En junio de 2011, el Juzgado de Violencia de Género nº 1 de Valencia condenaba a un varón a un mes de multa por soltar una “ruidosa ventosidad” durante una discusión con su pareja. Ella lo denunció y el juez falló que el acto constituía delito de violencia de género por atentar contra la dignidad de la mujer. Quizá el juez disponía de un finísimo olfato de sabueso... o conocía bien por dónde soplan ciertos vientos. Lo cierto es que se agarró a argumentos etéreos, más bien gaseosos, para convertir en delito lo que siempre ha sido una mera vulgaridad, una falta de educación y decoro. Si alguien puede ser condenado por aliviarse el vientre con ostentación y alharacas, también debería ser punible la fea costumbre de hurgarse la nariz al parar en los semáforos.
Esta noticia, que parece más propia de El Mundo Today que de un medio de información serio, no deja de ser una anécdota. Sin embargo, resulta inquietante que alguien pueda ser condenado por tirarse, en lenguaje castizo, un pedo, aun cuando sea con premeditación y alevosía. Pero no toda la culpa era del juez. La “ley de violencia de género” promulgada en 2004, tipifica como delito cualquier insulto o menosprecio en una discusión de pareja… siempre que lo lleve a cabo un hombre. No así si quien lo hace es una mujer. Unos cuantos varones acabaron en el calabozo por “mandar a la mierda” a su parienta durante una discusión; si sucedía al revés, pelillos a la mar.
La norma no sólo violaba la presunción de inocencia, también la igualdad ante la ley, un principio que nadie cuestionaba desde la Ilustración
La norma no sólo violaba la presunción de inocencia, también la igualdad ante la ley, un principio que nadie cuestionaba desde la Ilustración… hasta hoy. Una conducta nunca puede ser delito, o no serlo, dependiendo del grupo al que pertenece el individuo que lo comete. Es lo que se denomina delito de autor, una aberración jurídica que se creía extinguida desde la caída de los regímenes totalitarios del pasado siglo. Sin embargo, no contentos con esta regresión, los impulsores de la norma idearon también una jurisdicción especial, a imagen y semejanza del Tribunal de Orden Público franquista.
Para justificar el colosal disparate, se lanzó el mensaje de que la violencia contra las mujeres era un problema extraordinariamente grave y extendido. Así pues, el fin justificaba cualquier medio. Pero ¿qué había de cierto en la alarma? ¿Es nuestro país especialmente violento contra las mujeres? No es así, ni mucho menos. Los datos indican que España tiene unas cifras muy inferiores a las de los países de nuestro entorno.
El mito del atraso cultural
Según el último estudio disponible de la FRA-Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2014, que pregunta a las mujeres si han sufrido violencia física o sexual, los países miembros que encabezan la lista por número de casos son Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%) y Francia y Reino Unido, con un 44%. Porcentualmente, España tiene uno de los más bajos: el 22%.
Algunos han intentado cuestionar estos resultados argumentando que es peligroso hacer comparaciones entre países, porque “ni las legislaciones ni las formas de contabilización son homologables”. Sin embargo, los datos del estudio FRA no se obtienen recopilando cifras oficiales, cuyo criterio puede variar de un país a otro, sino mediante entrevistas personales con preguntas muy tasadas que no admiten confusión. Para las mujeres danesas o españolas del siglo XXI, que un hombre les toque sin su consentimiento, amenace, golpee o viole no tiene interpretaciones distintas. Unas y otras responden con similar grado de desinhibición habida cuenta, además, que los resultados son anónimos. Lo cierto, mal que les pese a algunos, es que España no es un país especialmente peligroso para las mujeres si se compara con la media europea. Y menos aún en relación al resto del mundo.
Si el problema es menos grave que en otros países ¿por qué los medios insisten en alarmar a los españoles? Y lo más importante: ¿por qué casi nadie se atreve a criticar una ley que viola los principios fundamentales del derecho basándose en un alarmismo falaz? ¿A qué se debe el silencio ante una legislación con tintes totalitarios? La explicación es simple: la ley de violencia de género no sirve a las víctimas, sino a políticos y grupos de interés. Y no se puede refutar porque la "violencia de género" se ha convertido en un tabú, en una moderna caza de brujas.
La caza de brujas del siglo XXI
En Salem, Nueva Inglaterra, durante el mes de febrero de 1692, seis niñas comenzaron a experimentar misteriosos síntomas. Tras probar todo tipo de remedios sin obtener resultado, las fuerzas vivas determinaron que las dolencias sólo podían estar causadas por brujería. Presionaron a las pequeñas para que delataran a supuestos culpables. Y tras encendidos sermones del reverendo advirtiendo de la presencia del diablo en la comunidad, la histeria, la sospecha y el miedo se adueñaron de todos sus miembros. Tal fue la psicosis que la más mínima desviación de las normas puritanas acarreaba una acusación por hechicería. En el transcurso de ese año 144 personas, en su mayoría mujeres de clase baja, fueron encarceladas por brujería. Y 19 subieron al patíbulo para morir ahorcadas. Este pasaje histórico es conocido como los juicios por brujería de Salem.
