La dificultad en España para hacer
gobierno sitúa la política española en la encrucijada de los grandes
pactos de Estado, en temas que hasta ahora no ha podido resolver la
Constitución de 1978. Para esos grandes pactos se necesitan mayorías
cualificadas y consensos multilaterales entre los cuatro grandes
partidos.
Está claro que es imposible hacer un pacto
o acuerdo entre Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez: este se presentó a
las elecciones con el lema: “Echar a Rajoy de La Moncloa”. Con una pizca
de coherencia no lo podrá hacer nunca presidente ni tampoco llegar a
acuerdos. El PSOE deberá resolver este problema si quiere llegar a
grandes pactos y reformas.
En primer lugar está la estructura
territorial del Estado y clarificar las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas y las del Estado. El Estado de las Autonomías ha
sido un invento español que en los últimos 37 años ha funcionado,
diríamos, “ad experimentum”. Hay comunidades que no quieren
gestionar los grandes paquetes de la sanidad o la educación y otras que
quieren gestionar más cosas, como por ejemplo el caso de Catalunya que
le gustaría tener el concierto económico.
En las nuevas autonomías habría que
eliminar la duplicidad de funciones. A modo de ejemplo, ¿qué hacen
tantos defensores del pueblo? O también, ¿qué pintan las diputaciones,
consejos comarcales, veguerías y tantos organismos intermedios entre las
autonomías y los ciudadanos? Es necesaria una reforma administrativa,
asignatura pendiente desde la transición.
Hay partidos, como Ciudadanos y el PSOE
–lo dice el documento del Comité Federal del día 28 pasado—que quieren
un gran Pacto Nacional sobre la Educación, lo mismo que se hizo entre el
PSOE y la UCD en 1978.
Es a todas luces necesario modificar la
estructura y el modo de elección tanto del Tribunal Constitucional como
el Consejo General del Poder Judicial, a los que hay que despolitizar. A
lo mejor sería necesario eliminar el Tribunal Constitucional, y que sus
funciones sean absorbidas por una Sala del Tribunal Supremo.
Además debería resolverse la sucesión al
Rey –ahora solo puede ser un varón—que la Monarquía tenga un estatuto
específico que marque los deberes y derechos de cada uno de los miembros
de la Familia Real.
Otra cuestión: eliminar el aforamiento de
los diputados y senadores, así como de los diputados autonómicos, con un
claro acento a la corrupción.
Clarificar lo que significa la aconfesionalidad o en su caso la laicidad del Estado.
Elaborar una nueva ley electoral que premie a los ciudadanos y no tanto a los territorios.
Todo ello, entre otras cosas, requerirá un
cambio constitucional de calado, una reforma constitucional a fondo,
que deberá ser aprobado por un referéndum entre todos los españoles. De
este modo se terminará también con las reivindicaciones de referéndums
autonómicos, que no son más que peticiones de autodeterminación.
En resumen: ¿qué se entiende por España en
el Siglo XXI? España necesita una renovación, un cambio, en el que como
dijo el rey Felipe VI quepan todos y no sobre nadie. La estructura del
Estado necesita una reforma, un nuevo encaje de las principales
instituciones.
SALVADOR ARAGONÉS Vía FORUM LIBERTAS
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