Sin ánimo de ser
exhaustivo y seguramente el paciente lector me podría aportar otras tantas, si
no más, voy a referir algunas de las cuestiones que competen a la labor de
nuestros próceres en las distintas Instituciones que, supuestamente –al menos
en teoría- nos representan.
aprovecharon su mayoría absoluta –dos veces, en 2000 y 2011- para un cambio radical, tan necesario; la que no cambia la Ley Electoral y pone en su sitio a los nacionalismos, sometiéndose a sus chantajes para acceder o conservar el poder; la que ha abusado –o no ha controlado, que no deja de ser otro tipo de abuso- de los dineros públicos, gestionando muy mal en el caso de los socialistas -cuando no llevándoselo crudo- hasta haber dejado dos situaciones agónicas -1996 y 2011- que dejaron España en la absoluta ruina; la que ha despilfarrado en obras públicas, muchas veces innecesarias –universidades, puertos y aeropuertos –redundantes incluso-, autopistas y numerosas obras faraónicas en esa línea del “café para todos” que dejara caer en un mal momento el Profesor Manuel Clavero –a la sazón, ministro con Adolfo Suárez- y que tan fuertemente arraigó en la “casta” dirigente para la que parece que aquella otra “máxima” de otra ‘ilustre’ del “servirse de lo público” dejó para la posteridad: “El dinero público no es de nadie”, que espetó en uno de sus días “brillantes” mi paisana Carmen Calvo.
La clase política es la
que ha permitido un parque de vehículos oficiales que ya lo quisieran para sí
países mucho más ricos, poblados y poderosos; la que ha engordado hasta límites
insostenibles el número de funcionarios, muchas veces poco cualificados, con
oposiciones restringidas para asegurar a sus amiguetes, a los que incorporaron
primero como contratados laborales; la que ha permitido que crezcan las
dotaciones de personal en administraciones paralelas, como las diputaciones,
por ejemplo, perfectamente sustituibles dentro del sistema autonómico; la que
ha creado infinidad de empresas públicas deficitarias, para seguir colocando a
sus amigos cuando dejan las funciones políticas; la que asegura a sus fieles
puestos de retiro bien remunerados, en muchos casos permitiendo una
compatibilidad, temporal o vitalicia –decidida por comisiones formadas por los
propios afectados ¿Recordamos lo de ‘juez y parte’?, pues eso-, con
indemnizaciones y vacaciones desproporcionadas como hemos visto en esta última
“legislatura” de escasos cuatro meses y uno ‘efectivo’; la que utiliza medios
de transporte público para su uso personal; la que adjudica contratos públicos
millonarios a empresas amigas que, curiosamente, luego les benefician
generosamente; etc., etc., etc. Como decía, podríamos añadir un sin número de
competencias y usos, cuando menos, mal gestionados.
Como decía al principio
la “generalización” no debe ser del todo absoluta ni debe hacerse siempre,
porque hay gente buena en todas partes, pero si ésta no se hace valer porque no
sabe, no puede o se deja llevar por las circunstancias, lo honrado es retirarse
y dar paso a otros que tengan más empuje y determinación.
Es cierto que no se puede
cargar todo en el debe de la Casta sino que el “pueblo llano” también tiene
–tenemos- cierta responsabilidad porque ha vivido cómodamente, en la inopia o
dejándose llevar por el día a día, cuando las cosas han ido bien, al menos para
nosotros y los nuestros.
Pero dicho eso, y que
cada palo aguante su vela, hay que admitir también que el sistema, tal como
está montado, lo único que permite al “pueblo llano” es acudir a las urnas
cuando se convocan elecciones, generales, autonómicas o municipales, cada
cuatro años. Cierto que ese ‘adocenamiento’ institucionalizado y la falta de
formación, en muchos casos, no han propiciado un voto inteligente y práctico y
eso es responsabilidad de cada uno. En España es muy frecuente –más de lo que
muchos quisiéramos- que la visceralidad producida por los acontecimientos del
momento se imponga a la reflexión meditada sobre lo realizado, o no, durante
cuatro años por los gobiernos o corporaciones de turno. Pero, en definitiva, lo
que tenemos es que el voto ciudadano queda diluido en un sistema de
“representación otorgada”, parlamentaria
o municipal, –hoy convertido, en el mejor de los casos, en una partidocracia
sumisa al líder que designa- y el sistema endogámico sigue su curso.
Los partidos –la cúpula,
claro- eligen sus listas cerradas -no siempre compuestas por los mejores, hasta
el punto de que la formación y experiencia acreditadas brillan por su ausencia
en una gran número de nuestros ‘representantes’, siendo la política –paradojas
de la vida- la única profesión para la que el CV cuenta poco o nada-. Después,
los ‘elegidos’ en las urnas, ‘legislan’ en la Cámara Baja –‘votando’ las leyes
que propone el Gobierno, ‘propuesto’ por los previamente ‘elegidos’ por el
‘dedo divino’ del que lo presidirá- y, siempre, con un voto dirigido por el
aparato del partido (lo vimos en su día con la Ley del aborto y del Matrimonio
Homosexual), con lo que la representación, cuando menos, se deslegitima.
El Partido ganador –no
siempre, porque muchas veces se producen pactos contra natura formando pinzas,
tripartitos… heptapartitos o lo que haga falta, con tal de alcanzar o mantener
el poder, cuando no de quitar al otro, porque sí, porque es el otro- compone el
Gobierno, propone leyes que “los suyos” y “sus aliados de turno” aprueban en el
Parlamento y “refrendan o no” en el Senado, pero no importa si no, porque
vuelven al Parlamento y allí se aprueba por la misma mayoría ‘artificial’ que
la envió al Senado, lo que demuestra la inutilidad de la “Cámara Alta”, que
supongo que debe el calificativo a una cuestión topográfica, porque demuestra
poca altura en muchas ocasiones, recogiendo a determinados personajes, que no
voy a citar porque sería muy largo.
Y fin del “teatro
democrático”. Se cierra el telón y a por el próximo espectáculo.
El tema daría para mucho
más, pero hay que limitar los textos. De momento, reflexión meditada y voto en
conciencia para el día 26 de Junio. España lo agradecerá.
ANTONIO DE LA TORRE Vía el Blog DESDE EL CABALLO DE LAS TENDILLAS