Para explicar estos fenómenos de histeria colectiva, el sociólogo Stanley Cohen acuñó en 1972 un término: Pánico Moral. En su libro Folks Devils and Moral Panics, Cohen explica la dinámica: las fuerzas vivas señalan un comportamiento, o un grupo, como encarnación de la maldad, provocando preocupación y miedo, sentimientos que son exacerbados hasta desembocar en hostilidad hacia determinadas actitudes o colectivos. De esta forma, se instiga a la masa a lanzarse ciegamente contra el supuesto mal, anulando el debate racional, obstaculizando la búsqueda de soluciones correctas y desviando la atención de la imprescindible crítica al poder.
La violencia de género se ha convertido en una lucrativa industria que recibe más de 22 millones de euros cada año de los presupuestos generales
La violencia de género es el pánico moral de la España del siglo XXI, un fenómeno de histeria colectiva desencadenado y alimentado desde el poder. La “posesión diabólica” ha sido sustituida por el “machismo imperante” y el nuevo vocablo, “violencia de género”, posee una carga emocional similar a la que tuvo la palabra “brujería” siglos atrás. Quienes ponen en cuestión la doctrina oficial son tachados de herejes y quemados en la vía pública. Igual que en Salem, se justifica la persecución de las brujas para proteger a víctimas indefensas y librar del mal a la comunidad. Sin embargo, todo responde a intereses de grupos: además de obedecer a oscuros fines ideológicos, la violencia de género se ha convertido en una lucrativa industria que recibe más de 22 millones de euros cada año de los presupuestos generales y otros 1.000 euros de subvención de la Unión Europea por cada víctima.
Hoy, los mass media, que también reciben su suculenta parte del pastel en forma de campañas de publicidad institucional, han sustituido al vehemente pastor calvinista. No sólo informan de cada asesinato, con abundancia de detalles morbosos; van numerándolos de forma consecutiva, como si los delitos fueran cometidos por un maléfico conciliábulo. En realidad se trata de episodios inconexos, muy probablemente diferentes entre sí, cuya responsabilidad debería ser determinada caso a caso por los jueces, no en una causa general contra el maligno.
En consonancia con el carácter discriminatorio de la ley, pocos juzgados abren diligencias por falsa denuncia; mucho menos condenan. Por ello, las estadísticas judiciales no las recogen, un hecho que se utiliza como argumento para señalar que las denuncias falsas apenas existen. Pero se trata de una burda artimaña que intenta confundir la verdad judicial con la verdad real. No hace falta ser un genio para saber que ambas verdades son muy distintas, basta con un par de ejemplos: ¿cuántos acusados absueltos de cualquier tipo de delito eran en realidad culpables? Según las estadísticas judiciales, ninguno. ¿Quién fue Al Capone? Consultamos de nuevo los documentos judiciales y fue un ciudadano que evadió impuestos, nada más. ¿Es ésta la verdad?.
Denunciar la injusta ley de violencia de género y a los manipuladores de la opinión pública es la única vía para que la razón triunfe sobre el oscurantismoAyudar de verdad a las víctimas
Ayudar de verdad a las víctimas.
Para colmo de males, los casos de violencia no han disminuido tras la aplicación de la norma lo mismo que las dolencias de las niñas de Salem no remitieron tras encarcelar y ajusticiar a las "brujas". Y ya hay quienes demandan mayor dotación presupuestaria para erradicar el mal. Sin embargo, ayudar a las víctimas implica conceder nuestra simpatía y apoyo incondicional, afirmar con contundencia que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ciudadanos con los mismos derechos, y ser consecuentes con estos principios. No promulgar leyes injustas, fomentar el odio entre colectivos o criminalizar a la mitad de la población para obtener réditos políticos. No hay un sexo bueno y otro malo: la bondad y la maldad, lo mismo que el buen juicio y la estupidez, están repartidos de forma muy equitativa entre hombres y mujeres.
Atreverse a criticar, romper el tabú, denunciar la injusta ley de violencia de género y a los manipuladores de la opinión pública es la única vía para que la razón triunfe sobre el oscurantismo, para que la libertad de pensamiento prevalezca sobre las consignas. Es necesario evitar que esto se repita. Quienes desataron la caza de brujas, todos aquellos que colaboraron con ella, quienes promulgaron leyes injustas y aberrantes, causando ingentes cantidades de sufrimiento y malestar social, quienes se aprovecharon y lucraron... no pueden quedar impunes. Deben ser denunciados, procesados y condenados por maltratar a la sociedad.
JAVIER BENEGAS y JUAN M. BLANCO Vía VOZ PÓPULI
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