Aparecieron en la escena política de la mano, portando la bandera de la regeneración política y democrática. Podemos y Ciudadanos siempre
han presumido de ser estructuras abiertas, democráticas y
participativas. Su llegada a las instituciones ha supuesto oxígeno para
la respiración política española. Eso sí, de puertas hacia dentro, Pablo Iglesias y Albert Rivera
ejercen una dirección personalista, pues gozan de una gran capacidad de
decisión en la estructura organizativa y el nombramiento de cargos, así
como en el mensaje y la estrategia.
En los últimos días, el poder que aglutina Iglesias se ha puesto de manifiesto con el cese fulminante de Sergio Pascual como
secretario de Organización. Al mismo tiempo, Ciudadanos abrió
recientemente un expediente disciplinario que podría acabar en expulsión
a sus dos representantes en la Diputación de Soria por votar una
resolución a favor de esta administración, cuando el partido de Rivera quiere eliminarlas.
Tanto Iglesias como Rivera tienen
potestad para nombrar y destituir a los cargos de sus ejecutivas. Sin
cortapisas. Sin necesidad de consultar la decisión o tener que ser
respaldada, por ejemplo, con el voto de los simpatizantes, que no
participan en la elección de sus máximos dirigentes, a excepción del
secretario general en Podemos.
Los estatutos del partido morado contemplan que el Consejo de Coordinación
(la Ejecutiva) «estará compuesto por un número de entre 10 y 15
personas, elegidas por el Consejo Ciudadano (el comité de dirección
política) por mayoría a propuesta del secretario general».
Pero
igual que puede poner, el máximo dirigente de Podemos también puede
destituir a los miembros de su equipo. Según recoge el artículo 27 de
los estatutos: «Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el secretario general». Esto es, el poder de nombrar y destituir del líder de Podemos es discrecional y sus decisiones exige a Iglesias son dos cosas: que los nombramientos sean
respaldados después por el Consejo Ciudadano y que todos los miembros de
la Ejecutiva salgan de ahí, pues han sido votados en primarias. Se da la circunstancia de que todos los miembros del Consejo Ciudadano que
ganaron las elecciones internas participaron dentro del equipo liderado
por Iglesias. A ellos se sumaron después los secretarios generales
autonómicos para completar el órgano, introduciendo sólo así otras
corrientes o sensibilidades de la mano de Teresa Rodríguez (Andalucía) o Pablo Echenique (Aragón).
«Iglesias es el secretario general menos poderoso de los partidos en España», defendía ayer sin embargo Carolina Bescansa,
secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, en una entrevista
en Telecinco. «Estamos lejos de hablar de un secretario general con
muchas atribuciones. Más bien es el que menos tiene», añadió. Es la
línea oficial.
En Ciudadanos, donde Rivera es
presidente y no secretario general, suelen repetir: «Somos un partido
democrático, que no asambleario», tratando de marcar así distancias con
Podemos. En la formación naranja, «el presidente del partido podrá
realizar los cambios que considere necesarios en la organización interna
del Comité Ejecutivo, y proponer el cese de alguno de sus miembros o el
nombramiento de otros nuevos», tal y como aparece en los estatutos.
No
necesita por tanto el refrendo de nadie para dictaminar quién se sienta
y quién no en el órgano de dirección. En la última remodelación de la
Ejecutiva, Rivera apostó por rodearse de los líderes de los parlamentos
autonómicos con representación para transmitir la sensación de líder
nacional y quitarse el sambenito de político catalán.
Pero lo cierto es que el proceso selló el pasaporte de los candidatos
oficiales, de aquellos que fueron habilitados por la dirección como
independientes: Ignacio Prendes, Toni Cantó, Francisco de la Torre o Marta Rivera, por ejemplo.
Los
estatutos de Ciudadanos sólo contemplan que si el nombramiento o cese
afecta a los secretarios responsables de Organización, Tesorería,
Comunicación, Acción Política y Relaciones Institucionales, «deberá ser
aprobado por el Consejo General a propuesta del Comité Ejecutivo. Para los restantes casos bastará la aprobación del Comité Ejecutivo».
Además
de un amplio margen para designar a su equipo ejecutivo, en Podemos y
C's, pese a la existencia de opiniones dispares, existe un claro intento
de los líderes por controlar el mensaje a transmitir y minimizar las
corrientes críticas y todo lo que distorsione el discurso oficial. Así
se interpretó en Podemos con la carta que Iglesias envió a los círculos y
la militancia del partido hace unos días, en plena crisis interna. «En Podemos no
hay ni deberá haber corrientes ni facciones que compitan por el control
de los aparatos y los recursos, pues eso nos convertiría en aquello que
hemos combatido siempre: un partido más», escribió. «Debemos seguir
demostrando que la unidad de nuestro proyecto y el compañerismo están
siempre por encima de las lógicas que pudren los partidos y el alma de
sus dirigentes».
En la rueda de prensa donde anunció que Echenique era su elegido para relevar a Pascual,
apuntó que «en Podemos no tiene que haber pablistas, carolinistas,
errejonistas o monteristas». «En Podemos hacen falta compañeros que
debatan todo desde la máxima pluralidad, apostando por la lealtad a una
organización que no es más que un instrumento para empoderar a la
gente».
En C's también hay una apuesta clara por mantener una voz única. La carta ética que firman los cargos públicos recoge una cláusula que limita las
opiniones personales: «No efectuar sin autorización de los órganos
centrales del partido, ni aun a título personal, manifestación alguna
que pudiera comprometer la independencia de criterio del partido o
confundir a la opinión pública». Y añade esta obligación: «Atenerse en
su actividad como candidato y, en su caso, en la que desarrolle como
cargo público elegido en las listas, a los acuerdos adoptados por los
órganos centrales del partido y cumplirlos en su integridad, siguiendo
en todo momento las directrices que de ellos emanen».Recientemente,
la Ejecutiva del partido aprobó un reglamento interno que pretende que
sea una guía del desempeño de todos sus cargos públicos. Una de las
directrices es: «Observar la máxima discreción en cuanto a los asuntos
internos del grupo y mantener la coherencia en sus actuaciones públicas
con el contenido del programa electoral y del ideario del partido».
Además, impone la disciplina de voto.
RAÚL PIÑA y ÁLVARO CARVAJAL Vía EL MUNDO
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