de corte caciquil heredadas del pasado. Son también las que han fomentado la confusión interesada en el ámbito empresarial entre la esfera pública y la privada (el denominado capitalismo de amiguetes), normalmente en perjuicio del contribuyente o del pequeño accionista o inversor. Son las reglas que han favorecido el nombramiento para las más altas responsabilidades públicas de personas cuyo principal mérito son las buenas relaciones con el poder político.
Estas mismas reglas han dado lugar a la aparición de un sistema castizo de 'spoils system' -pese a la teórica profesionalización e imparcialidad de la función pública- con Administraciones públicas paralelas en forma de agencias, fundaciones, entes públicos, etcétera, en el que cada cambio de Gobierno trae consigo el cambio en miles de puestos de confianza, incluidas las gerencias de los hospitales, por poner un ejemplo. Incluso cuando hablamos de la función pública en sentido estricto la utilización desmedida y arbitraria del sistema de libre designación (el famoso 'dedazo') ha desnaturalizado el sistema, de manera que con demasiada frecuencia son los funcionarios mejor conectados y no los más capaces o más expertos los que alcanzan los codiciados niveles superiores de la Administración.
Son estas reglas de la vieja política las que han socavado la independencia del Poder Judicial politizando el órgano de gobierno de los jueces, que si bien no dicta sentencias directamente sí designa a los titulares de los órganos más importantes del Poder Judicial que lo hacen. En definitiva, son las reglas con las que se ha gestionado una crisis económica gravísima, lo que ha supuesto la muy desigual imposición de sacrificios a la sociedad española, de manera que han sufrido mucho más los más débiles o/y a los menos organizados que los más poderosos o los mejor conectados con la clase política, incluso en el caso de los responsables directos del desastre. Es paradigmático lo que ha sucedido con los directivos-políticos de las Cajas de Ahorro, pues todavía estamos esperando que se haga justicia, en el sentido estrictamente judicial.
El hecho de utilizar el pretérito para referirnos a estas reglas no significa que vayan a cambiar mañana, pero creo sinceramente que se van a cuestionar por la clase política que surja de las elecciones del 20-D. Efectivamente, si juzgamos por las declaraciones y los programas electorales de los dos partidos emergentes -e incluso del PSOE en la medida en que ha acometido una renovación que está todavía pendiente en el PP-, parece que está asumido el diagnóstico de que hay que mejorar la calidad de la democracia española.
En ese sentido, es importante tener claro que no se trata sólo de cambiar equipos o alineaciones (que también) sino de cambiar de juego. Hay que superar una democracia de baja calidad donde todo o casi todo vale para alcanzar o mantener el poder y avanzar hacia una democracia avanzada, caracterizada por la transparencia, las instituciones sólidas y neutrales, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Queremos ser Dinamarca, por usar un símil de moda, y la elección del modelo habla mucho, y bien, de las aspiraciones de muchos españoles. Sin duda es un reto, pero mucho mayor era en 1978 el reto de llegar a ser un país más de la Unión Europea y se consiguió en menos de una década. Escuestión de voluntad política, pero sobre todo es cuestión de madurez de la sociedad española ya que -parafraseando a Burke- ningún sistema político puede extraer de un cuerpo social lo que no existe previamente.
En ese sentido, los partidos emergentes tienen que ser muy cuidadosos con las expectativas que han despertado. Han conseguido recuperar para la democracia parlamentaria a gente, especialmente los más jóvenes, que se sentía excluida del juego, lo que es sin duda un mérito enorme. En todo caso, los nuevos partidos han contribuido a recuperar la ilusión y hasta la pasión por la política de muchos españoles, y sin duda han generado movimientos en los partidos tradicionales, quizá más visibles en unos que en otros.
En cuanto a su supuesta inexperiencia de gobierno -inevitablemente esgrimida por los viejos del lugar-, me parece una indudable ventaja desde un punto de vista regeneracionista. Precisamente el que los emergentes no dominen las reglas de la vieja política -y no soporten las correspondientes mochilas de intereses creados- es lo que permite albergar esperanzas de un cambio real. Y si, como dicen, los partidos nuevos quieren respetar aspectos esenciales del nuevo juego como la neutralidad y la profesionalidad de los organismos públicos no hay que preocuparse mucho por la "falta de equipo": el equipo está ya esperando en el banquillo, deseando salir a jugar. Está formado por los muchos y buenos profesionales y técnicos del sector público que tienen la experiencia y la formación para hacer bien su trabajo, ya se trate de gestionar hospitales o colegios, recaudar impuestos, controlar las cuentas de un Ayuntamiento o administrar justicia. Lo que menos necesitamos es volver a tener políticos sustituyendo la labor de los profesionales del sector público. Su labor es dirigirlos y coordinarlos.
Eso sí, estos votantes ilusionados no van a tolerar muchas desviaciones con respecto a las reglas nuevas de una democracia de más calidad, que son bastante más estrictas que las que se van a aplicar todavía en la presente campaña electoral. De ahí la sensación de que hay una mayor exigencia -descontada la inevitable utilización partidista- con los nuevos jugadores que con los viejos. Los votantes parecen descontar que los jugadores de siempre seguirán jugando como siempre, probablemente porque no saben hacerlo de otra manera. Pero se espera algo distinto de los nuevos, que tendrán que salir a ganar sin embarrarse demasiado en el terreno, aunque sólo sea para demostrar que pueden hacerse las cosas de otra manera. Y si por el camino conseguimos que todos jueguen de forma más limpia, eso habremos ganado. Todo un desafío.
Autora: ELISA DE LA NUEZ, que es abogada del Estado, coeditora del blog '¿Hay Derecho?' y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
(Artículo de opinión Vía EL MUNDO)
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