Cuando hay elecciones, la mayoría de los partidos políticos contemplan en sus programas el asunto de la reforma de la Administración, pero, una vez pasado el momento de la elección, el tema desaparece y se diluye hasta la próxima convocatoria electoral. No quiero decir con ello que exista mala fe o deseos de engañar, lo que ocurre es que resulta quimérico plantear una reforma seria y eficaz sin cambiar el modelo de Estado que tenemos: en la actualidad se compone de varias administraciones, locales, provinciales, regionales y central, cuyas competencias se solapan en muchos casos con la consiguiente selva de disposiciones y resoluciones, que perturban notoriamente la eficacia y encarecen los servicios públicos. Por eso resulta conveniente ir a la raíz para encarar una transformación profunda del modelo estatal y, a partir de ahí, realizar el saneamiento o reforma de las administraciones públicas españolas, naturalmente si los partidos políticos están por la labor, ya que ese objetivo implica cambios constitucionales de envergadura. Y, por el momento, sólo hay algunas propuestas parciales en ese sentido.
Hasta 1978 el Estado en España no tenía la complejidad y la envergadura económica que ha adquirido con el desarrollo del modelo constitucional creado en esa fecha
Desde un Estado modesto al exuberante y disperso
Hasta 1978 el Estado en España no tenía la complejidad y la envergadura económica que ha adquirido con el desarrollo del modelo constitucional creado en esa fecha, cuyo crecimiento se ha basado en la fragmentación de los poderes públicos y en la obtención de abundantes recursos provenientes de la Unión Europea, en la que nos integramos en 1985, y del esfuerzo fiscal de los españoles, en especial de sus clases medias y de las pequeñas y medianas empresas que son mayoritarias en nuestro tejido empresarial. El agudo declive industrial iniciado en los años 80 se compensó con la expansión de las obras civiles y el estímulo urbanístico en las costas y en las grandes ciudades, con el resultado de una exuberancia económica y recaudatoria, que beneficiaba a todos los agentes partícipes de la misma, siendo las administraciones públicas las mayores defensoras de ese modelo.
Se puede afirmar que, aunque con altibajos, el modelo de crecimiento económico y exuberancia fiscal se mantuvo inalterado hasta 2007 y, gracias a eso, las administraciones españolas se han permitido crecimientos que hubieran sido imposibles sin las diferentes burbujas que los han alimentado. A nadie le preocupaba el florecimiento de las estructuras de las Comunidades Autónomas no sólo en competencias sino en organismos de lo más variopinto para emular al Estado del que traían causa. Tampoco los Ayuntamientos, convertidos en agentes urbanísticos de primer nivel, se quedaron a la zaga, bien es verdad que en su descargo conviene apuntar que su escuálida participación en la fiscalidad general les empujaba necesariamente a ello, si querían atender dignamente los servicios municipales y las necesidades desatendidas por la Administración central o las propias Comunidades Autónomas.
Con las arcas públicas exangües la estructura no aguantará
Toda esa tela de araña, con sus estructuras superfluas y sus legislaciones propias, ha sido puesta en duda por mor de las carencias económicas y los deseos de ruptura que han aflorado con vehemencia desordenada en Cataluña. En estos ocho años de vaivenes y sinsabores los gobiernos no han querido o no han podido afrontar el desmantelamiento de un modelo insostenible, prefiriendo cargar la mano en el adelgazamiento de los servicios públicos antes que entrar en una poda estructural y constitucional del todo inconveniente para los partidos dominantes. En consecuencia, no se han liberado recursos cautivos de ese modelo y la deuda nacional ha seguido creciendo, ya que la evolución de la economía se muestra incapaz de proveer de recursos como en los años dorados de las vacas gordas.
Las discusiones sobre cómo encarar el problema dejan al descubierto que el Gobierno de la nación tiene una capacidad muy limitada para reformar y suprimir estructuras administrativas
Pero la cuerda se ha tensado demasiado y quienes abogan por la reforma administrativa se tropiezan con una muralla constitucional que la impide. Las discusiones sobre cómo encarar el problema dejan al descubierto que el Gobierno de la nación tiene una capacidad muy limitada para reformar y suprimir estructuras administrativas, porque la parte del león está fuera de su alcance. De esta manera el objetivo de simplificar la administración, o mejor dicho las administraciones, para adecuarlas a una realidad económica más modesta y a la par exigente con el funcionamiento de los servicios públicos solo será posible transformando el Estado, cuya hipertrofia es reconocida sin apenas discusión, así que no estaría de más que se pusiera en conocimiento de los españoles el coste del modelo actual y el de otro más centralizado y simplificadoque, probablemente, redundaría en mejoras del mercado nacional, sin los compartimentos estancos actuales, y el abaratamiento de los servicios públicos esenciales. Por eso y por la experiencia acumulada no hay que devanarse los sesos, sin cambiar el Estado, la reforma administrativa no dejará de ser un ejercicio más de melancolía.
MANUEL MUELA Vía VOZ POPULI
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