La inestabilidad política que está viviendo España como consecuencia de un sistema electoral inservible para cumplir su principal función: formar gobiernos estables, puede ser una buena ocasión para dar un serio paso adelante en la mejora de nuestra calidad institucional.
La inestabilidad política no podrá evitarse mientras no cambien mucho las cosas en próximas elecciones
La inestabilidad política siendo indudablemente negativa no podrá evitarse mientras no cambien mucho las cosas en próximas elecciones, lo que no es probable a corto plazo, o se cambie el sistema electoral, algo tan imprescindible como casi imposible de afrontar en las condiciones políticas actuales. El resto de reformas constitucionales que cabría hacer también necesitarán de unas condiciones de estabilidad y normalización políticas que están lejos de producirse.
Mientras tanto España necesita un gobierno, que aunque le pueda costar aprobar nuevas leyes en el parlamento, esté en condiciones de conducir la economía por la mejor senda posible; la del máximo crecimiento económico y del empleo.
Para conseguir tal indiscutible propósito es imprescindible conducirse con seriedad y rigor en el manejo de las cuentas y las políticas públicas, algo que si en condiciones de normalidad política –gobiernos con mayoría parlamentaria- no siempre funciona, con gobiernos en minoría parlamentaria es mucho menos probable que suceda.
En la última década los gobiernos nos han situado con sus decisiones al borde de la intervención extranjera y vigilados por los mercados
Por otra parte, en la última década los gobiernos –muy particularmente el de Zapatero- nos han situado con sus decisiones, primero al borde de la intervención extranjera de nuestra economía y ahora, librados por lo justo de tamaña afrenta, vigilados por los mercados y las instituciones europeas como consecuencia de nuestros desequilibrios presupuestarios, carencia de ahorro interno y una colosal deuda pública.
Por diversas circunstancias históricas, que han conllevado a que la mayoría de los españoles confíen más en el Estado que en sí mismos, la escasa experiencia democrática española quizás por ser reciente ha sido asumida en buena parte como una especie de panacea universal que casi todo resuelve, amén de mecanismo de validación –con razón o sin ella- de cualquier aspiración social que pueda imaginarse.
Esta concepción taumatúrgica de la democracia conlleva a que en los procesos electorales los candidatos traten de agradar a sus posibles votantes con ofertas, muchas veces sin sentido o incluso disparatadas, de suerte que la mayor parte de las veces no reparan ni en su verdadera utilidad y casi nunca en su factibilidad financiera.
Ciertos políticos llegan aún más lejos al querer incorporar a la Constitución nuevos derechos sociales que implican elevados –y muchas veces imposibles de financiar- costes económicos como verdaderas “cartas a los reyes magos”.
En una economía globalizada e integrados como estamos en la EU y el sistema monetario del Euro, las cartas a los reyes magos se terminan enfrentando muy pronto a la realidad de los hechos económicos, con las consabidas consecuencias: véase, si no, el caso actual de Grecia.
En países democráticamente mas maduros y menos aficionados a “escribir cartas a los reyes magos” el sistema democrático permite conducir la economía por la senda del crecimiento sin descarrilar por la vía de los excesos y los desequilibrios macroeconómicos para beneficio de la sociedad toda. De este modo la riqueza y los beneficios sociales derivados de ella –no antepuestos- evolucionan progresivamente sin caer en recesiones ni vueltas atrás como en la España contemporánea.
Como consecuencia de los desmanes de la política económica del pasado España no recuperará ni su renta per cápita ni el PIB de 2008 hasta 2017
Como consecuencia de los desmanes de la política económica del pasado España no recuperará ni su renta per cápita ni el PIB de 2008 hasta 2017. Un exceso de voluntaristas y muy democráticas políticas sociales han terminado por conseguir lo contrario que pretendían: detener el progreso económico y social de los españoles, y en especial, de los menos favorecidos.
Para Manuel Conthe –“Expansión”, 29.12.15-: “una sociedad incapaz de eliminar, tras un plazo razonable, un déficit presupuestario estructural y de casar el nivel estructural de gastos con el de ingresos es una democracia fallida que, incapaz de conciliar los deseos de los beneficiarios del gasto público con los de los contribuyentes, se asemeja a un drogodependiente que precisa con urgencia nuevas dosis de deuda. No confundamos un legítimo keynesiano anticíclico con la deudodependencia” .
Visto que en nuestra democracia los políticos no son capaces de afrontar la realidad ni hablar claro a los electores ni éstos reparan mayormente en la seriedad y solvencia de las propuestas y decisiones de aquellos, Manuel Conthe sostiene –desde hace tiempo- la necesidad de que “existan instituciones y cargos públicos no electivos que tengan encomendadas funciones parecidas a las que Miguel Sebastián atribuye a sus agencias”.
Efectivamente, Miguel Sebastián en su libro “La falsa bonanza” plantea la necesidad de mejorar la calidad institucional mediante agencias independientes de dimensión nacional -adscritas al Parlamento- que eviten los excesos de nuestra democracia:
- Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, para realizar auditorías de calidad de políticas y de servicios públicos e informes vinculantes sobre proyectos de inversión en infraestructuras.
- Autoridad Fiscal Independiente, para garantizar el cumplimiento de los programas de estabilidad a nivel nacional y autonómico y evaluar las reformas fiscales con dictámenes vinculantes.
- Agencia Estatal de Innovación que integre los dispersos organismos y recursos públicos destinados a la I+D+i.
- Unidad de Vigilancia de la Estabilidad Macroeconómica que prevea los desequilibrios tan pronto se produzcan.
A dichas instituciones sería imperativo añadir al menos otra:
- Autoridad competente – quizás dependiente del Senado- para garantizar el mercado único nacional así como la viabilidad y eficiencia del Estado de Bienestar: sanidad, educación, desempleo y pensiones.
Ni que decir tiene que los miembros de tales agencias deberían ser seleccionados con criterios estrictamente profesionales y estar adecuadamente remunerados, además de tener garantizada la independencia en el ejercicio de sus funciones.
Las instituciones no electivas que se acaban de describir mejorarían nuestra calidad institucional
Vista la experiencia reciente, en la que los excesos voluntaristas –muy democráticos, por cierto- de la política conllevaron a una grave crisis que no se quiso ver y que luego comenzó a resolverse tarde y mas lentamente que en los demás países desarrollados, las instituciones no electivas que se acaban de describir mejorarían nuestra calidad institucional, que tanta falta nos hace.
Es de suponer que los partidos declaradamente populistas no estarían interesados en la discusión de una propuesta de evidente mejora de la calidad institucional como la planteada, pero ¿qué objeciones pueden oponer el PP, PSOE y Ciudadanos a tan pragmática como útil manera de gestionar mejor España?; otra cosa es que en el debate –“con luz y taquígrafos”- del diseño y puesta en funcionamiento de las nuevas instituciones no electivas surjan discrepancias perfectamente manejables para alcanzar un consenso.
JESÚS BANEGAS Presidente del Foro de la Sociedad Civil
Vía VOZ PÓPULI
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