21 días después de ganadas las elecciones generales de 2011, Rajoy decidió anunciar sus primeros nombramientos: los presidentes del Congreso y el Senado. No propuso a sus candidatos en esas dos cámaras en las que, dicen, reside la soberanía del pueblo, sino que su imposición de manos tuvo lugar en la sede del Partido Popular, violentando así unas reglas que, en cualquier Democracia que se precie de serlo, son sagradas. Ccon ese acto de cesarismo, Rajoy privó al Régimen del 78 de lo único que aún conservaba: las formas. Hazaña que ha vuelto a repetir en esta nueva legislatura.
Con estos antecedentes, a nadie extrañó el viernes que Rajoy hubiera ido aún más lejos al utilizar a la institución de la Corona para sortear un debate de investidura que, a buen seguro, habría sido su epitafio. Una vez el rey le propuso –según dicen– que pasara por el trance de una investidura fallida, que Rajoy se negara a beber de ese cáliz, dejando claro que ya podía Felipe VI disponer lo que quisera, que él haría lo que mejor le pareciera, no sería más que otra vuelta de tuerca en el menosprecio de las instituciones.
Hay quien apunta que habría sido el propio Rey quien habría insinuado que Rajoy corriera el turno
Intrigas palaciegas
Sin embargo, sobre lo sucedido las versiones son contradictorias. Hay quien apunta que habría sido el propio Rey quien, ante la intempestiva oferta de Podemos de investir a Pedro Sánchez de presidente florero, habría insinuado que Rajoy corriera el turno y esperara a ver si el líder del PSOE se volaba el pie o la cabeza. Versión que, por un lado, exoneraría a Mariano de haber hecho un uso partidista de la institución de la Corona y, por otro, convertiría a Felipe VI en algo más que un ornamento. Y es que, en algunos mentideros, hace tiempo que corre la especie que, de consumarse la alianza de izquierdas, uno de los objetivos sería liquidar la monarquía, lo que podría haber animado al rey a mover pieza. Demasiado enrevesado, cierto. Pero tal y como están las cosas por la Corte, nada es ya inverosímil.
De lo que sí podemos estar seguros es que el miedo a lo que pudiera venir después de Mariano sigue siendo el único producto que ofrece el PP a los votantes. “Si Mariano cae, caemos todos” es el discurso. En realidad, el panorama es aún más sórdido, porque al miedo que azuzan unos hay que sumar la ira y la revancha que otros alimentan. El caso es que el “núcleo irradiador” de la política española sólo emite malas vibraciones: ni un solo sentimiento positivo. Y así es muy difícil que una sociedad levante cabeza. Sea como fuere, que Rajoy salve su pellejo, bien sea usando como pretexto la alargada sombra de Iglesias o usando la Corona, es mero tactismo. Y conviene recordar que, en su día, también en Venezuela los viejos políticos jugaron a lo mismo. Y se los comieron por los pies los que venían enarbolando la bandera de la “justicia”.
¿Un gobierno de coalición?, ¿para qué exactamente?
Pese a todo, supongamos que Mariano Rajoy obrara movido por el altruismo, que de verdad estuviera más preocupado por España que por sí mismo, y lograra convencer a Sánchez para formar una alianza dejando fuera de juego a Pablo Iglesias. ¿Cuáles serían las reformas que esa milagrosa unión temporal de empresas traería consigo?
Huele sospechosamente a una independencia de Cataluña por la vía de los hechos
Desde el PP aluden a una reedición de los Pactos de la Moncloa, lo cual puede servir para confeccionar un titular llamativo. Pero hechos son amores y no buenas razones. Y lo que se ha filtrado es una serie de puntos relacionados en su mayoría con la política ordinaria. En política constitucional, que es donde se encuentra el nudo gordiano de la crisis institucional española, apenas habría un par de reformas, tal vez la doble vuelta en las elecciones locales y la reorganización del modelo de financiación autonómico. Ambas reformas no son ni las más urgentes ni, desde luego, las importantes. Además, la segunda huele sospechosamente a una independencia de Cataluña por la vía de los hechos; es decir, de los dineros.
El resto de concesiones corresponderían a la política ordinaria: pacto de Estado para la reforma educativa, revisión de la llamada “ley mordaza” y recapitulación sobre algunos aspectos relacionados con la política fiscal y la “reforma laboral”. Y hasta ahí llegaría las concesiones “reformistas”. No parece que una reedición de los Pactos de la Moncloa tan anémica pudiera mejorar nuestra demediada democracia. Más bien al contrario, la degradación no sólo proseguiría su curso sino que, con Pablo Iglesias aprovechando la parálisis para ganar peso político, se acortarían los plazos.
A pesar de que vivimos instalados en la urgencia del fin de ciclo, los viejos partidos siguen aferrados a la política ordinaria, ese estrecho terreno de juego donde se mueven a capricho promulgando leyes y excepciones con las que favorecer discrecionalmente a grupos de interés y colectivos de todo tipo y pelaje. La corrupción, la arbitrariedad y la injusticia que socavan las instituciones, propagando de arriba abajo, y por toda España, la creencia de que, no sólo para los políticos y oligarcas, sino también para el ciudadano raso, cualquier medio es legítimo en la consecución de sus fines, no se revertirá con medidas puntuales. Menos aún con maniobras orquestales en la oscuridad más absoluta. Los discursos clientelares, o el engañoso esquema izquierda-derecha, que Pablo Iglesias se dispone a elevar al cubo reformulándolo como una confrontación total entre bloques, lejos de sacarnos del atolladero nos hundirá aún más en las arenas movedizas de la degradación política.
Quizá la degradación sin fin de los políticos españoles sea la única certidumbre con la que deban contar quienes nos prestan el dinero
Lo que España necesita es una redefinición de las reglas del juego, un cambio radical en las restricciones que modulan las decisiones políticas. Un modelo constitucional con salvaguardias que impidan al proselitista o al listo de turno dividir a la sociedad en colectivos, en grupos de ciudadanos mal encarados, y peor subvencionados, que se lanzan unos contra otros compitiendo ferozmente por un pedazo de la tarta, mientras hábilmente les vacían los bolsillos, o simplemente para cobrarse cumplida venganza por los agravios sufridos. Se suponía que este era el tiempo de la política constitucional, el momento en el que los representantes sudarían por algo más que sus intereses personales. Y sin embargo, su degradación alcanza cotas desconocidas. Quizá esa sea la única certidumbre con la que deban contar quienes nos prestan el dinero.
JAVIER BENEGAS Vía VOZ POPULI
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