Ha tenido que ser un organismo de control impuesto por la Unión Europea, laAIREF, quien venga a chafarnos los festejos post electorales que estos días se celebran con emoción sanferminera en la Carrera de San Jerónimo, al advertir que, de seguir así, vamos a reventar la caja, que el descontrol lleva camino de alcanzar los 8.000 millones del ala a causa, en particular, del “progresivo deterioro de las cuentas públicas”. Antes del 26-J, la recuperación era como la palabra de Dios, sagrada, incontrovertible. Hoy no pasa de ser una hipótesis (optimista) de trabajo.
Tan regular debemos estar que Cristóbal Montoro, olvidado ya el manual de rebajas fiscales para uso exclusivo en campaña, se ha comido otros 1.000 kilos de la alcancía de las pensiones, ha anunciado que sube del 12 al 20% el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades, y el pasado 14 de julio, vive la France, firmaba una orden ministerial, la HAP/1169/2016, por la que se prohíbe cualquier compromiso nuevo de gasto no corriente a partir del 20 de julio, “ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. O sea, que a las empresas que en buena parte viven de la inversión pública, principalmente constructoras y de ingeniería, ya les pueden ir dando. Hasta 2017, nasti de plasti, que diría Quico Homs(ahora, por cierto, concentrado en reconquistar en Madrid para la antigua Convergència el terreno perdido en Cataluña). Mejor irse a Turquía, que al parecer hay mucho que reconstruir.
Antes del 26-J, la recuperación era como la palabra de Dios; hoy no pasa de ser una hipótesis (optimista) de trabajo
Paralizar la licitación de cualquier obra pública nueva a mitad de ejercicio es una medida tan drástica, tan extraordinaria, que solo es concebible en circunstancias excepcionales; como excepcional, por alarmante, sigue siendo, se diga lo que se diga, la realidad económica de nuestro país. Eso lo sabe Bruselas y lo sabeAngela Merkel, cuya paciencia con Mariano Rajoy está a punto de caducar. Y de ahí muchas de las urgencias por formar el gobierno al que le va a tocar sacar las castañas del fuego y desbloquear los fondos europeos destinados a gasto social y empleo, en el congelador hasta que el presidente entrante asuma el compromiso de déficit.
Hasta no hace mucho había una cierta coincidencia en que la recuperación, al menos en su faceta macro, era una realidad. Hasta Pedro Sánchez llegó a reconocerlo. Pero en estos meses, la política -mejor dicho, la no política- ha hecho descarrilar el tren de la economía. Por falta de frenos, pero también por exceso de cortoplacismo. Ya no es que el vaso de la paciencia ciudadana esté a punto de rebosar. Ni siquiera que el prestigio-país se deteriore cada vez que alguno de nuestros ilustres representantes se mira insistentemente el ombligo. Se trata de pura necesidad. De frenar un deterioro tan palpable que hasta los telediarios se han caído del guindo. De que alguien se eche a la espalda de una vez la responsabilidad de ir con la verdad por delante y el compromiso de hacer planes a medio y largo plazo. Por ejemplo en materia de pensiones.
Al igual que con la presidencia de la Cortes, conviene abrir cuanto antes la negociación de los nombres
Por cierto, como ya empiezan a filtrarse nombres de posibles ministros, me permito una petición final: ¿Sería posible, por una vez, que entre los elegidos no hubiera nadie de quien avergonzarse? No me refiero a posteriori, sino avergonzarse de entrada. Entiendo la dificultad de prevenir el choriceo vocacional o sobrevenido; no así contribuir a la infravaloración de tan sobresaliente puesto obsequiando con una cartera la lealtad perruna y la incompetencia. Y como lo veo venir, voy a poner un ejemplo pretérito para ilustrar mis preocupaciones.
En octubre de 2010 Rodríguez Zapatero nombró a Leire Pajín ministra de Sanidad. No tomó esa decisión porque pensara que la donostiarra fuera la idónea para el puesto, sino con el fin de solventar un problema interno que tenía que ver con el escaso éxito de Pajín -por así llamarlo- como secretaria de Organización del PSOE. De este modo, le hizo un flaco favor a la nombrada y menospreció a los españoles.
No está el país para ocurrencias zapateriles. Antes se decía que un ministro era un bien de Estado. Creo que, de hecho, así está considerado en términos jurídicos. Quizá no sea para tanto, pero convendría recuperar los niveles de autoridad moral del cargo. No hay un Gobierno A y un Gobierno B, siendo el A el que de verdad manda y el B el destinado a recompensar fidelidades ciegas. O no debiera haber tal diferencia.
No debiera admitirse que se premie con una cartera ministerial la lealtad perruna y la incompetencia
Rajoy va a tener de nuevo la oportunidad de enviar una señal de que se ha creído eso de la regeneración y de paso contribuir a que el sistema recupere algunos gramos de prestigio. Podemos estar de acuerdo en que, en una negociación, por delante de los sillones hay que colocar los programas. Pero son los titulares de aquellos los que aportarán la credibilidad necesaria, o lo contrario, a cualquier proyecto, máxime si se pretende reformador. Por eso, como en el caso de la presidencia de la Cortes, también conviene abrir cuanto antes, y así evitar la política de los hechos consumados, la negociación de los nombres.
AGUSTÍN VALLADOLID Vía VOZ PÓPULI
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