El desafío del Rey: convencer a la España que duda de un modelo que no revalida el voto
Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en los jardines del palacio de Marivent (Palma de Mallorca).
Ya no hay parapetos, ni amarras. Ya no hay obstáculos para que el Rey, el único, el que encarna la jefatura del Estado y soporta el peso de la Corona, Felipe VI, demuestre que la monarquía está a la altura del pueblo, al lado de los españoles, sirviendo al interés general, representando la unidad de la nación y ejerciendo la labor de arbitraje entre distintos que constitucionalmente le corresponde.
La sombra del padre, presente hasta ahora sobre su reinado, se ha difuminado camino del exilio. El último cortafuegos -sólo restaría la retirada del título de Rey emérito y el tratamiento de majestad mediante un decreto del Gobierno- se ha cavado con calculada precisión entre Moncloa y Zarzuela y se ha anunciado buscando la sordina que siempre proporciona el lánguido agosto.
La polvareda de la marcha de Juan Carlos I, aún así, será enorme, pero se disipará. Lo importante viene después, porque Felipe VI tiene delante el Estado y la Historia y se los tiene que ganar. A él le corresponde labrar el camino. Un cometido complicado porque parte de un terreno quemado por las presuntas corruptelas de su padre, las oscuras dádivas de sátrapas orientales, los amoríos interesados y despechados, el dinero oculto en paraísos fiscales y el lógico desafecto creciente de la ciudadanía.
Un trabajo duro, porque hay mucho que volver a sembrar. Y el clima, de momento, no acompaña. Una parte de los españoles alberga ya dudas, alentadas por el nuevo soberanismo y el joven populismo de izquierdas, acerca de la conveniencia de mantener en España una forma de Estado que no se revalida con el voto. Fuerzas que levantan la bandera de una República que no conocieron y desdeñan una Transición a la democracia que muchos no vivieron. Pero están ahí, tienen argumentos y legitimidad y su mensaje está prendiendo.
Combatir con hechos, con el ejemplo, con transparencia, con cercanía, con honestidad. Ésa es la única senda que puede emprender el Rey demostrando que en su equipaje no caben las cargas heredadas del padre y que el suyo es un tiempo nuevo en una democracia asentada.
Los dos principales partidos, PP y PSOE, están de su lado, y también Vox y Ciudadanos. Más el primero que el segundo, porque en las aguas turbias que han rodeado al Emérito ha renacido una pulsión republicana que durante 40 años permanecía dormida en el socialismo español.
Si ha habido un partido político que ha arropado a la Corona desde la Transición hasta la abdicación de Juan Carlos I ése ha sido el PSOE, una fuerza que ahora, con sus referentes históricos esquinados en la retaguardia, se debate entre el rupturismo y la continuidad constitucional. Voces como la del ex presidente del Gobierno Felipe González, defendiendo la esterilidad de emprender una discusión monarquía-república, corren el riesgo de caer en el vacío en las filas que durante años lideró.
Dentro del Ejecutivo se mantendrá viva la tensión que imprime el socio menor, alentada por el decepcionante historial de Juan Carlos I
De momento, el tirón republicano de los socialistas de nuevo cuño queda amortiguado por su presencia en el Gobierno. Pedro Sánchez, en su condición de jefe del Ejecutivo, está obligado a ponerle freno so pena de abrir un conflicto institucional de gravísimas consecuencias. Y hacerlo, aun cuando ello le suponga un choque frontal con Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno de coalición.
No hay mimbres suficientes para sostener ni de lejos un proceso de demolición constitucional como el que supondría modificar el artículo 1 de la Carta Magna, que en su tercer apartado establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria», y suprimir los artículos 56 al 65 que componen el Título II y que se abren con la siguiente afirmación: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes».
Se trata de partes blindadas de la ley de leyes cuya modificación requiere un procedimiento muy complejo, que incluye, además de mayorías absolutísimas, la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales, en definitiva, un desafío colosal que un Gobierno débil como el actual, que se mueve continuamente en el filo de la navaja, jamás podría acometer.
Ello no impide, sin embargo, reconocer que dentro del Ejecutivo se mantendrá viva la tensión que imprime el socio menor, alentada como nunca hasta ahora por el decepcionante historial de Juan Carlos I. Una tensión que Felipe VI sólo podrá doblegar si logra convertir a los españoles, hoy desencantados, en sus más poderosos aliados. Si lo consigue, habrá ganado el reinado y el Estado; si fracasa, la Corona en España tendrá los días contados.
MARISA CRUZ Vía EL MUNDO
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